Angélica Pérez,
enviada especial a Estados Unidos y El Salvador
“Me pidieron firmar unos documentos, pero no los firmé. A medianoche me sacaron de un condado de Luisiana en Estados Unidos y me trasladaron a República Democrática del Congo (RDC). Como no podían devolverme a Colombia, buscaron un tercer país y me mandaron aquí, sin mi consentimiento ni autorización de un juez de inmigración”.
Tras 25 horas de vuelo, amarrados de cintura, manos y pies, José Palencia y otros quince latinoamericanos aterrizaron en el aeropuerto de Ndjili, en Kinsasa, el 17 de abril de 2026. Llegaban expulsados por la administración de Donald Trump en virtud de un acuerdo alcanzado con el gobierno de República Democrática del Congo (RDC) para enviar al país africano a personas deportadas por Estados Unidos. Una semana después, RFI los localizó en un hotel de la capital de RDC, bajo vigilancia policial y a miles de kilómetros de sus países de origen.
“Quiero regresar a mi país, pase lo que pase. Tengo más miedo de estar aquí que en Colombia”, afirmó José y contó que fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y enviado a un centro de detención en Luisiana pese a contar con la protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT), alivio migratorio que prohíbe a un Estado expulsar, devolver o extraditar a una persona a otro país donde haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.
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Aun si debe enfrentar a los tribunales de su país, nada parece detener al presidente Donald Trump en su cruzada destinada a expulsar del territorio estadounidense a los inmigrantes. “Todo parte de la creencia racista de que, de alguna manera, los inmigrantes están reemplazando a la población blanca de Estados Unidos y quitándoles sus empleos y oportunidades. Esto no es cierto. Es una falsa teoría de la conspiración. Sin embargo, personas como Donald Trump creen en ella”, explica el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, uno de los funcionarios que más se ha enfrentado a la política migratoria del gobierno federal.
Ellison señala la novela distópica El campamento de los santos, del francés Jean Raspail, y al Ku Klux Klan como referentes clave en el debate migratorio actual. “Estas posturas se basan en la falsa premisa de que Estados Unidos pertenece únicamente a personas de ascendencia europea. Se trata de una filosofía injusta, dañina y, a menudo, ilegal. Necesitamos un cambio político que restablezca la justicia”, sostiene el fiscal de Minnesota.
Una ofensiva jurídica silenciosa
►► Escuche el reportaje sonoro “Ofensiva jurídica logra deportaciones masivas de Trump. El gran negocio para ICE y las empresas carcelarias privadas”.
" David me cuenta que también hay criminales, que los reclusos no son solo inmigrantes indocumentados y que los tratan muy mal. Él está muy enfermo y no lo ha atendido un médico". Es lunes 4 de mayo de 2026. Isabel lucha por sacar a su esposo José David Ochoa Aguilar del Centro de Detención del Condado de Torrance en Nuevo México, una prisión operada por CoreCivic, la segunda empresa de cárceles privadas en EEUU.
El 9 de enero de 2026, José David fue arrestado en Mineápolis por el ICE durante la operación antiinmigración Metro Surge, pese a que desde 2024 había solicitado la reunificación familiar por estar casado con una ciudadana estadounidense
Como esta, la historias de detenidos y deportados a quienes entrevistamos revelan las razones íntimas que subyacen a la guerra contra la migración que libra Donald Trump desde su retorno a la Casa Blanca, bajo la consigna de "llevar a cabo la mayor deportación de la historia de Estados Unidos".
La mayoría de las personas expulsadas contaban en Estados Unidos con un beneficio migratorio o estaban en proceso de obtenerlo ante un juez de inmigración. Muchos de ellos disfrutaban de una protección denominada «Withholding of Removal», o suspensión de la expulsión, que suponía la garantía de nunca ser devueltos a un país donde corrieran el riesgo de sufrir persecución o tortura.
Hasta septiembre, el 70,3% de la población detenida en las prisiones del ICE no tenía antecedentes penales, pese a que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la administración actual afirman que sus redadas y operativos priorizan de manera exclusiva a criminales violentos o amenazas para la seguridad pública. "Lo peor de lo peor", los llama Donald Trump. Sin embargo, estadísticas independientes demuestran que más de 7 de cada 10 detenidos están bajo custodia por faltas netamente migratorias o infracciones menores, tales como violaciones de tránsito.
El motivo de la detención es carecer del permiso de residencia permanente lo que supone estar en situación irregular que no constituye un delito del fuero penal sino una falta administrativa.
A pesar de ello, todos fueron detenidos por los policías del ICE, mantenidos un primer tiempo incomunicados y enviados a prisiones ubicadas en otros estados, operadas por las grandes empresas privadas carcelarias del país y, regularmente, objeto de críticas por parte de organizaciones de defensa de derechos humanos en relación con las condiciones de detención, el acceso a la asistencia médica y el aislamiento geográfico de los detenidos.
Y las cifras son elocuentes. En año y medio, la segunda administración Trump disparó las detenciones de inmigrantes pasando de 21.201 personas en febrero de 2025 a rozar en julio pasado el récord de las 50.000. La cuota de arrestos impuesta a los policías del ICE es de 3.000 inmigrantes por día.
Actualmente, las expulsiones de la administración Trump superan las 1.000 personas por día. 1.745 vuelos en 2026, con un récord de 329 en julio (ICE Flight Monitor / Human Rights First). El 57% de los arrestados por ICE es deportado en menos de 60 días; solo el 7% es liberado en ese lapso.
¿Cómo ha logrado el gobierno de Trump alcanzar estos números? A través de testimonios de inmigrantes arrestados y deportados, y con el respaldo de expertos, autoridades y archivos documentales y digitales, revelamos las tácticas de la administración estadounidense —muchas de ellas declaradas ilegales por tribunales federales— para diseñar una ofensiva jurídica silenciosa.
Esta estrategia busca masificar las detenciones de inmigrantes y mantenerlos en cautiverio mediante una maquinaria de desgaste que los acorrala, obligándolos a firmar su propia repatriación o a ser deportados a un tercer país.
Principales cambios desde enero de 2025 en la política y aplicación de las leyes de inmigración de EE. UU.
- Detención obligatoria generalizada: La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) modificó su interpretación jurídica de la ley de inmigración. Ahora, cualquier inmigrante en situación irregular está sujeto a detención obligatoria sin derecho a fianza, no solo los capturados en la frontera. Esta lectura afecta incluso a quienes llevan años residiendo en el país o están en trámites de regularización (matrimonio, visas T o U, o asilo).
- Respaldo judicial a la detención: Los tribunales del Quinto Circuito (Texas, Luisiana y Misisipi) y del Octavo Circuito (estados del Medio Oeste) han acogido legalmente la política del gobierno federal de detención estricta y obligatoria sin derecho a fianza. Los inmigranets deteniudos por el ICE son traladados sistemáticamente a estos prisiones en estos estados.
- Cancelación del programa CBP One: La administración del presidente Donald Trump eliminó el programa de su antecesor Joe Biden que permitía solicitar asilo en la frontera y trabajar legalmente en EE. UU. mientras se resolvía el caso en los tribunales. La cancelación dejó a cerca de 900.000 personas en riesgo de detención y deportación.
- Destitución de jueces de inmigración: Relatores de la ONU denuncian que, desde enero de 2025, al menos 135 jueces de inmigración fueron destituidos sin causa justificada. Los datos públicos revelan que la gran mayoría de los magistrados apartados concedían asilo con una frecuencia superior al promedio nacional. Los jueces de inmigración dependen directamente del Poder Ejecutivo como empleados de libre nombramiento y remoción.
- Detenciones operativas de ICE: El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arresta a miles de solicitantes de asilo y otros beneficios migratorios mediante redadas laborales, interceptaciones viales y la colaboración con policías locales en Estados que siguen arajatabla la política migratoria federal (acuerdos 287g).
- Arrestos en sedes oficiales: Los inmigrantes sufren detenciones durante citas administrativas de rutina en oficinas de ICE. Los arrestos en tribunales disminuyeron a mediados de 2026 tras restricciones y fallos judiciales.
- Cancelación del TPS: La administración Trump eliminó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para una docena de nacionalidades, afectando a más de un millón de personas que provenían de países inseguros debido a guerras o desastres naturales.
- Ocultación de datos de detenidos: Desde septiembre de 2026, el localizador en línea de ICE dejó de mostrar a los inmigrantes con orden final de deportación. Esto incluye a personas protegidas por la Retención de Deportación o la Convención contra la Tortura.
Aunque la Suprema Corte —de mayoría conservadora— ha respaldado la mayor parte de la agenda del Ejecutivo, los tribunales federales de distritos inferiores han emitido fallos clave para bloquear o limitar varias de sus medidas más severas en materia de inmigración.
La gran industria de las detenciones y las deportaciones
“Nos trajeron esposados de manos y pies. Para ir al baño y comer, uno hacía como podía”, relató David Hernández apenas aterrizó, el pasado 12 de mayo, en El Salvador, tras soportar más de seis horas de vuelo junto a otros doscientos compatriotas suyos deportados desde EE. UU.
David fue arrestado por el ICE en Dallas, Texas. Su familia no tuvo noticias suyas hasta una semana después. Lo localizaron a 800 kilómetros de distancia, en los registros del Centro de Detención del Oeste de Tennessee (en Mason), una prisión federal gestionada por la empresa privada CoreCivic. Presionado por las condiciones del encierro y por los agentes de migración, optó por firmar su propia expulsión. David había entrado legalmente al país en 2018, tenía un permiso de trabajo vigente y un proceso abierto como solicitante de asilo.
La historia de este salvadoreño de 25 años, a quien encontramos en el Centro de Recepción de Migrantes en la colonia La Chacra de San Salvador, es el ejemplo perfecto de la maquinaria migratoria del gobierno de Donald Trump, episodio 2.
Una vez arrestados por ICE, los inmigrantes son sometidos a un viacrucis que termina en prisiones de otros estados lo que resulta un proceso kafkiano que obstaculiza su defensa y un negocio ultra millonario para el oligopolio carcelario privado.
Gran parte de los detenidos y expulsados con quienes hablamos fueron transferidos a prisiones en Luisiana y Nuevo México, operadas principalmente por The GEO Group y CoreCivic, las mayores empresas de cárceles privadas en EE. UU.
Bonanza para ICE y los gigantes de las cárceles privadas
El 4 de julio de 2025, Donald Trump promulgó la «One Big Beautiful Bill», una extensa ley presupuestaria que benefició al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con un aumento meteórico. Tras rondar los 10.000 millones de dólares, el presupuesto de la entidad aumentó a 85.000 millones para un periodo de cuatro años, convirtiéndose en la agencia policial más grande de Estados Unidos.
Esta legislación incluyó una partida sin precedentes de 45.000 millones de dólares destinados al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para la construcción de centros de detención de inmigrantes indocumentados, tanto adultos como menores.
A través de un entramado de contratos intergubernamentales y subcontratos con las grandes corporaciones de las prisiones privadas, la administración de Trump ha ido consolidando el modelo actual de privatización de la detención migratoria en EE. UU.
Y 2025 se transformó en el año dorado para los dos gigantes carcelarios privados, CoreCivic yThe GEO Group, cuyas ganancias netas alcanzaron máximos históricos en ese año fiscal gracias a los contratos y subcontratos con el ICE.
“Se trata del año más exitoso en la historia de la compañía para la adjudicación de nuevos contratos" destaco George C. Zoley, fundador y presidente ejecutivo de The GEO Group que reportó ingresos por 2.630 millones de dólares (6% de aumento). La empresa aseguró contratos nuevos o expandidos con el ICE que generaron hasta 520 millones de dólares en ingresos adicionales.
Los ingresos de CoreCivic crecieron un 13 % hasta alcanzar los 2.200 millones. El motor principal de este crecimiento financiero fue “el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), el mayor socio gubernamental de la compañía”, destaca el reporte anual de la compañía .
Se trata de un negocio archimillonario en el que los indocumentados generan ganancias tras las rejas. Bianca Tylek, directora de Worth Rises y autora de La industria penitenciaria, explica que la rentabilidad se basa en tener la mayor cantidad de personas detenidas, el mayor tiempo posible y en reducir al máximo los costos en los servicios.
Un conglomerado interesado en criminalizar la inmigración
Pero no solo estas dos megaempresas lucran con un mercado de extracción basado en criminalizar la inmigración irregular —que es una infracción civil—, sino que existe todo un conglomerado del que dependen las agencias federales, en especial el ICE, según precisa Sebastián Sclofsky, profesor del Departamento de Justicia Criminal en la Universidad Estatal de California.
El experto explica que CoreCivic y The GEO Group se encargan de la gestión de las prisiones, pero expanden su negocio (transporte, comida, vigilancia digital de las inmigrantes y aplicaciones de seguimiento) a través de contratos con sus propias subsidiarias o empresas que están fuera del universo migratorio como Amazon Web Services, que gestiona las bases de datos. Sclofsky cita algunos ejemplos:
Herramientas tecnológicas como Immigration OS y ELITE desarrolladas por la empresa de análisis de datos Palantir Technologies para que los agentes del ICE rastreen a personas con visados vencidos o en situación irregular, prioricen casos de deportación y coordinen operativos de forma masiva en tiempo casi real.
El polémico software de reconocimiento facial a través del escaneo de millones de imágenes recopiladas de las redes sociales, desarrollado por la empresa Clearview AI. En septiembre de 2025, ICE formalizó un contrato de hasta 9,2 millones de dólares con Clearview AI.,el mayor contrato que la empresa ha obtenido con cualquier departamento gubernamental hasta la fecha.
El acuerdo de mayo de 2026, valorado en aproximadamente 25 millones de dólares, entre el ICE y la empresa BI2 Technologies —especializada en tecnología biométrica— incluye el despliegue de 1.500 escáneres de iris, para que agentes en el terreno procedan a la identificación rápida de personas durante operativos de detención y control migratorio.
La aplicación ICERAID, creada por el cubanoamericano Enrique Tarrio —exlíder del grupo de extrema derecha Proud Boys e indultado por Donald Trump— con el fin de animar a los ciudadanos a delatar ante ICE a inmigrantes sin papeles a cambio de pagos en criptomonedas.
La ruta de oro del traslado de migrantes
“Me arrestaron en Mineápolis por no tener mis papeles en regla y al otro día me llevaron a Camp East o Montaña, en el Paso, Texas. Llegamos a la medianoche y a la seis de la mañana me trasladaron a una cárcel en Luisiana donde había inmigrantes y criminales. Un mes después me sacaron a la una de la madrugada de la celda, me montaron esposado de pies y manos en un avión y me expulsaron aquí a El Salvador”.
El periplo de Wilfredo Carrillo —un agricultor salvadoreño convertido en obrero de la construcción en Estados Unidos hasta que cayó en manos del ICE en enero de 2026— demuestra que hablar de detención y deportación es hablar de autobuses y aviones l
De ello se benefician, por una parte, The GEO Group a través de sus filiales GEO Transport, Inc. (GTI), Paragon o Via Incorporated que alquilan al ICE su flotilla de autobuses, furgonetas y vehículos. Estas empresas trasladan a las personas detenidas a lo largo de miles de kilómetros entre las distintas instalaciones carcelarias y cobran una tarifa por milla recorrida.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no posee una flota pública de aviones comerciales para traslados internos y deportaciones. En su lugar, el gobierno estadounidense contrata a CSI Aviation, una red que gestiona vuelos chárteres privados
Desde el 20 de enero, fecha del regreso de Donald Trump al poder, ICE Air ha movilizado al menos 110 aviones para realizar más de 5 100 vuelos en Estados Unidos y en todo el mundo. Según el seguimiento de Tom Cartwright, exbanquero de JPMorgan convertido en defensor de los derechos de los migrantes, de 600 vuelos al mes se ha pasado a mas de mil.
Detrás de estas cifras se esconde un sector privado en auge: desde el intermediario CSI Aviation hasta las compañías de vuelos charters GlobalX y la de bajo costo Avelo,.
Según revela una investigación de Milenio, estas aerolíneas obtienen millones de dólares con dichos traslados y, en algunos casos, logran revertir crisis financieras que amenazaban su supervivencia.
En un memorando interno obtenido por el Financial Times (FT), Avelo —que se ha centrado en las deportaciones— definió los vuelos de ICE como «demasiado valiosos como para ignorarlos». Por su parte, el programa de ICE Air permitió a GlobalX pasar de pérdidas a utilidades al convertirse en el 58 % de su negocio.
Entre enero y julio se registraron más de 100 000 trayectos de más de 400 kilómetros. El manual oficial de ICE Air exige, según el medio digital The Verge, que cada deportado sea «completamente inmovilizado» mediante esposas, una cadena abdominal y otra en las piernas. Los pasajeros no tienen acceso a sus lentes de contacto, a ciertos medicamentos, a los cinturones ni a las chaquetas, y su «comida» suele consistir en un sandwich seco y una barrita de cereales, sin condimentos.
Diferentes investigaciones periodísticas (como los informes de Human Rights First o ProPublica) denuncian que la red opera bajo un manto de secretismo. Entre las críticas principales figuran el uso sistemático de restricciones físicas severas (esposas, cadenas en la cintura y grilletes durante horas de vuelo), las alertas de seguridad sobre la dificultad de evacuar un avión con pasajeros encadenados ante una emergencia, y las trabas que este movimiento constante de vuelos internos causa para que los migrantes mantengan contacto con sus abogados o familiares.
Herramientas digitales de rastreo, otra mina de oro
“Debo portar la tobillera electrónica mientras el juez resuelve mi limbo jurídico”, dice una joven keniata -quien prefiere guardar el anonimato- luego de que familiares y amigos lograran reunir 5.000 dólares de fianza para sacarla de la cárcel del condado de Otero, operada por CoreCivicc, y traerla de regreso a Mineápolis.
“El agente de ICE me indicó ir a la oficina de monitoreo y seguimiento para quitarme el grillete, pero allí me dijeron que no tienen jurisdicción y me mandaron de nuevo a migración. Así que cada uno le pasa la bolita al otro”, denuncia Eustaquio Orozco Verdusco, luego de pasar cinco meses tras las rejas del ICE y CoreCivic hasta que un juez federal ordenó frenar temporalmente la detención y deportación de inmigrantes con solicitudes de visa T, visa U y VAWA pendientes.
Tanto el reconocido líder sindical oriundo de México como la estudiante de Kenia fueron detenidos durante la brutal Operación Metro Surge llevada a cabo por 3000 agentes del ICE en el estado de Minnesota. Como todos los inmigrantes que obtienen la libertad, están obligados a llevar puesta la tobillera electrónica mientas sus casos se resuelven definitivamente en las cortes.
El programa "Alternativas a la Detención" (ISAP V), supervisado por GEO Group a través de su subsidiaria BI Inc., vigila a los migrantes liberados bajo fianza mediante herramientas digitales como tobilleras electrónicas, relojes inteligentes y la aplicación SmartLINK. Según una investigación de The New York Times, este sistema representa un lucrativo negocio con el gobierno federal, consolidado con la adjudicación de un contrato de ICE por un valor aproximado de 1,000 millones de dólares.
Por este servicio de monitoreo, el gobierno paga a la empresa tarifas diarias que van desde casi 3 dólares por cada grillete de tobillo hasta 4.50 dólares por dispositivo de muñeca.
El Departamento de Seguridad Nacional está sopesando la renovación de un contrato de larga duración con la empresa para rastrear a cerca de 180.000 mil personas.
Financiamiento político bajo la lupa
Los vínculos financieros entre The GEO Grau y CoreCivic y la administración Trump son estrechos. Un análisis de la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética (CREW) a la declaración financiera más reciente del presiente reveló que sus corredores de bolsa han realizado 29 operaciones con acciones de prisiones privadas desde que regresó a la Casa Blanca. El monto total comprado y vendido ascendió a cientos de miles de dólares, repartidos entre las dos empresas.
Según registros fiscales de la Comisión Federal Electoral (FEC), GEO Group y CoreCivic donaron, cada una, 500 000 dólares al comité de toma de posesión de Trump en 2025. Y los directivos de GEO Group aportaron más de un millón de dólares a la campaña de Donald Trump para 2024.
CoreCivic gastó cerca de 2 millones de dólares en actividades de cabildeo ante el gobierno federal de los Estados Unidos durante el año 2025.
El New York Times reveló que una filial de GEO Group donó en julio 1,4 millones a la campaña de Trump, después de que su Gobierno adjudicara contratos que podrían reportarle a la empresa 165 millones de dólares al año por alojar a inmigrantes en espera de ser deportados.
Estas donaciones se dieron a conocer en un informe de financiación de campaña presentado por MAGA Inc., un super-PAC dirigido por aliados del Sr. Trump. Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca, rechazó cualquier vínculo entre las donaciones y los contratos de The GEO Group con el Gobierno.
Puerta giratoria entre el gobierno federal y las empresas privadas de prisiones
Altos cargos públicos de la administración de Trump han pasado a ocupar puestos directivos en la corporación carcelaria The GEO Group y viceversa, revela una investigacion de Proyecto para la Supervisión del Gobierno (POGO)
Daniel A. Bible, el burócrata de mayor rango del ICE a cargo de la detención de inmigrantes indocumentados renunció para ocupar un puesto de alto nivel en GEO Group a pocos días de la reelección de Trump.
David Venturella pasó de ser vicepresidente sénior y consultor de GEO Group a integrarse en el Departamento de Seguridad Nacional. GEO Group contrató también al exdirector de campaña de Trump, Christopher LaCivita, para cabildear en asuntos relacionados con contratos de centros de detención.
Asimismo, Tom Homan, el “zar de la frontera” de la administración Trump, trabajó como consultor remunerado para la firma antes de incorporarse al gobierno, mientras que la exfiscal general Pam Bondi ejerció presión a favor de la privada GEO Group antes de asumir ese cargo público promoviendo el uso de asociaciones público-privadas en los servicios penitenciarios.
Por su parte, Allen Weh, director de CSI Aviation, fue nombrado por Trump durante su primer mandato como asesor en una junta del Pentágono, mientras que su hija participó en los intentos por revertir la derrota electoral de 2020, según la investigación de Milenio.
Cárceles de lucro. Presos por contrato:
“Íbamos 38 indocumentados en el bus. Salimos a las cinco de la mañana y no nos dieron agua ni alimento en las doce horas de recorrido. Llegamos a la medianoche, nos registraron y ahí nos dieron un vaso de agua. Nada más.”, sostiene Eustaquio Orozco Verdusco sobre su traslado desde Camp East Montana (Texas) al Centro Correccional del Condado de Cibola (Nuevo México), prisión operada por la empresa privada CoreCivic.
“Te tratan igual que a un criminal independientemente de que estés allí por ser una inmigrante indocumentada”, narra la joven keniata sobre su reclusión en el Centro de Tramitación del Condado de Otero, ubicado al lado de una prisión penal ordinaria operadas ambas por la privada MTC.
Las prisiones de los condados de Cibola, Torrance y Otero se ubican en Nuevo México, el estado con mayor porcentaje de población hispana del país. Los tres centros albergan en conjunto a unos 3.000 inmigrantes bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Estas cárceles operan mediante acuerdos intergubernamentales entre la agencia federal y cada condado que, a su vez, subcontrata a una empresa penitenciaria privada. Las administraciones locales actúan solo como intermediarias para transferir los fondos federales a la corporación
El modelo sufrió un revés el 5 de febrero cuando el estado de Nuevo México promulgó la histórica Ley de seguridad para los Inmigrantes (HB9) que prohíbe a estado, los condados y los gobiernos locales firmar o mantener contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener a personas por motivos civiles de inmigración.
Así pues, a partir de la entrada en vigor de esta legislación, el 20 de mayo, los condados de Torrance, Cibola y Otero debían rescindir sus contratos con ICE para la detención de inmigrantes.
Pero, el Gobierno federal actuó con rapidez para mantenerlos abiertos. Y lo consiguió.
“ICE hizo un contrato directo con CoreCivic —sin ningún condado como intermediario— que permite a las autoridades federales seguir deteniendo a inmigrantes en los condados de Cibola y Torrance”, lamenta Tiffany Wang, abogada de Contigo Immigrant Justice in New Mexico
El centro de detención de Otero también permanece abierto en virtud de la prórroga por cinco del contrato con el ICE, firmada por el condado antes de la fecha de entrada en vigor de la ley HB9. “El fiscal de Nuevo México, Raúl Torrez, exigió ante la Corte Suprema del estado el bloqueo inmediato del contrato de Otero argumentando que los municipios no tienen autoridad para la detención civil de inmigrantes federales y que faltaba la firma del Departamento de Finanzas”, explica Wang.
No obstante, la Corte Suprema de Nuevo México rechazó la demanda, permitiendo que la industria de la detención de inmigrantes siga floreciendo en Nuevo México.
Convertir al Estado en una corporación y al inmigrante en una mercancía
Cabe preguntarse si la política migratoria de Donald Trump —al crear un sistema cada vez más privatizado, subcontratado y caótico— tiene otra intención más allá de enriquecer las arcas del oligopolio carcelario.
Para el experto en justicia criminal Sebastián Sclofsky, el uso de empresas privadas en la acción estatal responde a una concepción política que busca convertir al Estado en una corporación: “Se trata de reducir el tamaño del Estado —no en sus gastos, porque esto le cuesta carísimo al Estado, sino en su responsabilidad estatal— y delegar sus funciones sociales a los sectores privados”.
En la lógica del mercado, estas compañías privadas buscan lucrar y su mercancía son los inmigrantes detenidos, explica Sclofsky. Esa es la razón de ser de la criminalización de los inmigrantes indocumentados, afirma Sclofsky: “Una falta administrativa —como ingresar al país sin los documentos adecuados— se transforma en un delito. Sin embargo, el detenido no cuenta con las garantías del debido proceso penal, justamente porque se encuentra bajo un procedimiento netamente administrativo que ha sido criminalizado en la práctica".
El especialista cita como precedente jurídico importante el fallo emitido por la Suprema Corte de Israel en 2009 frente al intento de privatizar las prisiones israelíes: “El Alto Tribunal de Israel determinó que delegar la prisión a empresas privadas vulnera los derechos constitucionales a la dignidad humana y a la libertad. Convertir el confinamiento en un negocio convierte al ser humano en una simple mercancía. Y concluyó, de manera contundente, que privar de la libertad a una persona es una función soberana e inherente del Estado que no puede subordinarse a la eficiencia económica ni a las ganancias privadas”.
Mientras que en 2025 el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) triplicó su presupuesto, los gigantes carcelarios privados registraron el año más rentable de su historia y un conglomerado de empresas gozó de la disparada de sus ingresos gracias a la industria de las detenciones y las deportaciones, 2025 también fue el año más mortífero de la historia para las personas detenidas en prisiones privadas bajo la custodia del ICE.
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