Muchos llevan años denunciando que el salario real en la República Dominicana es bajo comparándolo con el promedio de nuestra región, así como la alta tasa de informalidad, y apuntando como principal causa la alta carga laboral cuyo mayor componente es la cesantía, sin embargo, las discusiones se han limitado a determinar el monto del porcentaje de los aumentos sin atender las raíces de la problemática.
Producto de la marcada tendencia a dejar todo para después so pretexto de acotejar las cargas en el camino, mediante la Ley 87-01 se creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social cuyos seguros de vejez, discapacidad y sobrevivencia (pensiones), riesgos laborales y salud fueron implementados en ese orden aumentando las cargas de los empleadores formales por el pago de sus cotizaciones, y aunque se sabía que era necesario decidir cómo iban a coexistir el auxilio de cesantía y las pensiones de este sistema, dado que la base del cálculo de la cesantía se había convertido de facto en una especie de compensación por la falta de un sistema de pensiones, no se tomó la decisión y simplemente se estableció un párrafo transitorio en el artículo 80 con deficiente redacción, cuyo espíritu es que debía analizarse lo relativo al seguro de desempleo y a la cesantía en un plazo de 18 meses.
El seguro de desempleo nunca debió ser visto como la solución, pues su costo tenía que ser absorbido o por el gobierno, lo que se sabía no era factible pues veníamos de la quiebra del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, o por los empleadores, lo que tampoco lo es pues aumentaría su carga laboral convirtiendo una probabilidad en un hecho cierto, el pago de las cuotas de dicho seguro. Sin embargo durante años se ha mantenido esa quimera, se ha invertido tiempo y recursos en distintos gobiernos en estudiarlo, y por más vueltas que se le ha dado al tema lo cierto es que la única solución posible implica reestructurar la cesantía poniéndole topes de tiempo y monto hacia futuro, de forma que se reduzca la carga laboral, se propicie un aumento de los salarios y con esa tendencia de incremento se mejore el bajo porcentaje de reemplazo de las pensiones de nuestro sistema de apenas entre un 15 y un 20 por ciento del salario del empleado muy por debajo del mínimo recomendado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de un 45 por ciento, razón por la cual las personas tienen que continuar trabajando para sostenerse, a lo que se suma que con el retiro pierden el derecho a la cobertura del seguro familiar de salud del régimen contributivo.
La edad de retiro de 60 años debe ser aumentada como todos los sistemas de pensiones del mundo lo han ido haciendo, pero los líderes del sector sindical se han negado, quienes dicho sea de paso no se han retirado a pesar de su avanzada edad, pues siguen pensando que no ceder un ápice es defender los intereses de los trabajadores, sin darse cuenta que no es así, pues por una parte 57% de estos no reciben ningún beneficio porque están en la informalidad por la alta carga, y por la otra, los que los reciben son víctimas del cortoplacismo que no permite que sus salarios aumenten en la medida necesaria, ni que sus eventuales pensiones alcancen cierta dignidad.
La expectativa de vida ha aumentado gracias a los avances de la ciencia y nuestro país no es la excepción, actualmente el promedio de ambos géneros es 74.46 años lo que naturalmente debería hacer propender la búsqueda de soluciones para la edad del retiro. Sin embargo, el ministro de Trabajo, quien es también el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social no se ha enfocado en la urgente necesidad de reformar nuestra Ley de Seguridad Social y ha estado auspiciando un pacto por el empleo para aumentar los salarios y la aprobación de una reforma al Código de Trabajo sin tocar la cesantía, lo que equivale a nuevamente irse por el camino fácil de poner un remiendo a corto plazo sin atacar las raíces del problema a mediano y largo plazo, cuando lo que debería promoverse es un aumento vinculado a una modificación de la cesantía, que permita una curva de ascenso de los salarios y su sinceración, y un aumento de la tasa de reemplazo de nuestras pensiones, unido a una reforma certera de la Ley 87-01. Ojalá que todos comprendamos que los problemas no se van a resolver mientras sigamos haciendo siempre lo mismo.