Trump y la erosión del orden (2)

 El yo en el poder y la tentación autoritaria

“Quien no pone límites a su voluntad termina por llamar libertad a su propio exceso”. —Montesquieu.

Es indudable que la contradicción, así como las volteretas de posición frente a asuntos de la mayor relevancia estatal, definen una parte del estilo de gobierno del presidente Trump; la otra, menos visible, se revela en su relación con el poder mismo. Más que un dirigente simplemente fuerte o carismático, Trump aparece como un gobernante inclinado a personalizar el mando hasta casi confundirlo con su propia personalidad. Todo, al menos en apariencia, debe pasar por él, por sus relatos controvertidos, agravios y humillaciones a terceros desmedidos, necesidad de reconocimiento y aplausos, o por su impulso de castigar y relegar a quienes no se pliegan a su lealtad ni satisfacen sus expectativas personales.

Se trata de un fenómeno que remite a formas clásicas de personalización extrema del poder, advertidas en dictadores como Stalin y, después de él, en numerosos tiranos de nuestra América, que no solo se distinguieron por un ejercicio brutal del mando, sino también por la voluntad de volverlo inseparable de la figura que lo encarnaba. En Trump, sin ánimo de exageración, se consolida una tendencia peligrosa a convertir el Estado en espejo de la propia voluntad.

Lo expuesto ayuda a comprender por qué muchas de sus medidas desbordan las polémicas y controversias normales de cualquier administración. Así ocurrió con los indultos generales y las conmutaciones relacionadas con los hechos del Capitolio del 6 de enero de 2021, presentados como actos de reconciliación nacional y acompañados de directivas para promover sobreseimientos en causas pendientes. Pero ¿qué clase de reconciliación puede invocarse cuando la clemencia masiva sustituye el examen diferenciado de responsabilidades y cuando el gesto presidencial parece querer intervenir no solo en la suerte judicial de los acusados, sino también en la memoria moral del país sobre aquel episodio?

En este punto aparece uno de los rasgos más delicados de la presidencia de Trump. Cada vez se la ve más distante del gobierno de reglas comunes, que es, en buena lógica, lo que cualquier sociedad debería esperar del mandatario de una nación tan poderosa. Lo que emerge es la capacidad de proteger a los cercanos, de reordenar el relato de los hechos y de imponer sanciones o represalias a quienes encarnan la desaprobación incómoda.

Todo ello sale a relucir en las medidas dirigidas contra figuras como Christopher Krebs y en las órdenes contra grandes despachos jurídicos. Esas autorizaciones de seguridad, acompañadas de restricciones administrativas y revisiones con visible carga punitiva, transmiten la imagen de un Ejecutivo que ya no distingue con claridad entre la defensa institucional del Estado y la defensa personal de su propia narrativa. Es ahí donde comienza a diluirse la frontera entre autoridad y represalia abierta.

El problema también se extiende a terrenos donde el poder pretende presentarse como garante de principios que luego manipula a su conveniencia. Así ocurre con la libertad de expresión, invocada como bandera mientras se toleran o impulsan gestos estigmatizantes contra actores incómodos. O con la cuestión migratoria, donde el uso de términos como “invasión” y “guerra irregular” convierte de hecho la migración en una amenaza casi bélica y crea las condiciones simbólicas para la excepcionalidad y los abusos permanentes. O con la salud pública y la política ambiental, donde se rechaza el entramado multilateral y, al mismo tiempo, se invoca la experiencia ajena cuando conviene a decisiones domésticas. El hilo conductor es claro: los principios se usan, se abandonan o se recuperan según su utilidad política inmediata.

El problema no reside solo en el contenido de esas decisiones, sino en la psicología política trumpiana, que parece necesitar que el poder se vea, se sienta y se recuerde. Más que mandar e imponer, hay que escenificar el mando, mostrar quién queda dentro y quién fuera (ya destituyeron al secretario de la Armada John C. Phelan) y dejar claro que disentir puede tener costos. Esa necesidad de centralidad permanente, de escarmiento ejemplarizante y de humillación de los suyos y del adversario constituye una de las marcas más visibles del narcisismo político.

Conviene proceder aquí con rigor. No corresponde diagnosticar psiquiátricamente a Donald Trump desde la distancia ni etiquetarlo, con ligereza, como sociópata, psicópata o portador de alguna categoría clínica específica, no importa que un sondeo de Reuters/Ipsos, concluido el 21 de abril entre 4,557 adultos, mostrara que el 51 % de los encuestados cree que la agudeza mental de Trump ha empeorado y que su aprobación general se mantiene en     36 %, el nivel más bajo de su actual mandato.

Lo que sí resulta legítimo afirmar, a partir de su conducta pública, es que exhibe rasgos persistentes de narcisismo político, manipulación del relato, desprecio por los límites institucionales (“tengo mi propio Derecho Internacional”) y una peligrosa inclinación a instrumentalizar la verdad y el poder según su conveniencia. Estamos ante un estilo de liderazgo que gira obsesivamente alrededor de sí mismo y que vive cualquier límite como una afrenta personal.