En béisbol, un bateador puede fallar ante una recta inesperada. Resulta más difícil explicarlo cuando conoce el lanzamiento. Tres fricciones recientes con Estados Unidos tienen algo en común: las señales estaban ahí.
Primer strike: trabajo forzoso.
Estados Unidos investigó a países que no impedían eficazmente la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso. El proceso comenzó en marzo, con consultas, audiencias y plazos para adoptar correctivos. Países que establecieron prohibiciones o asumieron compromisos recibieron una tasa de 10 %. República Dominicana no adoptó las medidas necesarias y quedó con 12.5 %.
Segundo strike: el mango.
Las autoridades fitosanitarias estadounidenses habían señalado desde 2023 deficiencias en los controles dominicanos contra la mosca de la fruta. Había tiempo para corregirlas. Sin embargo, las medidas de mayor alcance llegaron después de que Estados Unidos suspendiera temporalmente nuestras exportaciones.
Tercer strike: el arroz.
Aquí resulta todavía más difícil alegar sorpresa. Con el DR-CAFTA, República Dominicana aceptó un calendario de desgravación que culminaría con la apertura al arroz estadounidense en 2025.
Tuvimos casi veinte años para prepararnos.
Pero en 2024 ocurrió algo difícil de conciliar con la necesidad de proteger al productor. El país importó alrededor de 4.2 millones de quintales de arroz, casi nueve veces el volumen del año anterior. Apenas una tercera parte procedió de Estados Unidos. El resto llegó principalmente de Brasil, Guyana, Tailandia y Uruguay.
La pregunta es inevitable.
Si necesitábamos proteger al productor dominicano frente a la competencia externa, ¿por qué autorizamos importaciones extraordinarias precisamente cuando nos acercábamos a la apertura?
En diciembre llegó el Decreto 693-24. Estableció una cuota de 23,300 toneladas de arroz estadounidense con arancel cero y un gravamen de 99 % para las cantidades superiores. Estados Unidos cuestiona esa decisión frente a los compromisos asumidos bajo el DR-CAFTA.
Proteger al productor nacional es legítimo. El arroz sostiene productores, trabajadores y comunidades rurales. El problema no es protegerlo. Es haber conocido durante casi veinte años la fecha de apertura sin preparar suficientemente al sector para enfrentarla.
Los tres casos son distintos. Meses frente a una investigación comercial, años para corregir observaciones fitosanitarias y casi dos décadas ante una desgravación previamente acordada.
Pero el patrón se repite: conocemos el lanzamiento y reaccionamos después de que la pelota cruzó el plato.
Anticiparse no garantiza que toda amenaza desaparezca, pero permite negociar desde posición más sólida, corregir debilidades y reducir costos antes de que la crisis estalle.
No controlamos las decisiones comerciales de Washington. Sí podemos anticipar riesgos, negociar oportunamente y defender nuestros intereses.
Gobernar también consiste en ver venir la jugada y actuar antes de que produzca daño.
Los tres lanzamientos estaban anunciados.
Pudimos hacer swing a tiempo. Frente a los problemas, no lo hicimos.
Y terminamos ponchados mirando.
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