Una propuesta costosa e insostenible

La propuesta de la Coalición Digna generaría un déficit de 5.2 millones por afiliado promedio. Con un salario de 37,000 pesos reales (libre de inflación) el afiliado promedio aportaría 821,221 pesos y si esos aportes se ahorraran y capitalizaran se obtendrían intereses por 732,588 al 5 % anual, acumulando un total de 1,553,809 pesos reales.

De acuerdo a la propuesta, este afiliado modelo se retiraría a los 60 años con una pensión del 70% durante un promedio de 17 años, más 3 años del cónyuge sobreviviente. Su pensión total ascendería a 6,728,218, arrojando un déficit per cápita de 5,174,408, debido a que recibiría 4.3 veces más que el total aportado y acumulado de por vida. Demasiado bueno para ser verdad y financieramente sostenible.

Los autores ocultan ese déficit, no explican cómo se financiaría ni cuál sería su impacto en la sostenibilidad del sistema. Tampoco, indican cuáles serían sus implicaciones fiscales a largo plazo y cuántos impuestos tendríamos que pagar todos los contribuyentes.

Tampoco reconocen que el sistema de reparto fomenta irritantes privilegios de quienes “reparten y reparten y se quedan con la mayor parte”? Esas son las respuestas que el país necesita y reclama para conocer la verdad.

Ante la incapacidad de demostrar su sostenibilidad financiera a largo plazo, el sistema de reparto no se justifica por méritos propios, sino descalificando al sistema de capitalización individual. La alta comisión de las AFP es utilizada como un pretexto para desacreditarlo, sin considerar la posibilidad de reducirla para elevar la tasa de reemplazo.

Ciertamente los beneficios de las AFP son muy elevados, pero en este caso lo lógico sería proponer una reducción sustancial de la comisión como lo hizo México que ya las bajó al 0.54% anual sobre el fondo administrado. En el 2019, cuando el Senado convocó para discutir el tema, esos grupos radicales se limitaron a denunciar las altas comisiones en vez de proponer su reducción.

Se descarta de antemano toda posibilidad de reforma del sistema de capitalización individual porque se trata de un enfoque unilateral para eliminarlo a cualquier costo

Se afirma que las grandes corporaciones son las principales beneficiarias y que los afiliados reciben la menor parte. Eso no es cierto de acuerdo a los resultados obtenidos. Actualmente el patrimonio de los trabajadores supera los 1,175,199.4 millones de pesos, de los cuales alrededor de 528,839.7 millones (el 45%) han sido aportados por los afiliados y empleadores y 646,359.7 millones (el 55%) corresponden a las utilidades obtenidas.

Se critica la falta de solidaridad social de la capitalización individual de Chile durante la dictadura de Pinochet. Pero no se reconoce que esa falla no justifica su eliminación, ya que hace 24 años nuestro país creó un Fondo de Solidaridad Social (FSS) a favor de los afiliados de bajos ingresos, y ahora lo que procede es fortalecerlo para garantizar pensiones adecuadas a los trabajadores con aportaciones insuficientes.

Según afirman, las altas ganancias de las AFP causan las bajas tasas de reemplazo, lo cual no se corresponde con la realidad. De acuerdo a nuestros cálculos, su reducción al 0.54% anual sólo agregaría un año y dos meses más de jubilación por lo que, aún lográndola, todavía el déficit financiero promedio equivaldría a unos 8 años y tres meses de pensión sin fondos para cubrirlos, manteniendo una situación financiera deficitaria e insostenible.

Lo cierto es que sin una reforma, las pensiones serán bajas, independientemente de que sea reparto o capitalización individual debido al impacto creciente de la longevidad. Nuestra Fundación asume la responsabilidad técnica de decir la verdad a la población, a la Comisión Bilateral, al movimiento sindical y a los políticos. 

Por eso proponemos: 1) elevar el aporte en forma gradual en 8 años para hacerlo viable a los trabajadores de bajos ingresos y a las Mipymes; 2) extender gradualmente los años de cotización, respetando los derechos adquiridos de los mayores de 50 años; 3) destinar el 4.8% al Fondo de Solidaridad Social para garantizar una pensión básica a los afiliados con aportes mayores a 180 meses; 4) garantizar una pensión solidaria a los trabajadores con cotizaciones menores a 180 meses; y 5) poner en marcha el Régimen Contributivo Subsidiado.