Sin licencia social

El Proyecto Romero ha reactivado una discusión que la República Dominicana no ha logrado resolver hasta ahora: ¿Cómo impulsar el desarrollo económico cuando este entra en conflicto con recursos esenciales como el agua? Esta pregunta está sobre el tapete en San Juan, corazón agrícola del país situado al sur de la Cordillera Central, donde nacen fuentes hídricas que sostienen la vida y la economía.

La reacción social ha sido contundente: "Agua sí, oro no". Más de 3900 hectáreas están involucradas, en su mayoría dentro del valle, y el yacimiento de oro se ubica a escasa distancia del río San Juan. En esta región, que ya sufre de periodos de estrés hídrico, la agricultura no es solo una actividad económica sino una forma de vida, donde cualquier amenaza al agua se percibe como una amenaza existencial.

La empresa GoldQuest Mining Corp. insiste en que se trata de minería moderna, desarrollada bajo estándares internacionales. Argumenta que los sondeos han dado resultados positivos y que el Estado dominicano recibiría una parte importante de los beneficios. Se habla de una inversión de más de 50 millones de dólares y de un proyecto que podría dinamizar la economía local.

El Gobierno plantea abrir un diálogo basado en criterios técnicos. Pero el problema no es solo técnico y económico. Es de confianza. Y la desconfianza está alimentada por experiencias previas de explotación minera, como las de Falconbridge, la Rosario y, más recientemente, la de Barrick Gold Pueblo Viejo. Para algunos, la minería ha sido un motor de crecimiento; para otros, una fuente de contaminación y deterioro ambiental. En Cotuí persiste la percepción de que el agua ya no es la misma. Esa visión colectiva pesa más que cualquier informe técnico.

Además, el largo historial del proyecto contribuye a la incertidumbre. El permiso de exploración data de 2005, y durante casi dos décadas el tema ha permanecido sin decisiones definitivas. Este prolongado proceso, sin comunicación clara ni evaluación pública sostenida, ha generado temores y una sensación de opacidad.

Desde el punto de vista ambiental, los riesgos no son menores. Se señala que estos se verían reducidos por tratarse de minería subterránea. Aun así, los riesgos existen. El uso de explosivos como el ANFO puede generar contaminación por nitratos en las aguas, invisible a simple vista: el agua puede lucir limpia y estar contaminada.

Mientras tanto, el proyecto es rechazado por la comunidad, iglesias y sectores agrícolas, quienes priorizan el agua y la agricultura bajo la consigna "El agua es un tesoro". Las comunidades se han organizado. Movimientos como "Suroeste Unido por la Vida" reflejan una sociedad más consciente y empoderada, que exige ser parte de las decisiones que afectan su territorio.

El dilema es claro: apostar por la minería implica redefinir el modelo de desarrollo del suroeste del país. Pasar del "granero del Sur" a un "distrito minero" es una decisión con implicaciones profundas sobre el uso del suelo, el empleo, la sostenibilidad y la relación de las comunidades con su entorno.

La cuestión no es si el proyecto es viable desde el punto de vista geológico o rentable desde el punto de vista económico. Es la de saber si el país está dispuesto a asumir los riesgos que implica, y si las comunidades directamente afectadas confían lo suficiente como para aceptarlo. La llamada "licencia social" del proyecto está erosionada. Sin licencia social, ningún proyecto, por sólido que sea en términos técnicos o económicos, puede ser aprobado ni sostenerse en el tiempo.

También hay una paradoja que no podemos ignorar. Los dominicanos se movilizan con fuerza cuando perciben una amenaza ambiental, como ocurre hoy con el Proyecto Romero. Pero esa misma sociedad, en el día a día, convive con prácticas profundamente depredadoras: basura arrojada sin control, ríos convertidos en vertederos, urbanizaciones sin planificación por una falta de controles adecuados o de una real comprensión de lo que está en juego.

La defensa del medioambiente no debe activarse solo frente a grandes proyectos visibles como la minería. Debe ser una práctica cotidiana, una cultura compartida. Cuidar el agua no es solo oponerse a una mina; es también proteger las cuencas, gestionar los residuos, educar a las nuevas generaciones.

El desarrollo no se mide solo en cifras de inversión o en ingresos fiscales. También se mide en la capacidad de preservar los recursos que lo hacen posible.