Los niños jugaban mientras sus padres charlaban en el parque. "¡Papi, mira qué chévere!", dijo el más grande dando vueltas en su triciclo. Cuando les pregunté si eran venezolanos, ella apretó los labios, él negó con la cabeza y juntos me miraron con espanto.
Me acerqué a ellos para saber qué pensaban sobre la amenaza de ataques militares estadounidenses contra Venezuela. Pero aquella pregunta podía interpretarse como si los estuviera señalando por ser venezolanos, en medio de las redadas de deportación del gobierno de Donald Trump y las amenazas de revisar los permisos de residencia de los migrantes que viven en EE.UU.
Estábamos en Doral, la ciudad del sur de Florida que alberga a la mayor comunidad de venezolanos en Estados Unidos.
El hombre se levantó de un salto, alzó al niño por la cintura y el triciclo quedó tumbado en el suelo. Ella se apresuró a recoger los juguetes de la más pequeña.
Meses atrás, a mediados de año, entrevisté a una decena de venezolanos que vivían en Doral. Todos habían pedido anonimato por temor a las autoridades migratorias, luego de que el gobierno de Trump eliminara mecanismos que protegían de la deportación a más de un millón de ciudadanos venezolanos y de otras nacionalidades.
En las últimas semanas, el foco de la Casa Blanca se ha centrado todavía más en Venezuela.
Como parte de lo que el gobierno de Trump describe como una ofensiva contra el narcotráfico, Estados Unidos movilizó en el mar Caribe a 15.000 efectivos y varios buques de guerra, entre ellos el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo.
La Casa Blanca también ofrece una recompensa de US$50 millones por la captura del presidente Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar el Cartel de los Soles.
Este presunto grupo criminal fue clasificado recientemente por Washington como una "organización terrorista extranjera", lo que otorga más poderes a las fuerzas militares estadounidenses para atacarla.
Sin embargo, las autoridades venezolanas niegan cualquier conexión con actividades ilícitas y aseguran que el gobierno de Trump busca derrocar a Maduro.
Debido a la tensión entre ambos países, conocer las opiniones de los venezolanos que viven en Doral sobre lo que está sucediendo es cada día día más difícil.
"Esto es muy complicado"
Junto a mi compañero de video, iniciamos la búsqueda de testimonios en un conocido restaurante de comida venezolana, pero la encargada nos ahuyentó para evitar "molestias" a los clientes.
Sugirió que abordáramos a la gente en la calle, aunque Doral comparte el mismo rasgo que otras ciudades del área metropolitana de Miami: no hay peatones porque todos se mueven en auto.
Probamos esta fórmula en un parque del centro de Doral, pero la reacción de la primera pareja se repitió con algunas variantes. Un hombre negó ser venezolano aunque su acento lo delataba, mientras que otro se llevó las manos a la cabeza de tan sólo pensar que Venezuela pueda ser atacada.
"No, esto es muy complicado", dijo levantándose a toda prisa del banco donde esperaba el autobús. "Mi familia está allá, imagínate, ¿qué te puedo decir? No quiero ni pensarlo".
En los últimos días, seis aerolíneas internacionales cancelaron sus vuelos hacia y desde Venezuela debido al riesgo de sobrevolar el espacio aéreo del país por la actividad militar estadounidense.
En respuesta a esta decisión, el gobierno de Maduro revocó los derechos de tráfico de Iberia, TAP Portugal, Avianca, Latam Airlines Colombia, Turkish Airlines y Gol, por considerar que se habría sumado a "acciones de terrorismo de Estado promovidas por el gobierno de Estados Unidos".
"Apretados por aquí y por allá"
Para tratar de encontrar a venezolanos que estuvieran dispuestos a hablar, nos plantamos a las puertas de un supermercado.
Mientras empujaba el carrito de la compra en el que su hijo jugaba a ser un agente de policía, una mujer joven aseguró que le encantaría compartir su opinión, pero no era posible.
"Aquí estoy involucrada en actividades políticas y allá tengo a mi familia", dijo en medio de los gritos de su hijo, quien nos ordenaba quedarnos quietas. "Si no tuviera a mi hermana en Venezuela, con gusto te hablaría".
A inicios de noviembre, más de 800 personas permanecían detenidas por motivos políticos en Venezuela, según el monitoreo de la ONG de defensa de derechos humanos Foro Penal.
Esta organización calcula que 18.639 personas han sido detenidas arbitrariamente desde 2014, cuando ocurrió el primer ciclo de protestas violentas contra el gobierno de Maduro, que acumula 12 años en el poder.
"Estamos apretados por aquí y por allá", matizó la mujer con una media sonrisa, atenta a impedir que su hijo saltara del carrito.
El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, prometió que el gobierno venezolano buscaría a cualquiera que respaldara una invasión desde Estados Unidos.
"Si alguien decide pedir invasiones contra nuestro país, inmediatamente está asumiendo que se autoexcluye de sus obligaciones como venezolano", dijo hace varias semanas.
"El Estado se reserva las acciones que tenga a bien ejercer".
"Estamos en ascuas"
Antes de entrar en el supermercado, una señora de cabello canoso se negó a dar opiniones en cámara.
"Ay mijita, qué vamos a saber, estamos en ascuas", respondió. "¿Qué quieres que te diga? Esto es una mierda".
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo en octubre que los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en El Caribe y el Pacífico son "inaceptables" y deben responder a las leyes internacionales que regulan el uso de la fuerza letal.
Hasta el momento más de 80 personas han muerto en esos ataques.
Türk también se mostró preocupado por el "deterioro de la situación de los derechos humanos" en Venezuela, por lo cual fue declarado persona non grata por el Parlamento en Caracas.
En los meses siguientes a las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que Maduro fue proclamado ganador pese a las denuncias de fraude de la oposición, 2.200 personas fueron detenidas en medio de las protestas contra los resultados.
Un joven de 17 años llamado Ángel Gabriel González cumplió más de un año en prisión tras haber sido acusado de participar en los ataques contra una estatua del expresidente Hugo Chávez en La Guaira, al norte de Venezuela, durante las manifestaciones que siguieron a los comicios.
Hace unos días, la doctora Marggie Orozco fue condenada a 30 años de cárcel, la pena máxima que las leyes venezolanas imponen a delitos como homicidio, secuestro y violación, por criticar a Maduro en un audio de WhatsApp.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, que investiga violaciones graves a los derechos humanos en Venezuela, ha advertido que la "persecución por motivos políticos" se intensificó en el país después de las elecciones, incluida la detención de menores de edad.
Bajo la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, cualquier persona en Venezuela que "fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia" puede ser detenida y juzgada.
"No creo que pase nada"
La siguiente compradora que entró en el supermercado en Doral también era venezolana. Cuando le pregunté sus impresiones sobre la situación, se quedó inmóvil y en silencio.
"No sabemos nada… Mi familia está allá… No sé, no puedo decir nada".
El único que accedió a conversar fue Oscar, un hombre venezolano de 93 años que tiene dos décadas viviendo en Estados Unidos.
"Yo no creo que pase nada", dijo mientras recuperaba el aliento después de caminar desde el auto hasta la entrada del supermercado. "Mi hermana vive en Venezuela y su única preocupación es conseguir dinero para comer".
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