El Diálogo Opositor rechazó la reducción del financiamiento público a los partidos políticos contemplada en el Proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 y advirtió que la medida podría afectar las condiciones de competencia de cara a las elecciones de 2028.
En un comunicado emitido este martes 13 de octubre, las organizaciones opositoras señalaron que el proyecto presupuestario contempla RD$1,750.9 millones para el financiamiento de los partidos, frente a los RD$3,498.7 millones que, según el informe explicativo del propio presupuesto, corresponderían conforme al artículo 224 de la Ley núm. 20-23.
La diferencia asciende a RD$1,747.8 millones, equivalente a aproximadamente la mitad del monto identificado en el documento oficial.
La coalición reclamó al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional que restablezcan la asignación que considera correspondiente al marco legal vigente. Sostuvo que el financiamiento público no constituye una concesión del Gobierno, sino un mecanismo para favorecer la independencia de las organizaciones políticas, reducir su dependencia de intereses económicos privados y contribuir a la equidad electoral.
Oposición vincula recorte con el calendario electoral
El Diálogo Opositor advirtió que la reducción presupuestaria se produciría en un año clave para la organización de las elecciones de 2028, debido a que durante 2027 los partidos deberán desarrollar sus procesos internos de selección de candidaturas.
Según el comunicado, la precampaña comenzará el primer domingo de julio de 2027, conforme a la Ley núm. 33-18. La Junta Central Electoral (JCE) ha fijado el 3 de octubre como fecha límite para las primarias y el 31 de octubre para las convenciones, asambleas y encuestas.
Las elecciones municipales están previstas para febrero de 2028, mientras que los comicios presidenciales y congresuales se celebrarán ese mismo año.
La coalición enumeró entre los gastos que deberán afrontar las organizaciones políticas la movilización territorial, el funcionamiento de sus locales, el personal, el transporte, las plataformas tecnológicas, la capacitación, las encuestas y la celebración de sus mecanismos internos de selección de candidaturas.
A partir de ese escenario, sostuvo que reducir los recursos públicos disponibles podría afectar la capacidad de los partidos para cumplir sus obligaciones y desarrollar sus actividades durante el período preelectoral.
El documento también plantea que la disminución del financiamiento debe examinarse en relación con las condiciones de competencia entre las organizaciones opositoras y el partido que ejerce el Gobierno. No obstante, el comunicado no presenta elementos que permitan establecer que la reducción presupuestaria responda a una intención de favorecer a una organización política determinada.
Amenaza con movilizaciones y evaluación de su participación electoral
El Diálogo Opositor anunció que recurrirá a mecanismos constitucionales, legales e institucionales para reclamar la asignación que considera correspondiente. Entre las instancias a las que prevé acudir mencionó al Congreso Nacional, la Junta Central Electoral y, de ser necesario, las jurisdicciones competentes.
También advirtió que, si esas vías no producen una solución y se mantiene la reducción, promoverá una movilización nacional, cívica, democrática y pacífica.
La coalición agregó que, ante una situación que considere incompatible con condiciones democráticas aceptables para la competencia, las organizaciones deberán evaluar colectivamente sus opciones políticas, incluida su participación en el proceso electoral.
El comunicado no anuncia una decisión definitiva de retirarse de las elecciones, sino que plantea esa posibilidad como una opción que podría ser examinada si se mantiene el escenario cuestionado.
Reclamo al Gobierno y al Congreso
La organización pidió al presidente de la República, al Congreso Nacional y a las fuerzas políticas del país que corrijan la situación antes de que derive en una confrontación política.
Su principal exigencia es que el Presupuesto General del Estado para 2027 incluya la asignación que, según su interpretación, corresponde conforme a las disposiciones legales sobre financiamiento público de los partidos.
El reclamo se produce mientras el proyecto presupuestario se encuentra en el ámbito legislativo, donde corresponde examinar su contenido y las partidas propuestas.
El Diálogo Opositor sostuvo que la disponibilidad de recursos públicos forma parte de las condiciones necesarias para que las organizaciones políticas desarrollen sus actividades y compitan en las elecciones. Asimismo, afirmó que el financiamiento debe contribuir al pluralismo y a la independencia de los partidos.
La controversia plantea una discusión sobre la asignación presupuestaria para las organizaciones políticas de cara al próximo ciclo electoral. Para determinar el alcance jurídico del reclamo, resulta necesario contrastar el monto previsto en el proyecto con las disposiciones legales aplicables y las condiciones establecidas para calcular y distribuir esos recursos.
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