Honduras: El estado de emergencia, ¿arma contra las maras o represión de derechos?

De nuestro enviado especial a San Pedro Sule, Carlos Herranz.

Durante años, el comandante Rolando Ponce tuvo la difícil tarea de ser el jefe de policía de la ciudad más peligrosa del mundo. Con una tasa de 148 asesinatos por cada 100.000 habitantes, llegó a desbancar a Ciudad Juárez en México como capital mundial de las muertes violentas. San Pedro Sula era el cruce explosivo entre corrupción local, narco internacional y pobreza extrema.

Ahora, el estado de excepción implantado desde 2022 ha ayudado a bajar la tasa de homicidios, pero las maras siguen controlando importantes sectores, extorsionando a empresarios y, como sicarios, cobrando una media de 8.000 dólares por asesinato.

El comandante Ponce atiende a RFI mientras prepara el dispositivo de seguridad para la jornada electoral del próximo domingo con el objetivo de evitar muertes durante el escrutinio como ha ocurrido en citas pasadas.

Afirma que sin haber llegado al modelo Bukele en el vecino El Salvador, han conseguido buenos resultados en la lucha contra las maras: "Hemos dado un sinnúmero de capturas a las maras y pandillas, como son los pandilleros de la 18 y los pandilleros de la Mara Salvatrucha, así como de la delincuencia común".

"Quiero decirle que las dos maras son una amenaza, porque se dedican al sicariato. Ambas también se dedican a la extorsión, al pleito por venta de territorio de drogas. Sin embargo, tenemos controlado eso. A diario se están capturando jóvenes y se están remitiendo y estamos haciendo que el brazo de la justicia los abrace", prosigue.

El estado de emergencia: ¿Recorta derechos o combate el crimen?

¿Ayuda el Estado de emergencia? ¿El hecho, por ejemplo, de poder allanar antes de las seis de la mañana y esas medidas que van acompañadas del Estado de Emergencia?

"Quiero decirle que sí, porque cuando nosotros hacemos un allanamiento que es coordinado con el Ministerio Público, que lo solicita al poder juzgador, que es el juzgado, tarda un poco. El estado de excepción es una herramienta que ha venido a apoyar al Estado", responde. 

En cuanto a las quejas por violación de derechos, el comandante Ponce prosigue: "Muchos litigantes, muchos abogados dicen que es inconstitucional. Nosotros consideramos que es una de las herramientas que nos puede ayudar a controlar lo que es el crimen organizado".

"¿Por qué? Nosotros tenemos la investigación o la vigilancia de que en determinado sector, en un edificio ingresaron personas con aspectos delictivos o violentos y si no tenemos el estado de excepción, tenemos que hacer todo el protocolo correspondiente de acuerdo a la norma que exige el Código procesal penal y es ahí donde huyen", concluye.

La oposición critica el impacto limitado en los resultados contra el crimen del Estado de excepción, que entró en vigencia en 2022, durante el primer año de la administración de Xiomara Castro.