Un 'código 29″ fuera de control

“La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.

El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias.

Es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.”

Lo anterior me lo aprendí de memoria. Era el mensaje primario que escuchaba día a día al sintonizar uno de los noticieros radiales mas populares de la radiodifusión dominicana en las décadas de los años de 1970 y 1980: Noti-Tiempo. Radio Comercial.

Y lo cito porque siempre entendí que, como preámbulo del noticiero radial, estaba dirigido a un sector policiaco-militar que actuaba con desafuero y sin control bajo la mirada indiferente del entonces presidente Joaquín Balaguer, violando los derechos de opositores al régimen y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Lo traigo a recordación además porque lo considero oportuno ante los hechos sangrientos que se están sucediendo en la República Dominicana en violación al artículo 3 de esa declaración: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

Esa misma declaración universal, en su numeral 1 dice lo siguiente: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.

La escogencia de la metodología de “mano dura” del gobierno del presidente Luis Abinader contra los que han cometido uno varios delitos criminales o declarado prófugo de la justicia, se les está yendo de las manos.

Alentar o permitir que un cuerpo del orden bajo su mando viole uno de los derechos fundamentales del ser humano protegidos no solo por la Constitución, sino también por esa declaración universal de la que el país se hizo comprometedor en respetar, reitero, es ilegal y podría levantar en lo futuro demandas judiciales locales e internacionales contra el liderazgo del gobierno y/o las instituciones del Estado dominicano involucrados en estos hechos punitivos.

Destacar como un logro de las autoridades “poner en 29” a más de 35 civiles sindicados como “delincuentes comunes” como estrategia única para acabar con la violencia que azota la nación, es un error de procedimiento legal que no logrará los objetivos buscados.

¿Es cierto que esas 35 personas cometieron el mismo error de enfrentar a tiros a las patrullas policiales que los perseguían?

Si para muestra basta un botón, citemos el caso de Javier Mercedes Severino, alias “Javielito”, de 27 años, quien luego de verse acorralado y sin derecho a escape, levantó las manos de rendición y aun así fue acribillado a tiros para ser el número 26 de la lista.

Esta claro que ningún ciudadano, en ninguna parte del mundo, tiene garantía de vida asegurada si ataca con un arma blanca o de fuego a un agente del orden que intenta someterlo a la obediencia por la vía pacífica.

El presidente Luis Abinader, desde el inicio de su mandato en 2020 dio muestras de fortalecer el sistema judicial y otorgar poder e independencia en el accionar de las responsabilidades de los fiscales y jueces.

¿Por qué dar muestras de acciones propias de regímenes antidemocráticos, autoritarios y abusivos?

Que mas de 80 delincuentes con récord criminal se hayan entregados a las autoridades para evitar se aniquilados salvajemente por brigadas policiales adscritas a la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), marca un hecho positivo sin precedentes en el país.

Les toca ahora a los fiscales junto al expediente acusatorio formal presentar a estos imputados ante el juez competente para que se les apliquen las penas correspondientes a sus delitos cometidos y no una decisión policial violatoria de los derechos humanos de quitarles la vida mediante la ejecución de un inaceptable y criminal “código 29”.