La violencia no termina: deja a las mujeres con miedo, depresión y dificultades para reconstruir su vida

“En dos ocasiones perdí la memoria y no sabía ni quién yo era, ni dónde estaba”. Así comienza Bianca a contar una parte de su historia. La violencia que vivió estuvo marcada por el aislamiento, la presión psicológica y, posteriormente, la falta de apoyo económico.

En medio de ese proceso enfrentó problemas de salud mental como la depresión, además de la manipulación del padre de su hija, que apenas tenía semanas de nacida.

Bianca explica que identificar lo que estaba viviendo no fue inmediato. “Solo sabía que tenía una bebé porque me dolía la cicatriz de la cesárea, después no reconocía a nadie ni sabía día, lugar y hora, estaba en un estado mental que no te puedo explicar”.

Su recuperación comenzó cuando encontró acompañamiento profesional en el Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM), en Santiago, en el Cibao de República Dominicana.

“Yo puedo decirte que llegué ahí volando, que no sabía dónde estaba mi cabeza ni nada y ahora yo sé dónde yo estoy, sé lo que quiero, para dónde voy y estoy”, afirma.

Allí, según relata, pudo reconocer que era víctima de violencia basada en género. “Tú no sabes hasta que tú no encuentras a un profesional que te explica qué eres víctima de violencia…. Yo ya no quiero ser víctima de nada, quiero estar bien para mis hijos”.

Su experiencia refleja una de las dificultades que enfrentan mujeres en situaciones de violencia: reconocer lo que ocurre puede tomar tiempo y requerir acompañamiento profesional.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que las sobrevivientes acuden a los servicios de salud con más frecuencia que aquellas que no sufren abuso. Sus interacciones con los servicios de salud, desde la atención de urgencia y prenatal hasta los servicios de salud comunitarios, aumentan con la amplificación de la frecuencia y gravedad de la violencia que experimental.

La salud mental no puede quedar fuera de la respuesta

Las consecuencias de la violencia pueden alcanzar directamente la salud mental de las mujeres.

Según el estudio Violencia contra las mujeres en el ámbito de las relaciones de pareja: un análisis a partir de los datos de la ENESIM-2018, la tristeza, aflicción o depresión fue la consecuencia emocional más frecuente entre las mujeres que habían sido víctimas de algún tipo de violencia por parte de su pareja o expareja.

El 9.3 % manifestó haber experimentado agresividad o mal humor, alteraciones del estado de ánimo que, en algunos casos, pueden reproducir patrones de violencia dentro del entorno familiar y afectar también a hijos e hijas.

A esto se suman los problemas nerviosos, la angustia o el miedo, reportados por cerca del 6 % de las mujeres, mientras que el 5.5 % señaló haber sufrido pérdida o aumento del apetito, una alteración que puede derivar en desórdenes alimenticios y afectar su salud física.

El psiquiatra Ángel Almánzar, exdirector de Salud Mental del Ministerio de Salud, considera que la atención a las sobrevivientes debe formar parte del proceso de respuesta frente a la violencia.

Algunas mujeres buscan ayuda psicológica o psiquiátrica por iniciativa propia, mientras que otras reciben orientación cuando acuden a denunciar y son remitidas a una casa de acogida. Según explica, estos espacios cuentan con protocolos de atención a la salud mental.

Pero el proceso puede verse afectado por diferentes factores. Almánzar señala que algunas mujeres bajan la guardia, vuelven a confiar en su pareja o reciben presión de familiares para retirar la denuncia. A esto se suma la culpa. La mujer puede sentir afectividad por el agresor o llegar a creer, por influencia de su entorno, que ella es responsable de lo ocurrido. “Entonces ahí ella baja la guardia”, explica.

Para el especialista, una parte del problema está en que la mujer no siempre mide los riesgos a los que está sometida o no sigue los pasos establecidos dentro de los protocolos de protección, aunque estos le hayan sido explicados.

La atención en salud mental, por tanto, no debería aparecer únicamente después de que concluya un proceso judicial. Puede ser necesaria desde el momento en que una mujer decide buscar ayuda y reconoce que necesita salir del ciclo de violencia.

Pero, República Dominicana forma parte de los países de la región de América Latina y el Caribe que asignan un presupuesto menor al 1 % para salud mental.

Actualmente, el gasto público del país es de 0.73 % del presupuesto nacional, cifra inferior al rango recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que sugiere entre el 5 % al 10 %.

Solagne Alvarado señala a Acento que no existe un apoyo directo y sistemático del Ministerio de Salud Pública para la atención de salud mental de las sobrevivientes. Algunos medicamentos psiquiátricos han sido obtenidos mediante donaciones de centros privados para las féminas que asisten al Centro de Atención de Sobrevivientes de Violencia (CASV).

Desirée Del Rosario, coordinadora del Centro de Estudios de Género (CEG) del Intec, señala otro problema: el acceso.

Indica que existen planteamientos institucionales que reconocen la necesidad de una atención integral, incluida la atención emocional directa, específica y gratuita proporcionada por el Estado. Sin embargo, muchas personas deben asumir de su propio bolsillo el costo de acudir a un psicólogo, “algo que puede convertirse en una barrera para quienes tienen ingresos limitados”.

A su juicio, esta atención no debería reservarse para quienes ya presentan una crisis, sino formar parte de una respuesta integral frente a la violencia.

La psicóloga clínica-forense, Jhulia Báez, explica a Acento que la violencia contra la mujer tiene efectos acumulativos y las consecuencias van a depender del tipo de maltrato que experimentan las féminas, así como la frecuencia, gravedad, intensidad y tiempo de duración del maltrato.

“Cuando de manera constante la mujer es humillada y ridiculizada por su pareja disminuye de manera significativa su autoestima y puede llegar a normalizar la violencia”, afirma.

Añadió que tras ser agredida por su pareja o expareja la mujer suele desarrollar una serie de síntomas o trastornos, siendo los más frecuentes, ansiedad, depresión, estrés postraumático, sentimientos de culpa, falta de control sobre su vida, temor hacia su pareja y aislamiento social.

La violencia tampoco se presenta de una única manera

Desde su experiencia en la asistencia legal en atención a víctimas de violencia, Senaya Hernández explica que una misma mujer puede enfrentar simultáneamente violencia intrafamiliar, económica, patrimonial, emocional, psicológica o sexual.

Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoce como la violencia contra las mujeres adopta diversas formas “y todas inaceptables y con consecuencias severas para la salud y el bienestar de las mujeres, sus familiares y sus comunidades a corto y largo plazo”.

A estas situaciones pueden agregarse conflictos por la custodia de los hijos, las visitas o el incumplimiento de la pensión alimenticia.

Senaya Hernández, abogada de Profamilia, cuenta que algunas mujeres llegan a una institución con recursos suficientes apenas para pagar el transporte de ida y vuelta. Si después son referidas a otra entidad, pueden no tener dinero para trasladarse nuevamente y continuar el proceso.

“Ella pospone eso para otro día”, explica Hernández. De hecho, la Procuraduría de la República Dominicana registró 22 feminicidios durante enero-marzo del 2026.

Al desglosar la ocupación de la víctima, 10 eran quehaceres del hogar y 8 estudiantes, frente al victimario que 8 eran trabajadores independientes y 7 de ocupación desconocida.

El problema es que una mujer que en ese momento estaba decidida a buscar ayuda puede perder posteriormente la posibilidad o la disposición de continuar. “La falta de dinero puede mantener a una mujer atrapada en una relación violenta, incluso después de que haya decidido buscar ayuda”, comenta la abogada.

En Profamilia, la historia clínica incluye la posibilidad de identificar si la paciente desea recibir asesoría legal.

Si acepta, puede ser orientada sobre sus derechos, los procedimientos disponibles y los pasos que tendría que seguir si decide acudir al sistema de justicia. También puede recibir apoyo emocional de profesionales de psicología.

Tres barreras que pueden prolongar el ciclo de violencia

• Dependencia económica: puede formar parte de la violencia y, al mismo tiempo, dificultar que la mujer abandone la relación.
• Miedo, aislamiento y normalización: pueden hacer que una mujer tarde en reconocer la situación o en decidir buscar ayuda.
• Falta de continuidad: los costos de transporte, la ausencia de recursos para otros servicios y una respuesta institucional fragmentada pueden interrumpir el proceso.

La normalización también constituye un obstáculo. Hernández relata que algunas mujeres pueden pasar años en relaciones violentas e interpretar lo que ocurre como una situación que deben resolver por sí mismas.

“Permanecer en una relación violenta no significa que una mujer haya elegido vivir violencia”. Sin embargo, ONU Mujeres fija que menos del 40 % de las víctimas de violencia buscan ayuda, y de estas la mayoría acude a familiares y amistades.

“Muy pocas recurren a instituciones formales como la policía o servicios médicos”.

“Esa vulnerabilidad puede estar relacionada con factores como la desigualdad física, la dependencia económica del agresor, las deficiencias en la respuesta institucional y la indiferencia social”, explica. Las estadísticas avalan su respuesta: el 21% de las mujeres afirmó haber sido víctima de violencia económica, sin importar su estatus social o nivel financiero.

La violencia económica y patrimonial es medida por el Ministerio de la Mujer, tanto en términos de la violencia de género como la intrafamiliar, y para la Procuraduría General de la República únicamente se mide en términos de intrafamiliar.

De acuerdo con el Ministerio de la Mujer, este tipo de violencia representa el 13.6% de los casos de mujeres atendidas (10.6% de violencia de género y 14.1% de la violencia intrafamiliar), mientras que para la Procuraduría General de la República representa el 2% de las denuncias de violencia intrafamiliar.

Un estudio realizado por Pacam con una muestra de 170 mujeres, reveló que el 24.7 % de ellas usaba el dinero del modo en que el hombre le decía por miedo a ser golpeadas o avergonzada en público. Asimismo, el 35.9 % dijo que el hombre incumple las responsabilidades del hogar.

“Los hombres agresores naturalmente incumple las responsabilidades económicas del hogar”, destaca Zoraya Lara, presidenta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (Pacam).

La experta en conducta, citando el estudio realizado en 2019, detalla que el 20.6 % de las víctimas dijo que la pareja le negaba dinero cuando tenía que ir al médico, y para comprar medicamentos el 15.9 %.

• El 11.2 % dijo que no permitía que la mujer usara su sueldo propio con la intención de manejarlo.
• El 47.6 % de los agresores no les decían a las víctimas cuánto ganaba.
• El 28.2 % le ha ocultado a la pareja las propiedades o bienes que posee.

La violencia económica-patrimonial es medida por el Ministerio de la Mujer, tanto en términos de la violencia de género como la intrafamiliar, y para la Procuraduría General de la República únicamente se mide en términos de intrafamiliar.

De acuerdo con el Ministerio de la Mujer, este tipo de violencia representa el 13.6 % de los casos de mujeres atendidas (10.6 % de violencia de género y 14.1% de la violencia intrafamiliar), mientras que para la Procuraduría General de la República representa el 2 % de las denuncias de violencia intrafamiliar.

Del trauma a la recuperación: cómo el CASV atiende las secuelas de la violencia

En el CASV, la salud mental constituye una parte central del acompañamiento. De las 9,727 mujeres atendidas, 6,746 han ingresado al programa de terapia individual y 2,981 han participado en el programa de terapia grupal.

El centro también ofrece atención psiquiátrica debido a las consecuencias que la violencia puede provocar en la salud mental. Entre ellas, Alvarado enumera los trastornos de ansiedad, del sueño y depresión.

• 4 profesionales de terapia individual
• 1 psiquiatra
• 1 encargada de capacitación
• 1 trabajadora social
• Profesionales de actividades de movimiento corporal
• 4 profesoras de yoga voluntarias

El modelo del CASV no se limita a la terapia psicológica tradicional. El centro utiliza terapias psicocorporales y artísticas que incluyen pintura, manualidades, teatro y escritura creativa.

Alvarado explica que estas herramientas permiten trabajar experiencias traumáticas que no siempre pueden expresarse mediante palabras. También cuentan con terapia grupal, cuyo objetivo es que las mujeres puedan reconocer sus propias experiencias al escuchar a otras sobrevivientes.

El proceso grupal incluye 14 sesiones y busca crear redes de apoyo entre las participantes. Alvarado explica que el CASV cuenta con un área de trabajo social para atender problemas que pueden impedir que una mujer salga de una relación violenta. Una mujer que denuncia puede perder su trabajo, quedarse sin ingresos o tener dificultades para sostener a sus hijos.

Por eso, el centro facilita el acceso a microcréditos a bajo interés, grupos de autoahorro y préstamos, además de capacitación para iniciar o fortalecer un negocio. También ofrece apoyo para elaborar currículos y prepararse para entrevistas de trabajo.

El desafío también está en prevenir

¿Qué pasa cuando la mujer no reconoce o no se da cuenta que es víctima de violencia?

Primero se da la normalización de la violencia. “Una mujer víctima de violencia en infancia que fue expuesta a la violencia en su hogar, maltrato, insultos, peleas o si su mamá fue víctima de violencia, ya con empieza esa victimización a temprana edad y la normaliza”, explica la presidenta de Pacam.

La psicóloga sostiene que, muchas veces, la víctima ve a su agresor como parte de la familia, y que lo que acontece es parte de la relación de pareja; justifica, también minimiza con pensamientos como: “mi caso no es tan grave”, “eso no es violencia”, “él tiene mal temperamento”.

La atención de las sobrevivientes no resuelve por sí sola el problema. La prevención constituye otro de los desafíos. Lourdes Contreras, socióloga y activista feminista, considera que las acciones preventivas siguen siendo insuficientes. “Yo diría que es poco, es pobre lo que se hace o muy insuficiente lo que se hace para la prevención”.

Para Contreras, no basta con medir cuántas acciones de prevención realizan las instituciones. También es necesario establecer indicadores que permitan saber si las políticas están modificando las causas estructurales que normalizan o toleran la violencia.

Luis Vergés, psicólogo clínico, sostiene que romper el ciclo requiere intervenir sobre tres dimensiones presentes en la conducta del agresor: la manera de pensar, la forma de sentir y la manera de actuar.

“Hay tres actores principales: el agresor, la víctima y un sistema social que muchas veces permite que pasen estas cosas”, explica.

En el caso de los hombres agresores, señala que la intervención debe buscar modificar los patrones que sostienen la conducta violenta. A su juicio, la violencia no constituye un hecho aislado, sino un patrón que se apoya en determinadas formas de pensar, sentir y actuar.

El psicólogo sostiene además que las políticas públicas deben atender la vulnerabilidad de las víctimas, garantizarles una respuesta oportuna y evitar que la violencia vuelva a repetirse.

Del Rosario cuestiona la capacidad del Estado para ofrecer una respuesta integral a las mujeres y menores afectados por la violencia de género y señala que uno de los principales problemas está en la ejecución de las políticas y protocolos existentes.

La coordinadora del CEG explica que las mujeres no nacen siendo vulnerables, sino que son colocadas en situaciones de vulnerabilidad por las condiciones sociales, la educación y acceso a oportunidades.

A su juicio, esta realidad también tiene consecuencias económicas y sociales. Una mujer sometida a violencia puede ver afectada su capacidad para trabajar, relacionarse y desarrollar su vida, mientras que para las empresas la violencia también puede traducirse en pérdidas de productividad.

Ante esto, ONU Mujeres estima que las mujeres aumentarían un 76 % sus ingresos si se disminuye la brecha de género y salarial entre mujeres y hombres, además mermaría los niveles de violencia económica y se reduciría los niveles de pobreza. La situación de igualdad agregaría más de US$ 17,000 millones a la economía global.

El acompañamiento no termina con la denuncia: salud, apoyo legal y seguimiento para las sobrevivientes

El acompañamiento incluye orientación para necesidades relacionadas con salud, educación y otras situaciones familiares. El centro mantiene vínculos con instituciones públicas para gestionar respuestas según las necesidades de cada mujer.

En el área legal, las sobrevivientes pueden recibir asistencia a través de servicios de la Procuraduría General de la República.

Por ejemplo, durante enero-marzo del 2026, el total de denuncias ascendió a 17,552.

• El 52.4 % de las denuncias registradas fueron delitos de violencia intrafamiliar
• El 36.9 % fueron de violencia de género
• El 10.5 % se catalogaron como delitos sexuales

El 49 % de las denuncias, fue la expareja que presenta la mayor incidencia con el 49 % de los casos, con el 18.2 % de la pareja actual durante el primer trimestre de este año.

“Esto evidencia que la violencia se produce dentro de vínculos afectivos cercanos y que los conflictos tienden a intensificarse después de finalizada la relación”, destaca el Ministerio Público.

El proceso de recuperación no tiene una duración fija. El centro establece objetivos terapéuticos para cada mujer y, conforme estos se cumplen, va espaciando las consultas. Una mujer puede pasar de encuentros cada 15 días a sesiones mensuales, trimestrales, semestrales o anuales.

El CASV tampoco establece un alta definitiva. La institución creó un grupo para mujeres que ya habían cumplido sus objetivos terapéuticos, pero querían mantener el vínculo con el centro. “Las puertas del centro están siempre abiertas para que ellas regresen”, explica Alvarado.

Para la especialista, el acompañamiento, la información y el acceso a terapia son herramientas fundamentales para que una mujer pueda reconstruir su vida después de una situación de violencia.

Fernando Polanco, gerente médico de Profamilia, destaca el seguimiento que realizan las consejeras para conocer los avances, recordar citas y mantener el contacto durante el proceso.

Recuerda el caso de dos mujeres que regresaron a la institución después de atravesar parte de ese proceso. Una de ellas llegó llorando de felicidad y agradeció al equipo por el acompañamiento recibido. Le contó que había perdido el miedo a acudir a las clínicas y a los médicos y que el apoyo recibido le permitió sentirse acompañada.

Otra fémina, además de trabajar la violencia, identificó otras circunstancias que estaban afectando su vida. Posteriormente terminó la universidad.

Para Polanco, estos casos muestran que la atención no debería limitarse al momento en que se identifica la violencia, sino que requiere acompañamiento y seguimiento.

Tampoco todas las mujeres reaccionan igual. Senaya Hernández ha atendido casos en los que la violencia atraviesa generaciones: mujeres que cuentan que sus madres y abuelas fueron víctimas y que ellas mismas terminaron viviendo situaciones similares.

En otros casos, la violencia alcanza directamente a madres e hijas.

La historia de Bianca muestra lo que puede ocurrir cuando una mujer encuentra un espacio para comprender lo que le estaba pasando y reconstruir su vida.

Su proceso comenzó cuando pudo ponerle nombre a la violencia y recibir acompañamiento. “Yo ya no quiero ser víctima de nada, quiero estar bien para mis hijos”.

La violencia tampoco termina necesariamente en la mujer que la recibe.

El Ministerio Público destaca que el 21 % de los hijos se involucraron en los episodios violentos para proteger a sus madres, porcentaje que sube al 78 % de los denunciados reportó que sus hijos no se involucraron en los incidentes violentos.

Hernández relata casos en los que una mujer ha contado que su pareja la agredió a ella y también a sus hijos. En estas situaciones, distintos integrantes de la familia quedan expuestos a una misma dinámica de violencia.

Los niños que presencian situaciones de violencia también resultan afectados. La abogada los identifica como víctimas indirectas, especialmente cuando son pequeños y no tienen capacidad para defenderse o comprender lo que ocurre a su alrededor.

Para el psiquiatra José Miguel Gómez, crecer en un hogar donde existe violencia física, emocional o maltrato psicológico puede tener consecuencias en el desarrollo emocional de los niños, así como en su autoestima y valoración personal.

Asimismo, el Ministerio Público señaló que el 29 % de los denunciados aseguró haber extendido el maltrato hacia personas desconocidas, el 24 % hacia los suegros y el 17 % hacia sus hijos.