La oposición de derecha (PP) y extrema derecha (Vox) anunciaron que votarán en contra, así como la formación independentista catalana Junts, mientras se multiplican las voces que piden que Sánchez adelante las elecciones previstas para 2027.
Con miles de manifestantes protestando a las puertas del Congreso de los Diputados en Madrid, la sesión arrancó con perspectivas muy complicadas para el gobierno de izquierdas, sin mayoría en la cámara.
"Los manifestantes presionan para que se convaliden los dos decretos de vivienda en la Cámara Baja, aunque está previsto que ninguno de ellos salga adelante por el voto en contra que ha anunciado la derecha independentista catalana, Junts, socios de investidura cuyos siete diputados son a menudo la llave que necesita el Gobierno para tener mayoría en el Congreso", informa desde Madrid, en la Puerta del Sol, nuestro corresponsal Juan Cascón.
Entonando cánticos como "gente sin casas y casas sin gente", los manifestantes llegaron desde la céntrica Puerta del Sol, donde hace más de una semana se instaló una acampada para reclamar soluciones contra la crisis de la vivienda que padece el país.
Si caen los decretos, la oposición reclama que Sánchez convoque las elecciones legislativas, previstas incialmente para 2027.
"La dirección de Junts se reunió este jueves en la noche para decidir su voto y acordó tumbar ambos decretos. Los independentistas pidieron además que fuesen retirados, pero el Gobierno ha decidido no hacerlo y utilizar esta votación para que se retraten, dicen, pues tanto Junts como el Partido Popular y Vox, la derecha y la ultraderecha, que también votarán en contra. Dentro del gobierno y del Partido Socialista algunos cargos piensan que el presidente debería convocar elecciones anticipadas si se tumban ambos decretos y algunas fuentes apuntan al 29 de noviembre como posible fecha para llevarlas a cabo", agrega Cascón.
El gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez aprobó estos decretos el martes en plena ola de protestas desatadas tras el desahucio la semana pasada de Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años que fue obligada a dejar el piso donde vivía desde hacía siete décadas.
Los textos incluyen, entre otros, la renovación automática de los contratos de alquiler cuando venzan o medidas para restringir los desalojos de inquilinos vulnerables. Igualmente, apuntan a los llamados "fondos buitre", entidades que adquieren inmuebles a bajo precio para maximizar su rentabilidad.
Las posibilidades de una aprobación se complicaron aún más el jueves, cuando Junts, cuyo voto a favor (o al menos una abstención) era necesario para que las medidas prosperaran, anunció que votará en contra.
Para darle su apoyo, pidió al gobierno que los retire y elabore unos nuevos textos.
La vivienda asequible es desde hace años uno de los principales problemas sociales en España, pero las protestas cobraron fuerza tras el desahucio de Maricarmen Abascal, después de que su vivienda fuera adquirida por una empresa de inversión que pretendía subirle el alquiler un 275%.
El caso provocó acampadas de protesta en el centro de Madrid y otras ciudades y convirtió a la octogenaria en un símbolo de la crisis habitacional.
Maricarmen Abascal tiene previsto regresar al apartamento donde vivía tras un acuerdo con el propietario.
Según el Banco de España, el país, de unos 50 millones de habitantes, arrastra un déficit de unas 700.000 viviendas.
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