El endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos impulsado por el presidente Donald Trump no solo pone en apuros a muchos extranjeros en el país.
Muchas empresas estadounidenses tienen ahora más problemas para encontrar trabajadores, por lo que su negocio se resiente.
E intentan convencer al presidente para que rectifique.
Trump prometió en la campaña llevar a cabo la "mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos" y el miedo a ser arrestado ha hecho que muchos tengan miedo a salir de casa para ir al trabajo.
Pero en medio de titulares sobre extranjeros deportados a cárceles en El Salvador y denuncias de que el gobierno está deportando o negando el acceso al país a personas con los documentos en regla, se extiende entre las empresas la incertidumbre sobre qué piensa hacer el gobierno de Trump con los programas que encauzan la inmigración legal, de las que muchas dependen.
El presidente ha asegurado que quiere permitir la inmigración legal a Estados Unidos, pero su gobierno parece mucho más volcado en los arrestos y deportaciones que en abrir y poner orden en las vías legales de inmigración o regularizar a los más de ocho millones de indocumentados que se estima que trabajan en el país.
El problema es real y acuciante para muchas empresas.
"Tenemos alrededor de 1,7 millones de puestos sin cubrir y los empleadores están preocupados por una escasez de mano de obra que empuja al alza la inflación para las familias estadounidenses", le dijo a BBC Mundo Rebecca Shi, de la Coalición Estadounidense de Empresas por la Inmigración (ABIC, por sus siglas en inglés), una asociación que aboga por la reforma de las leyes migratorias estadounidenses.
La asociación de Shi lleva a cabo una labor de cabildeo para lograr lo que denomina "una política migratoria sensata".
Sus miembros se reunieron en Washington el pasado marzo con el objetivo de hacer que su voz se escuche entre los miembros del Congreso.
El presidente de la ABIC, Bob Worsley, es el dueño de una empresa de construcción de Arizona que sufre con frecuencia el problema de la falta de trabajadores y en 2012 ganó un asiento en la legislatura estatal por el Partido Republicano, el mismo del presidente Trump.
Worsley y otros empresarios que trabajan con él creen que, más que deportaciones, Estados Unidos y sus compañías necesitan una política migratoria que garantice vías ordenadas para la inmigración legal.
"Esto es como una presa en la que el agua va a encontrar por dónde pasar por pura fuerza. Puedes asegurar la frontera, pero si no solucionas el tema de la inmigración de modo que la gente pueda venir legalmente, va a suceder de nuevo", le dijo al diario "The New York Times".
Pero una reforma migratoria en profundidad es un asunto que lleva años postergado por la incapacidad de demócratas y republicanos para llegar a acuerdos, y no hay indicios de que sea una de las prioridades de Trump.
Para algunos negocios, la política migratoria del presidente se ha convertido en un problema casi diario.
"Las redadas de los agentes de Inmigración son frecuentes en mi zona y sé que cuando hay una mis empleados no van a aparecer porque se van a quedar en casa protegiendo a sus familias", le dijo a BBC Mundo Manolo Betancur, un colombiano nacionalizado estadounidense que compró hace años una pequeña panadería latina en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, y ya tiene cuatro locales y 70 trabajadores, todos inmigrantes.
El primero de sus negocios se ubica en la zona de la Central Avenue de Charlotte, una de las más céntricas y diversas de la ciudad, y habitual objetivo de los operativos de ICE, la agencia federal encargada de hacer cumplir las leyes migratorias.
Manolo trata de persuadir a las autoridades locales para que alcen la voz ante las políticas del gobierno federal.
"Nuestros políticos creen que solo se están llevando a los criminales y eso es una gran mentira", dice, y señala al clima que se ha creado desde que Trump recuperó la presidencia.
"Nuestros propios líderes tienen miedo de ir contra el gobierno", denuncia.
El caso de Manolo’s Bakery no es excepcional.
"Los empleadores nos cuentan que sus empleados extranjeros están preocupados porque muchos trabajan con permisos de trabajo de programas legales que están a punto de expirar y la incertidumbre de no saber qué va a pasar con ellos les está causando mucho estrés", asegura Shi.
"En colaboración con sus colegas estadounidenses, aportan un trabajo especializado que no resulta fácil de cubrir".
Aunque a juzgar por las estadísticas disponibles, el ritmo de las deportaciones ha sido hasta ahora solo ligeramente superior al de los últimos meses del gobierno de Joe Biden, el que preside Trump ha ordenado poner fin a algunos de los programas de protección temporal que permitían trabajar legalmente a inmigrantes llegados en los últimos años.
Indispensables en sectores críticos
Sectores críticos como la agricultura o los cuidados médicos han visto cómo perdían trabajadores por temor a ser detenidos en sus labores.
Según los datos de ABIC, en torno a un 40% de los empleados en atención sanitaria en Estados Unidos son nacidos en el extranjero, una cifra que se dispara hasta el 73% en el caso de los trabajadores agrícolas.
La hostelería es otro sector que emplea a gran cantidad de extranjeros y una encuesta realizada en 2024 entre empresas hoteleras arrojó que un 67% no podía encontrar los trabajadores que necesitaba.
"Sabemos que los problemas se van a agudizar a medida que se acerque la época de las cosechas y la temporada alta del turismo", indica Shi.
Más trabajo de los menores
La escasez ha llevado a que varios estados aprueben medidas que relajan las restricciones al trabajo de los menores.
Ohio ha rebajado la edad a la que los empleados pueden servir alcohol, para que los menores puedan cubrir el hueco en bares y restaurantes; Iowa permite que los menores hagan trabajos que antes se consideraban peligrosos o poco recomendables para ellos, como los de demolición o la fabricación de ladrillos; mientras que la legislatura de Florida debate una ley que rebaja los límites al trabajo de los escolares y de ser aprobada lo permitiría a partir de los 14 años.
Para Shi, las consecuencias son graves para la economía, pero no se limitan a eso.
"Estados Unidos se ha convertido en un importador neto de alimentos. Si no producimos alimentos suficientes, eso es un problema de seguridad nacional", comenta.
Incertidumbre sobre el plan del gobierno
Algunos de los estados más afectados son los más volcados en la agricultura, como California o Florida, que recurren cada año a miles de extranjeros con visas de trabajador temporal, las H-2A y H-2b, cuyo futuro no ha garantizado el gobierno.
El gobierno de Trump no ha confirmado si los empleadores podrán seguir acogiéndose a estos programas para cubrir los puestos que rechazan los locales, pero el Proyecto 2025, una propuesta de plan de gobierno elaborada por un grupo conservador, aboga por restringir estos programas para reducir la inmigración.
BBC Mundo no obtuvo respuesta a una solicitud de información sobre el tema enviada a la Casa Blanca.
Trump se desmarcó del Proyecto 2025 en la campaña, pero sus críticos señalan que como presidente lo está siguiendo.
Más allá de su promesa de las deportaciones, de su polémico acuerdo con el gobierno de El Salvador para enviar allí extranjeros expulsados de Estados Unidos y del fin de los programas temporales de protección, la política migratoria de Trump es aún una incógnita.
El presidente y los miembros de su gobierno insisten en que Estados Unidos sufre una "invasión" de "criminales extranjeros", pero las estadísticas muestran que las entradas irregulares en Estados Unidos venían descendiendo significativamente en los últimos meses de la presidencia de Biden y se han reducido al mínimo con el regreso de Trump a la Casa Blanca.
"Ahora que se ha logrado asegurar la frontera, lo que debería hacerse es asegurar que haya mano de obra suficiente", aboga Shi.
Los estudios cuestionan también la criminalización de la población extranjera. Uno actualizado recientemente por la Asociación Estadounidense de Sociología concluyó que las ciudades con una mayor población inmigrante tienden a tener índices de criminalidad más bajos.
Uno de sus autores, Ramiro Martinez, de la Northeastern University, aseguró que "las comunidades, ciudades y condados con más inmigrantes tienen menos homicidios y violencia".
Otro estudio de Anthony Peguero centrado en escuelas estadounidenses ubicadas en zonas violentas mostró que los inmigrantes indocumentados cometen menos delitos que los nativos.
Con estos datos, Shi cree que "es el momento de reconocer la aportación vital de los extranjeros a la economía y abrir vías para que puedan permanecer legalmente en el país".
Manolo Betancur, un extranjero que logró prosperar y obtener la ciudadanía, cree que su historia muestra el valor de los migrantes para un país que ya es el suyo.
Llegó de Colombia huyendo del conflicto que asolaba a su país y emprendió un negocio familiar que creció y ahora da trabajo a decenas de personas.
"A uno le da miedo decir determinadas cosas en estos tiempos, pero Estados Unidos colapsaría sin los inmigrantes".
"Más que deportaciones, lo que necesitan este país y sus empresas es una reforma migratoria", concluye.
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