Guatemala reforzó este lunes la vigilancia en las cárceles y en sus fronteras con México y Honduras tras la fuga de 20 pandilleros presos considerados "de alta peligrosidad", un hecho calificado como "inaceptable" por Estados Unidos.
Las autoridades informaron de la evasión de miembros del Barrio 18 el domingo, aunque sin aclarar la fecha en la que tuvo lugar, en medio del aumento de homicidios que se registran en el país.
"Esta operación no es sólo nacional (…). Hemos activado los mecanismos de cooperación internacional, coordinación directa con Interpol y comunicación con autoridades del Salvador, Honduras y México", dijo este lunes el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en rueda de prensa.
El ministro explicó que, como parte de la operación de búsqueda, se redobló la vigilancia en las fronteras terrestres y se desplegaron agentes para custodiar los perímetros de las prisiones del país.
También informó que, como resultado del operativo, este mismo lunes se recapturó a uno de los "cabecillas más importantes" fugados de la cárcel Fraijanes II, situada en un poblado aledaño a la capital, Ciudad de Guatemala.
Se trata, según dijo, de Byron Fajardo Revolorio, de 40 años, quien estaba preso desde el 2004 tras haber sido condenado a 180 años por asesinato, extorsión y robo agravado.
El ministro también anunció una recompensa de US$20.000 por información que lleve a la captura de cada pandillero fugado.
Explicó además que, mientras se investiga lo ocurrido, se destituyó al jefe del Sistema Penitenciario, Ludin Godínez, así como al director y subdirector de la cárcel Fraijanes II, pero descartó que él vaya a renunciar.
Eso último le habían exigido varios diputados del partido oficial en Guatemala, el Movimiento Semilla, al presidente del país, Bernardo Arévalo de León.
"Organización terrorista" según EE.UU.
El 23 de septiembre, Estados Unidos declaró al Barrio 18 "organización terrorista", meses después de hacer lo propio con la Mara Salvatrucha o MS13.
Ambas pandillas, históricamente antagónicas, son las responsables de gran parte de la violencia que azota al país y la región.
Ante ello, la Embajada estadounidense calificó la evasión de "totalmente inaceptable" y pidió al gobierno de Bernardo Arévalo "recapturar a estos terroristas" que "representan una amenaza tanto para Guatemala como para la seguridad del territorio estadounidense".
El ministro reconoció que en las prisiones de Guatemala no se hace un recuento diario de los presos y por ello pidió apoyo a EE.UU. para instalar un sistema biométrico de control de reclusos.
Además, dijo que pedirá al cuerpo de ingenieros de EE.UU. que diseñe y construya una cárcel de máxima seguridad para pandilleros, algo que ya contempla el proyecto de Ley Antipandillas que presentó el gobierno guatemalteco el pasado miércoles ante el Congreso.
Propuesta de Ley Antipandillas
La noticia de la fuga se conoce apenas días después de que el gobierno de Guatemala presentara un proyecto de Ley Antipandillas, que eleva las penas y contempla la construcción de una cárcel de máxima seguridad, en medio de un aumento de los homicidios.
Fue el propio ministro de Gobernación quien el pasado miércoles entregó en el Congreso el proyecto que prevé aumentar de 8 a 15 años de cárcel la condena por extorsión, entre otras medidas.
"Las maras y pandillas son un grupo de crimen organizado, claramente identificado, con jerarquía, con mandos establecidos, y con un interés de ocupar cada vez más el territorio y de abarcar una gama de negocios", dijo entonces ante una comisión parlamentaria.
La iniciativa, que incluye reformas al código procesal penal y la ley contra la delincuencia organizada, fue presentada en medio de críticas por un incremento de la violencia en el país, algo que las propias autoridades reconocen.
El proyecto también propone construir una cárcel de máxima seguridad para pandilleros, con tecnología biométrica para el control de los reclusos, celdas para dos reos y un hospital para evitar trasladar internos a centros de salud.
El presidente Bernardo Arévalo había dicho el lunes que la nueva legislación "es una de las demandas más sentidas de las familias guatemaltecas para construir un país más seguro".
Y es que, según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), la tasa interanual de homicidios subió a 17,65 por cada 100.000 habitantes. Entre enero y julio del 2025 ocurrieron 326 homicidios más que en el mismo periodo del 2024, lo que representa un aumento del 21%.
Sin embargo, Arévalo ha descartado seguir la línea del presidente de la vecina El Salvador, Nayib Bukele, quien con "guerra contra las pandillas" acabó desarticulándolas y reduciendo los homicidios, al tiempo que volvía a la nación uno de los países con mayor tasa de encarcelamiento.
Los críticos de su política de seguridad denuncian que, además de encarcelar a miles de supuestos pandilleros, también ha enviado a prisión a salvadoreños inocentes bajo un régimen de excepción que lleva ya más de dos años en vigor.
Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, otro de los países afectados por las actividades de las pandillas, anunció en agosto que llamará a licitación para construir una prisión de alta seguridad inspirada en la megacárcel para pandilleros de Bukele, conocida como Cecot.
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