Alberta celebrará un referéndum para decidir si la provincia debe seguir perteneciendo a Canadá o avanzar con una segunda votación vinculante sobre su separación, que, de llevarse a cabo marcaría la primera prueba significativa de la unidad del país en décadas.
El anuncio del jueves, realizado por la primera ministra de Alberta, Danielle Smith, llega después de que una petición ciudadana a favor de la separación reuniera más de 300.000 firmas, a principios de este año, y que otra solicitud que aboga por la permanencia de Alberta reuniera más de 400.000.
Un movimiento independentista ha ido creciendo en esta provincia rica en petróleo, basado en el sentimiento de larga data de que Alberta es ignorada por quienes toman decisiones en Ottawa.
Aun así, las encuestas de opinión sugieren que la mayoría de los habitantes de Alberta votarían en contra de la separación.
El referéndum provincial está programado para el 19 de octubre, dijo Smith.
En un discurso televisado, la funcionaria señaló que la pregunta que se les planteará a los albertanos será: "¿Debería Alberta seguir siendo una provincia de Canadá o debería el Gobierno de Alberta iniciar el proceso legal requerido por la Constitución canadiense para celebrar un referéndum provincial vinculante sobre si Alberta debe separarse o no de Canadá?"
La primera ministra dijo que ella misma votará a favor de que Alberta siga formando parte de Canadá. "Así es como yo votaría sobre la separación en un referéndum provincial", dijo, añadiendo que "también es la posición de mi gobierno y mi grupo parlamentario."
Sin embargo, dijo que está "profundamente preocupada" por una decisión judicial en la que una juez de Alberta desestimó una petición que solicitaba un referéndum sobre la separación después de que grupos indígenas argumentaran que no fueron consultados adecuadamente, lo que vulneraba sus derechos.
Eso detuvo la verificación de las firmas de la petición, dejando la posibilidad de un referéndum en un limbo.
"Como primera ministra, no permitiré que un error legal de una sola jueza silencie las voces de cientos de miles de habitantes de Alberta", dijo Smith el jueves.
"El futuro de Alberta lo decidirán los habitantes de Alberta, no los tribunales."
"Posponer el problema solo prolonga un debate muy emotivo e importante, y silenciar las voces de cientos de miles de albertanos que quieren ser escuchados es injustificable en una sociedad libre y democrática."
Presión
Smith ha enfrentado meses de presión por parte de los separatistas de Alberta para que se coloque la pregunta en la papeleta.
No es la primera vez que la unidad de Canadá ha estado bajo tensión.
Quebec ha votado dos veces en contra de la independencia, la última vez en 1995 que terminó con un modesto 50,58% frente a 49,22%.
El país estableció reglas para la separación tras esas consultas.
Incluso si el lado de Alberta que quiere "salirse" resultara exitoso en octubre, queda un camino largo e incierto por delante.
A principios de mayo, el primer ministro Mark Carney dijo que cualquier intento de separación de la provincia debía cumplir las normas establecidas por la Ley de Claridad (Clarity Act), la ley de 26 años promulgada tras el referéndum de Quebec de 1995.
Un posible segundo referéndum vinculante sobre la independencia de Alberta tendría que seguir las normas establecidas en esa ley en específico, incluyendo que una "mayoría clara" de votantes debe estar a favor, que el lenguaje de la pregunta del referéndum de independencia sea claro, con supervisión de la Cámara de los Comunes federal.
Si se cumplen esas condiciones, Alberta entraría en negociaciones de separación difíciles y probablemente largas con el gobierno federal sobre los términos del divorcio.
Decisión judicial
El 13 de mayo, una jueza canadiense desestimó una petición para llevar a cabo un referéndum de independencia en de Alberta después de que grupos indígenas argumentaran que infringiría sus derechos derivados de los tratados firmados en el s. XIX entre las Primeras Naciones y la Corona británica.
El fallo de 37 páginas, emitido en un tribunal de Edmonton por la jueza Shaina Leonard, fue visto como un duro golpe para las aspiraciones separatistas en la provincia occidental del país.
El dictamen surgió después de que Stay Free Alberta, el grupo impulsor de la petición ciudadana a favor de la independencia de Alberta, la provincia más rica de Canadá, anunciara que había reunido más de 300.000 firmas, suficientes para convocar un referéndum provincial.
La jueza Leonard había suspendido la verificación de dichas firmas a la espera de su decisión sobre la impugnación legal presentada por las Primeras Naciones.
En su fallo, la jueza Leonard determinó que no se consultó a las Primeras Naciones Athabasca Chipewyan, Blood Tribe, Piikani Nation y Siksika Nation.
La jueza argumentó que "desde un punto de vista lógico y de sentido común, no cabe duda de que la secesión de Alberta de Canadá tendrá un impacto" en dos tratados firmados en el siglo XIX con los pueblos de las Primeras Naciones y la Corona (británica).
Agregó que, a pesar del claro impacto que tendría la separación, "no se llevó a cabo ninguna consulta", escribió Leonard. "Alberta incumplió su deber de consultar con los demandantes".
Jeff Rath, abogado de Stay Free Alberta, declaró tras conocerse ese fallo: "Discrepamos fundamentalmente con la decisión, que a simple vista parece violar los principios de justicia natural y contiene numerosos errores de derecho".
Un abogado de la Primera Nación Athabasca Chipewyan elogió el fallo como "una victoria significativa para el estado de derecho y la protección de los derechos constitucionales en Alberta".
"La decisión de la jueza Leonard deja claro que fue ilegal ignorar las conclusiones sobre el impacto en las Primeras Naciones y no consultarlas antes de dar este paso arriesgado de celebrar un referéndum", afirmó Kevin Hille.
En declaraciones a la BBC, Hille añadió que el dictamen "dejó claro que es necesario consultar y dialogar antes de algo tan trascendental y peligroso como un referéndum de independencia".
"Una frontera internacional destruiría su modo de vida", afirmó, y agregó que "no podrían seguir viviendo como lo han hecho durante los últimos 7.000 años".
Según la legislación canadiense, existe la obligación de consultar con los pueblos indígenas cuando el gobierno considera acciones que podrían vulnerar sus derechos ancestrales o derivados de tratados. La ley también exige que la consulta sea significativa y se realice de buena fe.
El mismo 13 de mayo, Smith había declarado a la prensa que su gobierno estaba revisando la decisión.
"Creemos que ha habido un error de derecho y lo apelaremos", afirmó, y añadió que planeaba discutir el fallo con su gabinete y su bancada.
El gobierno de Alberta modificó recientemente sus leyes para eliminar el requisito de constitucionalidad para los referendos convocados por los ciudadanos.
"Debemos permitir que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones sobre cualquier tema", señaló Smith.
Un provincia rica en recursos naturales
Alberta, una provincia en el occidente de Canadá con una extensión de 661.848 km² y casi cinco millones de habitantes, es la cuarta más poblada del país después de Ontario, Quebec y Columbia Británica.
Es un territorio de enormes recursos naturales que contribuyen a la economía local y nacional, pero que compiten entre ellos mismos.
Por una parte están las Montañas Rocosas en el oeste de la provincia, con espectaculares paisajes montañosos, ríos, lagos y parques nacionales de la región que están protegidos y atraen el turismo ecológico y generan ingresos.
Pero también está la Cuenca Sedimentaria Occidental, un área geológica que cubre la mayoría de la provincia y es rica en yacimientos de carbón, petróleo y gas que han sido muy explotados, particularmente las arenas bituminosas en el norte mediante perforación y el esquisto mediante el fracking.
Según The Canadian Encyclopedia, Alberta es el mayor productor de crudo de Canadá y en 2020, la provincia produjo 3,79 millones de barriles diarios de crudo.
Pero existen preocupaciones medioambientales y sanitarias relacionadas con la extracción de combustibles fósiles en la provincia.
Muchas personas manifiestan serias inquietudes sobre la contaminación del agua y las tierras, las emisiones de gases de efecto invernadero y sus efectos en general sobre la salud.
La infraestructura petrolífera y gasífera también amenaza las fuentes de alimento silvestre de las comunidades de las Primeras Naciones indígenas.
El enfado con Ottawa lleva tiempo gestándose en la provincia occidental, en particular en torno a sus reservas naturales, con unos albertanos creyendo que el gobierno federal, particularmente bajo los liberales, ha obstaculizado la industria del petróleo y el gas de la provincia en favor de una legislación pro clima.
Aunque anteriormente la situación estaba en la periferia de la política, la posibilidad de una crisis de la unidad del país se ha vuelto más probable en el último año.
Sin embargo, los sondeos señalan que los albertanos votarían en contra de la separación de Canadá, con más o menos un 25% a favor, según una encuesta realizada en febrero por la firma canadiense Abacus Data.
Una solicitud ciudadana opositora -Forever Canadian- lanzada en contra de la separación recibió 450.000 firmas y actualmente se encuentra ante un comité que decidirá su futuro.
Los proponentes de la separación sostienen que una Alberta independiente liberaría los recursos y mantendría la riqueza de la provincia.
Los miembros del movimiento también se han reunido con representantes del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.
Jeff Rath, uno de los organizadores y abogado que recomienda la independencia de Alberta, manifestó a la BBC en enero que las reuniones fueron para discutir "un estudio de viabilidad" de una posible línea de crédito de US$500.000 millones en caso de que la provincia se separara, pero añadió que su grupo no estaba solicitando financiación de EE.UU.
*Con información de los periodistas de la BBC Nadine Yousif y Sareen Habeshian
Esta nota fue actualizada para reflejar el anuncio de que Alberta celebrará un referéndum sobre si la provincia debe permanecer en Canadá o si seguir adelante con una segunda votación vinculante sobre la separación.
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