Una gran oportunidad para una reforma integral del sistema de justicia penal

El presidente Luis Abinader cuando comenzó su primer gobierno se puso como meta tener como legado el ser recordado como un gran reformador en todos los ámbitos institucionales del Estado. Parte de este legado puede ser construido con la gran oportunidad que le brindó el Tribunal Constitucional a su gestión mediante la sentencia TC/0765/24, la cual declaró inconstitucional la ley núm. 10-15 que modificó sustancialmente el Código Procesal Penal.

Esta sentencia da la apertura para que en el país se inicie, nuevamente, un diálogo serio sobre nuestro sistema de justicia penal atendiendo la necesidad de reformar sus bases legislativas: el Código Penal y el Código Procesal Penal. Estamos ante un escenario ideal para realizar los cambios normativos e institucionales que permitan dar el salto hacia un ordenamiento jurídico penal más acorde a los principios y valores de la Constitución.

Lo anterior viene de la mano con la reciente reforma constitucional que supuso cambios en la composición del Consejo Nacional de la Magistratura al sacar al Procurador General de la República y al mismo tiempo, garantizar su inamovilidad y modificar la forma de designación de éste con una aprobación de parte del Consejo a propuesta del Presidente de la República, como una forma de reforzar su autonomía frente a los demás poderes del Estado y así, en principio, pueda ejercer sus funciones con más independencia.

El gobierno, desde el período anterior, ha revelado sus intenciones de crear un Ministerio de Justicia que asumiría gran parte de las funciones de corte administrativo que tiene la Procuraduría General de la República, así como la administración del sistema penitenciario.

De ahí que con la reciente sentencia del Tribunal Constitucional se combinan factores favorables para iniciar una nueva ola de reformas al sistema de justicia penal, sobre todo considerando que el partido de gobierno tiene una súper mayoría en el Congreso Nacional, que estamos lejos de las próximas elecciones y por tanto, el presidente Abinader tiene una oportunidad enorme de sentar un verdadero legado sometiendo las modificaciones legislativas que corresponden y logrando el consenso necesario para su aprobación.

El país necesita un Código Penal moderno, lo que no solo significa ampliar el catálogo de infracciones con su debida descripción de la conducta típica, sino también incorporar y ampliar los delitos que se encuentran en leyes penales especiales y sueltas que han venido sirviendo de parches ante el vetusto código que tenemos. Esto procuraría armonizar el ordenamiento penal con una base sistémica en el Código Penal que debe aprobarse.

El Código Penal que se requiere, igualmente, debe estar apegado a los valores, reglas, principios y derechos fundamentales establecidos en la Carta Magna, lo que implica la estructuración de una política criminal que procure sancionar las inconductas verdaderamente lesivas y que no puedan encontrar una mejor corrección a través de sanciones administrativas, lo que significa tener como norte el principio de última ratio.

Lo anterior es para garantizar que inconductas de baja lesividad o que no ameritan la intervención de la pena, y por tanto de todo un proceso penal, puedan ser perseguidas y sancionadas en sede administrativa, la cual pudiera ser más efectiva respecto a la finalidad de la sanción.

Asimismo, aprovechando la coyuntura de reforma del Código Procesal Penal se debe prever en conjunto con el proyecto de Código Penal una redistribución de competencia de los tribunales en función de la pena a imponer, así como fortalecer los mecanismos de resolución alternativa de conflictos que permitan una intervención eficiente y rápida a la ciudadanía.

Debe aprovecharse el momentum para que la reforma del Código Penal sea conjunta con la del Código Procesal Penal para que exista una simbiosis que mejore el sistema, permita llenar vacíos actuales y garantice armonía entre ambas normas, ya que con el proyecto de Código Penal que se ha estado discutiendo en los últimos años, se crean incongruencias respecto de las competencias jurisdiccionales y los mecanismos de solución alterna.

Presidente no desaproveche la oportunidad de dejar un legado claro y contundente respecto del sistema de justicia penal, pues si es bien cursada seguro que redituará en una mejor eficacia y eficiencia de las políticas de prevención y persecución de los delitos.