Del enviado especial de RFI a Honduras, Carlos Herranz

José ha pasado media vida entre rejas. Dice que su devoción por Dios es lo que le ha apartado de la pandilla 18. Lleva tan solo unos meses fuera de la cárcel y acude cada semana a una escuela religiosa dirigida por un pastor que reinserta pandilleros a las afueras de Tegucigalpa. Hoy es sábado a mediodía y varios ex pandilleros, algunos con un largo historial de asesinatos a sus espaldas, acuden al centro religioso. “Yo inicié en el camino de la pandilla a la edad de 17 años, en el año 1995. Me gustó el ambiente y empecé a llevarme con ellos y luego pues me fui metiendo más y más a fondo y luego nos tocó hacer cosas que no son gratas ante los ojos de nadie para poder ir ascendiendo dentro de la organización… como si fuesen niveles, según lo que los méritos que uno vaya haciendo. Los méritos son delitos, algunos de sangre. No hay opción para salirse porque uno es un compromiso de por vida. O está preso, está muerto, pero que no sales, no sales” nos cuenta este expandillero desmovilizado que ahora profesa una fe sin límites a la que atribuye su propia salvación. 

El pastor Wilmer Sauceda es quien dirige este centro en Comayagüela, localidad pegada a la capital hondureña. Lleva toda una vida dedicado a reinsertar pandilleros y trabajando con ellos en varias cárceles del país. Apasionado por su trabajo, su historia familiar también está marcada por la violencia. Wilmer decidió perdonar en prisión al asesino de su hermano pequeño, quien se negó a pagar una extorsión. A su madre, nos cuenta, le costó entender aquel perdón que daba sentido a su vida y su trabajo con pandilleros. “Ahora las maras ya no extorsionan a los pequeños. Son organizaciones, funcionan como grandes empresas, son dueños de empresas. Cada tiene dividido ya sus sectores, ya no pelean por territorios, todo está definido y tienen el control y el tráfico de drogas en esos sectores propios” nos cuenta Wilmer que añade que las maras se preoucpan ahora por tener una buena implantación e imagen en las comunidades. “Sí, ayudan mucho a la sociedad para sobreguardar ese respaldo de la sociedad, que nos cuiden para que la policía no vaya a sorprendernos”.Una implantación social de las maras que ocupan los espacios vacíos que el estado hondureño. No alcanza a ocupar.

El factor edad también ha contribuido al cambio. “Los líderes que iniciaron las pandillas son personas que ahora andan entre los 45 a 50 años de edad. Yo he platicado con ellos y ellos ya no son violentos”. Estos factores de cambio en la dinámica de las maras son los que han ayudado a rebajar el nivel de violencia en los últimos años. El sociólogo Fermín Lainez ha estudiado las diferentes mutaciones que han vivido las pandillas en Honduras y no duda en apuntar hacia arriba a cómo el poder político ha instrumentalizado a pandilleros. “Te lo resumo principalmente que fueron cooptados por grupos militares. De hecho, en el 2017, según el Departamento de Estados de Estados Unidos, estos grupos fueron utilizados para causar los disturbios que hubieron en ese tiempo para que se mantuviera en el poder Juan Orlando Hernández (expresidente del país condenado por narcotráfico en EE.UU.) Entonces eso causó la última mutación. Nosotros veníamos midiendo las mutaciones del de los grupos pandilleros en este país. Iban mutando de ser muchachos, que estaban en las calles simplemente pasando el tiempo. Luego pasaron a tener armas, verdad, y esas armas venían principalmente de Nicaragua, en tiempo de que armas que llegaron por parte de los contras. Entonces todo eso ha venido a evolucionar, pero nunca, nunca, nunca el joven de pandilla ha tenido el control, siempre ha sido cooptado” afirma Lainez cuya historia personal ejemplifica la hidra del crimen en el país que conecta pandillas, narco y poder. El pandillero que lo salvó de la muerte tras un secuestro ordenado desde el poder, apareció después muerto.

El país ha conseguido reducir su alto índice de homicidios en los últimos años, algo que muchos expertos conectan con un cambio de paradigma en las pandillas que buscan ahora mayor aceptación social. Leonardo Pineda, politólogo, así lo afirma: “más que obedecer a políticas estatales, obedece a cambios en las dinámicas criminales. Las pandillas decidieron no calentar sus zonas, no hacerle tanto escándalo, sino tener un control más específico sin estar matando a gente en las calles, algo que no es conveniente para sus negocios”.

Hacemos una parada en la morgue de San Pedro Sula. Durante años fue calificada como la ciudad más violenta del mundo, con tasas que llegaron a los 187 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2013. Un récord que se ha ido reduciendo durante los últimos años. Simón trabaja en la principal funeraria de la ciudad y ha sido testigo de ese horror. “Había días muy críticos de hasta 32 levantamientos. Estoy hablando que en 32 levantamientos se podían levantar más de 40 o 50 muertos porque hay levantamientos que son múltiples. También cuerpos desmembrados, aunque esto ya no es tan frecuente como antes. Antes uno se se topaba con escenas dantescas, hallar cuerpos hasta en 26 pedazos.(…) Esto era un mensaje atemorizante que mandaban las maras”. La falta de medios contribuye al gran problema que sustenta la violencia, la impunidad según estiman diversas voces que conocen bien la problemática sobre terreno. Leonardo Pineda incide en ello: “muchas veces hasta que encuentran, por ejemplo, una fosa clandestina con 2030 cuerpos tratan de identificar algunos en Honduras todavía tenemos muchos problemas con la identificación de cadáveres. Porque no tenemos un banco de datos de ADN que los pueda identificar y a veces tal vez por los dientes se lo van a identificar, pero por decirte una cosa, el año pasado se encontraron 3 cuatro fosas clandestinas en varios sectores peliurbanes de la ciudad y esa gente pues no pasa ni a las estadísticas y muchos de ellos ni siquiera son identificados.

JOH, caso no aislado

La detención del expresidente Juan Orlando Hernández en 2022, recientemente indultado por Trump,  dio la vuelta al mundo en la apertura de informativos. Condenado 45 años por narcotráfico, el caso Hernández es el más conocido pero dista de ser un caso aislado. La simbiosis entre narco y poder político es una gangrena en Honduras. La financiación de las campañas políticas es la puerta de entrada del narcotráfico y el problema del origen es el costo de las campañas, según apunta el director de Flacso Honduras, Rolando Sierra. "Aquí hay que decir que en el caso de Honduras las campañas son de alto costo. Hay mucha inversión en publicidad, inversión en recorrer el país. De hecho, hay candidatos a diputados que lo que invierten en su campaña electoral es mucho más de lo que van a recibir como salario en los en los cuatro años. Entonces, frente a esto, busca, se busca el dinero donde se puede encontrar y eso abre la puerta del narcotráfico". El límite de gasto para los candidatos presidenciales es de casi 20 millones de dólares, aunque parezca poco comparado con otros países, los expertos coinciden en que es mucho para la realidad del país y critican la forma de obtener fondos discrecional y carente de supervisión. Cristian Nolasco, de la organización civil Consejo Nacional Anticorrupción, critica la falta de datos. "La responsabilidad de recabar esos datos corresponde a la Unidad de financiamiento de las campañas políticas. Sin embargo, como la unidad está debilitada, no presenta datos. Entonces no podemos ni siquiera retomar esos datos de quiénes y cuántos candidatos o candidatas son de cierta manera financiados por el crimen organizado. Lo que sí podemos mencionar es que ha sido una práctica recurrente" apunta Nolasco. El resultado es que el narco financia al político. Y el político queda a su servicio. "Y por lo tanto, después el Estado termina capturado en un congreso nacional en función de quienes lo financiaron" sentencia Rolando Sierra, director de FLACSO Honduras.

La tutela de EE.UU. 

Estados Unidos siempre ha tutelado la política hondureña. Por ello, son muchas las voces que no dudan en señalar la responsabilidad de Washington en el manejo de la seguridad del estado hondureño. Julio Uclés, presidente de la Federación de Patronatos de Chamalecón en San Pedro Sula, se atreve a señalarlo claramente. "Definitivamente, el crimen organizado premió la institucionalidad del país por completo. Y también a los partidos políticos que son parte de la sociedad. Pero también había que ver el estado de responsabilidad que han tenido nuestros cooperantes nuestros socios en permitir estas cosas también porque la embajada americana tuvo conocimiento desde a desde mucho tiempo atrás  de actos reñidos con la con la ley y los permitió hasta que a ellos les convino".

La impunidad es también la base de acuerdos ilegítimos, sobornos y delitos que se utilizan para imponer proyectos vinculados con las élites poderosas. Y los periodistas corren riesgos por denunciarlo. Osman Reyes fue el presidente del Colegio de Periodistas Hondureño. "Desde el año 2000 hasta aquí, en 25 años, tenemos 104 periodistas asesinados. Lo más terrible es que en su gran mayoría, casi el 93% están en completa impunidad. Nunca se investigó las causas. Alguna gente después, el caso de algunos narcotraficantes en las cortes de Estados Unidos, revelaron que ellos habían mandado a asesinar a estos periodistas por el trabajo que realizaban" explica Reyes.

Pagar con la vida por denunciar es moneda de cambio, no solo para periodistas, también para medioambientalistas. Hace 10 años, el caso de Berta Cáceres impactó al mundo. La activista sufrió una persecución constante durante años que obligó a parte de su familia a abandonar el país. Su hija, Berta Zúñiga Cáceres, continúa una década después empeñada en llevar ante la justicia al autor intelectual del asesinato de su madre. Asesinatos, desapariciones y torturas con fines interesados y sobre una base de impunidad. Un patrón sistemático amparado por negligencia institucional en un país demasiado acostumbrado a la violencia y a la muerte.

RFI

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