Falta más de un año para que arranque legalmente la precampaña electoral, pero en República Dominicana la política ya se mueve como si el calendario no existiera. Participación Ciudadana denunció este domingo que ha identificado actividades orientadas a abrir la campaña para las elecciones generales de 2028 con más de 14 meses de anticipación, en abierta violación a la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
La advertencia llega en un momento particularmente sensible: el país enfrenta el impacto del alza internacional en los precios del petróleo, una presión que demanda la atención y los recursos del aparato estatal, no su distracción en maniobras electoreras.
Lo que dice la ley; lo que se ignora
La normativa es precisa. La precampaña para las elecciones generales de 2028 no puede iniciar antes del primer domingo de julio de 2027. La campaña electoral, por su parte, arranca con la proclama formal de la Junta Central Electoral (JCE), a más tardar 70 días antes de los comicios. Cualquier acto proselitista previo al 25 de julio de 2027 está, en consecuencia, expresamente prohibido.
No es la primera vez que se activa esta alarma. Ya el 20 de febrero de 2025, la JCE emitió un comunicado de advertencia ante señales similares de campaña anticipada. En ese documento, el organismo electoral fue categórico: "cualquier actividad proselitista, realizada antes de los plazos establecidos, está prohibida", incluyendo "consultas previas o cualquier otra modalidad con el propósito de escoger o definir precandidaturas o candidaturas, así como anuncios públicos de aspiraciones a precandidaturas o candidaturas en cualquiera de los niveles de elección."
La advertencia no fue suficiente. Hoy, más de un año después, Participación Ciudadana constata que el patrón se repite.
La sanción existe: el problema es que no se aplica
El artículo 78, ordinal 8 de la Ley No. 33-18 establece una consecuencia concreta para quienes violen estos plazos: la inadmisibilidad de la candidatura. Es decir, quien haga campaña antes de tiempo puede quedar fuera de la carrera electoral. La responsabilidad de hacer cumplir esa disposición recae, explícitamente, en la JCE.
La JCE cierra otra puerta: las encuestas como campaña encubierta
En paralelo a esta denuncia, la JCE acaba de poner en consulta pública un reglamento que prohíbe la publicación de encuestas electorales antes del inicio de la precampaña. La medida, firmada por el presidente del organismo, Román Andrés Jáquez Liranzo, busca cortar una práctica extendida: el uso de sondeos de opinión como instrumento de posicionamiento político anticipado.
Las encuestadoras que violen la disposición podrán ser suspendidas temporalmente o perder definitivamente su registro ante la JCE. La Fuerza del Pueblo fue el primer partido en respaldar públicamente la medida.
El reglamento reconoce, de hecho, lo que Participación Ciudadana denuncia: que la campaña anticipada no se libra solo en tarimas y caravanas, sino también en titulares de encuestas que instalan nombres y favorabilidades mucho antes de que el reloj electoral empiece a correr.
Vigilancia ciudadana como último recurso
Ante este escenario, Participación Ciudadana anunció que comenzará a documentar sistemáticamente las actividades que puedan calificarse como precampaña o campaña a destiempo, con el objetivo de reportarlas a las autoridades y a la opinión pública. La organización enmarca su rol como disuasorio: no busca sancionar directamente, sino exponer.
Es un reconocimiento implícito de que, cuando las instituciones no actúan por iniciativa propia, la presión pública se convierte en el mecanismo de control más efectivo disponible.
El Consejo Nacional de Participación Ciudadana emitió este pronunciamiento este 24 de mayo de 2026.
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