La aspiración presidencial de Santiago Matías, conocido como Alofoke, comienza a estar acompañada de "propuestas concretas" que ya generan debates por sus implicaciones constitucionales, sociales y de seguridad.
Este miércoles 5 de agosto, el empresario y comunicador planteó que los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deben tener derecho al voto, al igual que los demás empleados del Estado dominicano.
“Los militares y policías tienen derecho al voto, igual que los demás empleados del Estado dominicano”, señala el mensaje difundido por Matías a través de sus redes sociales.
La iniciativa se suma a otras posiciones anunciadas durante las últimas semanas, entre ellas facilitar la importación legal de armas de fuego y permitir que los negocios de entretenimiento operen durante las 24 horas, planteamientos que colocan en discusión la visión de país que promovería si alcanza la Presidencia.
Permitir el voto de policías y militares requeriría reformar la Constitución
La propuesta más reciente de Matías no podría ejecutarse mediante un decreto presidencial ni a través de una ley ordinaria, debido a que la prohibición está establecida directamente en la Constitución dominicana.
El artículo 208 reconoce el sufragio como un derecho y un deber ciudadano, pero dispone expresamente que los miembros activos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no tienen derecho a votar.
Para materializar el planteamiento de Alofoke sería necesario modificar la Carta Magna mediante el procedimiento de reforma constitucional, que incluye la aprobación de una ley que declare la necesidad de la reforma y la posterior convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora.
El debate enfrenta dos posiciones. Quienes favorecen el cambio sostienen que policías y militares conservan su condición de ciudadanos y no deberían ser privados del sufragio. Sus críticos advierten que permitir su participación podría abrir espacios para la politización de instituciones armadas que deben permanecer subordinadas al poder civil y apartadas del activismo partidario.
En países como Perú, los miembros activos de las fuerzas de seguridad ejercen el voto, aunque mantienen restricciones para realizar actividades políticas. En República Dominicana, sin embargo, la prohibición permanece vigente y cualquier cambio necesitaría garantías adicionales para proteger la libertad y el carácter secreto del sufragio dentro de instituciones regidas por jerarquías estrictas.
Facilitar el acceso legal a las armas
Otra de las propuestas presentadas por Matías consiste en eliminar restricciones a la importación de armas de fuego destinadas a ciudadanos y empresas que cumplan los requisitos legales.
El empresario cuestionó la diferencia entre los precios del mercado clandestino y los que deben pagar quienes intentan adquirir un arma dentro del sistema regulado. Según expuso, una pistola que en el mercado ilegal puede costar entre RD$50,000 y RD$70,000 podría venderse legalmente por cifras cercanas a RD$1 millón.
“Es inconcebible que una Glock cueste un millón de pesos”, expresó al defender un mercado legal más accesible para quienes buscan un arma con fines de protección personal o empresarial.
La adquisición y el porte de armas están regulados por la Ley 631-16, que exige, entre otros requisitos, certificación de no antecedentes penales, evaluación psicológica o psiquiátrica, prueba antidopaje, capacitación en un polígono y autorización del Ministerio de Interior y Policía.
En 2023, el Gobierno permitió temporalmente la importación de armas de calibres civiles para empresas de seguridad privada debidamente registradas, pero aclaró que la autorización no estaba dirigida al público general.
La postura actual de Matías contrasta con la posición que asumió en junio de 2021, cuando entregó públicamente su arma durante la puesta en marcha del plan Mi País Seguro, promovido por el Gobierno para reducir la circulación de armas de fuego. En ese momento sostuvo que tener armas podía causar más daño que beneficio y exhortó a los jóvenes que poseían armamento ilegal a entregarlo.
“24 horas de ocio” y el horario para vender bebidas alcohólicas
Matías también prometió eliminar las restricciones generales sobre los horarios de expendio de bebidas alcohólicas en colmados, bares, discotecas, casinos y centros de diversión.
Su propuesta plantea permitir 24 horas de ocio, bajo el argumento de que las limitaciones afectan la economía nocturna y colocan en condiciones desiguales a pequeños establecimientos frente a hoteles y negocios ubicados en polos turísticos.
“Proveer seguridad no es quitarnos la vida nocturna”, sostuvo al anunciar que, de llegar al Gobierno, dejaría sin efecto el Decreto 308-06, emitido el 24 de julio de 2006 durante la administración de Leonel Fernández.
La normativa prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas después de las 12:00 de la medianoche, de domingo a jueves, y después de las 2:00 de la madrugada los viernes y sábados. Durante determinados períodos, el Gobierno ha autorizado extensiones mediante disposiciones especiales.
Matías considera que la respuesta del Estado debe concentrarse en garantizar seguridad durante la noche, en lugar de limitar el funcionamiento de los establecimientos.
El planteamiento ha generado posiciones encontradas. Propietarios de negocios nocturnos alegan que las restricciones perjudican el empleo, el entretenimiento y la actividad comercial, mientras sectores vinculados con la salud y la seguridad ciudadana advierten sobre la relación entre el consumo excesivo de alcohol, los accidentes de tránsito, las riñas y otros hechos violentos.
El Tribunal Constitucional anuló el decreto
Pocos días después de la propuesta de Alofoke, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el Decreto 308-06 mediante la sentencia TC/0689/26, emitida el 28 de julio de 2026.
Aunque la decisión coincide con el planteamiento político de Matías, la acción directa de inconstitucionalidad no fue interpuesta por él. El expediente fue presentado por el abogado Víctor Eddy Mateo Vásquez, quien argumentó que una restricción general y permanente de esa naturaleza debía establecerse mediante una ley aprobada por el Congreso Nacional, no por un decreto presidencial.
El tribunal determinó que la regulación persigue una finalidad legítima, pero consideró que su aplicación indefinida carece del respaldo legal exigido por la Constitución vigente.
La declaratoria tampoco elimina inmediatamente las restricciones. El Tribunal Constitucional aplazó los efectos de su decisión durante dos años, contados desde la notificación de la sentencia, por lo que el decreto continuará vigente mientras el Congreso dispone de ese plazo para aprobar una legislación sobre el expendio nocturno de alcohol.
De la candidatura independiente a la creación de un partido
Matías confirmó en marzo de 2025 su intención de aspirar a la Presidencia en las elecciones de 2028. Inicialmente dijo que buscaría presentarse mediante una candidatura independiente, pero posteriormente anunció que trabajaría en la conformación de su propia organización política.
En julio de 2026, rechazó una eventual candidatura presidencial por el Partido Reformista Social Cristiano y aseguró que también había recibido acercamientos de otras organizaciones. Explicó que recorrería el país para reunir las firmas necesarias y solicitar ante la Junta Central Electoral el reconocimiento de un nuevo partido.
Hasta el momento, no ha presentado públicamente un programa de gobierno integral con propuestas detalladas sobre economía, educación, salud, política exterior, sistema tributario o protección social. Sus planteamientos más definidos se concentran en el voto de policías y militares, la importación legal de armas y la eliminación de las restricciones generales al ocio nocturno.
También ha asumido posiciones relacionadas con la libertad de expresión, como su oposición a disposiciones del nuevo Código Penal que, a su juicio, podían limitar la difusión de imágenes de actuaciones de funcionarios públicos.
Las propuestas conocidas permiten identificar una línea orientada a ampliar determinadas libertades individuales y comerciales, pero también plantean interrogantes sobre seguridad ciudadana, controles institucionales, prevención de la violencia y viabilidad constitucional.
El debate queda abierto: ¿estás de acuerdo con la visión de República Dominicana que comienza a plantear Santiago Matías?
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