En 2025, un total de 826 niñas menores de 15 años fueron reportadas con embarazos en República Dominicana, una cifra que evidencia la persistencia de una problemática en un grupo que requiere protección.
Estos casos representan el 5.01 % de los 16,481 embarazos registrados en adolescentes durante el año pasado, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Aunque la mayoría de los embarazos se concentra en jóvenes de 15 a 19 años (15,655 casos), la ocurrencia en menores de 15 años resulta, de acuerdo con la entidad estatal, alarmante por las implicaciones sociales, legales y de salud que conlleva.
La ONE advierte que estas cifras cobran relevancia en el contexto de la Ley 1-21 destinada a prohibir las uniones tempranas, lo que refleja que el fenómeno persiste incluso en edades donde existe una prohibición expresa y mayores riesgos.
Organismos internacionales como ONU Mujeres señalan que el embarazo en niñas menores de 15 años está estrechamente vinculado a la violencia sexual y a las uniones tempranas, prácticas que vulneran derechos fundamentales y limitan el desarrollo integral.
A pesar de la prohibición establecida en la Ley 1-21, promulgada durante el gobierno de Luis Abinader en 2021, estas uniones continúan exponiendo a niñas y adolescentes a ciclos de pobreza, exclusión social y violencia.
El problema se agrava en contextos de vulnerabilidad. Según el Observatorio de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las niñas que viven en condiciones de pobreza tienen hasta cinco veces más probabilidades de estar en uniones tempranas que aquellas en mejores condiciones económicas.
A nivel regional, el impacto también es significativo. El Banco Mundial estima que tres de cada cuatro nacimientos de madres menores de 18 años están asociados a uniones tempranas, mientras que el Fondo de Población de las Naciones Unidas calcula que el costo del embarazo adolescente y la maternidad temprana en América Latina y el Caribe asciende a US$ 15,357 millones anuales.
La erradicación de estas prácticas forma parte de los compromisos globales establecidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente en la meta 5.3 de la Agenda 2030, orientada a eliminar las uniones tempranas y garantizar la igualdad de género.
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