Argentina se ubica entre los 10 peores países del mundo en derechos laborales

Argentina se incorpora este año a la lista de los 10 peores países para los trabajadores tras su descenso a la categoría “5″, señala el informe elaborado por la CSI desde 2014 y que clasifica a 151 naciones sobre la base de 97 indicadores apoyándose en convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en su jurisprudencia. 

Para Argentina, se trata del segundo año consecutivo de deterioro de su calificación, y se debe a los cambios en las leyes que el presidente Javier Milei realizó desde su llegada al poder en 2023 instaurando “las peores flexibilizaciones laborales en la historia del país”, de acuerdo con el abogado especialista en derecho laboral Federico Arabia.

El también profesor universitario recordó que la primera reforma que tuvo la Argentina fue en la época de la dictadura. “Después en los años 90, con la etapa de la máxima flexibilización laboral. Y ahora tenemos uno de los momentos más regresivos en materia de derechos laborales tanto individuales como colectivos”.

La reforma de Milei derogó las multas de la ley general de empleos, es decir que cualquier trabajador que realice sus tareas sin registro, el empleador no tiene ningún tipo de sanción a nivel de multas. “Todo esto bajo el lema de bajar los costos laborales” y facilitar “las inversiones”, explicó Arabia.

“Hay muchos ataques a lo que llamamos nosotros “el sistema protectorio jurídico del trabajador”, subrayó.

Amenazas indirectas 

Por su parte, Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, denuncia una creciente restricción del derecho de huelga y de la actividad sindical en Argentina.

“El gobierno de Milei tiene un plan sistemático para quitarle derechos a los trabajadores y a las trabajadoras y atacar el derecho a la libre expresión”.

Baradel evocó el caso de un gremio que llevó adelante un paro  convocado por tres centrales sindicales, al cual le aplicaron una multa de 21 mil millones de pesos argentinos (unos 12 500 millones de euros).

El gobierno “establece parámetros en contra de lo que indica la Organización Internacional del Trabajo, en el tema del derecho a huelga. [En Argentina] prácticamente no existe la huelga. O si hacemos huelga estamos a tiro del cobro de sumas millonarias para que no la hagamos. Para destruir a los sindicatos”.   

Ambos entrevistados coinciden en que estas medidas, consideradas restrictivas y desfavorables para los trabajadores, contrastan con la tradición histórica de Argentina, un país que, pese a avances y retrocesos, se distinguió durante décadas por una legislación laboral progresista en cuanto a protección de los derechos de los trabajadores.