
El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable este lunes de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal por un juzgado de Bogotá, en un fallo sin precedentes en la historia del país.
El veredicto de la jueza Sandra Heredia, que puede ser apelado, establece que Uribe ordenó a terceros manipular a testigos encarcelados para que declararan a su favor tras ser acusado en el Congreso de tener nexos con grupos paramilitares por el senador Iván Cepeda en 2012.
El expresidente colombiano, quien siempre ha negado los hechos y alega que es víctima de una persecución política, fue absuelto del delito de soborno simple.
En una próxima audiencia se dará a conocer la condena, que podría ser de hasta 9 años de cárcel.
Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, es el primer exmandatario en ser condenado penalmente en la historia del país.
En la audiencia de este lunes, que se prolongó durante más de 10 horas, la jueza Heredia dijo que pudo acreditar que Uribe indujo al abogado Diego Cadena a cometer los delitos por los que fue condenado el exmandatario.
"No cabe duda que el procesado sabía de su proceder… Él mismo la ejecutaba desde las sombras", aseguró la magistrada.
El fallo llega tras 13 años de una compleja y mediática batalla judicial, marcada por la polarización y cuyas consecuencias políticas se antojan impredecibles.

Las reacciones al fallo
Poco después de conocerse el fallo condenatorio, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, señaló que "el único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente por defender su patria".
Y agregó que la "instrumentalización de la rama judicial por parte de jueces radicales sienta un precendente preocupante".
De esa narrativa hicieron eco congresistas republicanos con relaciones con Colombia, como Bernie Moreno y Mario Díaz-Balart.
En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro señaló que tanto simpatizantes como no simpatizantes de Uribe deben respetar la justicia, y agregó que su gobierno no presiona a los jueces.
También se refirió a las declaraciones de políticos estadounidenses sobre el caso diciendo que "no es sino un ultraje que no permitimos".
Políticos de derecha colombianos reaccionaron a la decisión expresando su solidaridad con el expresidente y poniendo en duda la imparcialidad de la jueza Sandra Heredia.
La senadora y precandidata presidencial Maria Fernanda Cabal, quien estuvo presente en la audiencia y es una de las principales líderes del partido de Uribe, afirmó que la sentencia de la jueza parecía escrita por enemigos políticos del expresidente.
"Este fallo que no compartimos será motor para luchar por un sistema de justicia que jamás vuelva a ser instrumentalizado para judicializar la política", dijo Cabal, anticipando que la sentencia hará parte de la campaña política que se avecina.
Por su parte, políticos del partido de gobierno, al que pertenece Iván Cepeda (una de las víctimas acreditadas), celebraron el fallo condenatorio contra Uribe.
El precandidato presidencial y exsenador Gustavo Bolívar señaló: "La justicia cojea pero llega (…) Empieza a hacerse justicia".
El mismo contraste entre seguidores y opositores de Uribe se vio a las afueras del complejo judicial de Paloquemao, donde se realizó la audiencia de lectura del fallo.

La historia de la condena
La batalla judicial arrancó en 2012, cuando el entonces congresista Iván Cepeda, apoyado en los testimonios de dos líderes paramilitares, vinculó al expresidente al surgimiento del grupo armado Bloque Metro a fines de los años 90 en Antioquia.
El Bloque Metro era una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que enfrentó a las guerrillas izquierdistas y dejó miles de civiles muertos durante el conflicto interno colombiano.
Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema, acusándolo de haber manipulado a los paramilitares para que hablaran en contra de Uribe, pero tras años de investigaciones, en 2018 esa instancia desestimó la denuncia.
En un inesperado giro de los acontecimientos, la Corte inició una pesquisa contra Uribe por considerar que había indicios de que fueron personas del círculo de Uribe quienes intentaron manipular testigos.
Una de las pruebas que hay de ello es una grabación que hizo con un reloj espía Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar condenado, en la cárcel La Picota.
En la grabación se escucha a Diego Cadena, entonces abogado de Uribe, ofrecerle a Monsalve beneficios jurídicos a cambio de declarar a favor del expresidente.
En octubre de 2019, el entonces senador Uribe quedó formalmente vinculado a un proceso penal ante la Corte Suprema. Desde entonces, empezó a correr el plazo de 6 años que tenía la justicia colombiana para llegar a un fallo.
En el marco de la investigación, la Corte Suprema ordenó en agosto de 2020 la detención domiciliaria de Uribe porque consideró que había "riesgos de obstrucción a la justicia".
Uribe estuvo detenido durante 66 días y en ese tiempo renunció a su curul en el Congreso.
Por tal razón, la Corte dejó de tener la competencia para procesarlo y el caso pasó a la justicia ordinaria. A partir de entonces, Uribe empezó a ser investigado y procesado como cualquier persona que comete un delito en Colombia.
En los años siguientes, los fiscales encargados pidieron la preclusión (es decir, el cierre del caso), porque consideraban que no había pruebas suficientes para acusar al expresidente.
Los pedidos de preclusión fueron rechazados por la justicia en dos ocasiones.
Tras la llegada a la Fiscalía de Luz Adriana Camargo (nominada para el cargo por Gustavo Petro), Uribe fue finalmente llamado a juicio.
En palabras de la jueza Sandra Heredia, el juicio fue "una maratónica lucha contra el reloj".
La jueza aceleró las audiencias para evitar que los delitos prescribieran, y este lunes, tras unos meses intensos de presentación de pruebas y alegatos, concluyó que Uribe es culpable.
Ambas partes pueden apelar la decisión, en cuyo caso serán tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá quienes decidan si se mantiene la sentencia o debe ser modificada.
Uribe permanecerá libre, al menos hasta que se conozca a cuántos años es condenado, y podría pagar su pena en prisión domiciliaria.

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