Suecia abre la puerta a retirar la ciudadanía a binacionales que cometan delitos

El gobierno saliente de centroderecha, encabezado por el primer ministro, Ulf Kristersson, y respaldado en el Parlamento por los Demócratas de Suecia, partido de extrema derecha contrario a la inmigración, anunció el año pasado que estudiaba distintas formas de revocar la ciudadanía a personas con doble nacionalidad condenadas por delitos relacionados con el crimen organizado y las pandillas.

Para ello era necesario modificar la Constitución, proceso que requiere dos votaciones parlamentarias separadas por unas elecciones. La votación del miércoles fue la segunda con 292 votos a favor y 51 en contra. Sin embargo, tras unas elecciones sin resultados concluyentes, corresponderá al próximo gobierno presentar un proyecto de ley para ponerla en práctica.

Retirar la ciudadanía "debilita la integración sin mejorar la seguridad", advierte un sociólogo

La posibilidad de retirar la ciudadanía sueca a personas con doble nacionalidad plantea riesgos para sus derechos y su sentido de pertenencia, según Anders Neergaard, sociólogo e investigador del Instituto de Migración, Etnicidad y Sociedad de la Universidad de Linköping.

Neergaard considera especialmente delicado que la aplicación de la enmienda constitucional se definiría mediante leyes aprobadas por mayoría ordinaria en el Parlamento. Según él, eso dejaría margen para ampliar la interpretación de los delitos que podrían dar lugar a la retirada de la ciudadanía. Dirigentes de Los Demócratas de Suecia, partido de extrema derecha, ya han expresado su intención de ampliar esas condiciones dentro del marco constitucional, según el investigador.

“Durante los últimos cuatro años hemos tenido un gobierno con apoyo de ese partido que ha aprobado muchas leyes racistas -término que yo uso en mi investigación, otros solamente las llaman discriminatorias- en relación a migrantes y a gente que no parece sueca”, afirma el investigador.

"Protección constitucional en juego"

Esto puede provocar la división de la población entre los que tienen solamente pasaporte sueco y los que tienen uno sueco y otro. Por el mismo crimen, puede ser que el primero vaya a la cárcel mientras el otro va a cárcel y después pierde su ciudadanía sueca”, explica en una entrevista a RFI.

Ante la pregunta de RFI sobre si la protección constitucional está en juego, Neergaard respondió que sí y define el resultado de estas políticas como una “precariedad de la ciudadanía”, con un sentimiento de pertenencia a una sociedad mucho más frágil e insegura. "Eso tienen implicaciones significativas para su familia, sus hijos y la comunidad. También para Suecia en general”, lamenta.

Efecto contrario al buscado: sin expulsión, ni nacionalidad 

El argumento principal de los defensores de esta enmienda constitucional es la promesa de una mayor seguridad. “La investigación es bastante clara: un cambio formal de ciudadanía no funciona de esta forma (…) Hay algunos estudios que muestran que la policía -por ejemplo, la de la lucha contra el terrorismo- está bastante escéptica frente a este cambio constitucional porque afirma que muchas veces no hay posibilidad de expulsar a las personas porque corren riesgo de tortura o de ser asesinadas en otro país”, explica Neergaard.

Puede entonces producirse un efecto contrario. “Quitar la ciudadanía puede implicar que la gente viva por fuera de la mirada de la sociedad y las autoridades y que sea más difícil tener control sobre los individuos potencialmente peligrosos”, concluye el investigador.