Concluimos la entrega anterior con estos dos pronunciamientos: “Como hablamos de reforma policial, planteamos una pregunta particularmente pertinente: ¿por qué una función especializada requiere convertirse en un cuerpo policial diferenciado?

Una cosa es que la Policía Nacional disponga de personal especializado en turismo, tránsito, protección judicial o protección de niños y adolescentes, etc. Otra, bastante diferente, es la proliferación de organismos con identidad policial propia, cadenas de mando diferenciadas y vínculos administrativos con otras instituciones, como ocurre en nuestro país. Esta discusión es relevante: revisar sus servicios y estructuras es una condición fundamental de una reforma policial”.

En América Latina es frecuente que existan distintas funciones o especialidades policiales, pero no siempre se constituyen como cuerpos separados o casi autónomos. En varios países, esas funciones permanecen integradas dentro de una policía nacional, con estructuras policiales claramente jerarquizadas.

Colombia es probablemente el contraste más interesante con República Dominicana. Tiene Policía de Turismo, de Infancia y Adolescencia, Tránsito y Transporte, Ambiental, Fiscal y Aduanera, Antinarcóticos, etc., pero oficialmente son definidas como “especialidades del servicio” de la Policía Nacional, no como policías institucionalmente independientes. Incluso en el ámbito escolar, la intervención se realiza principalmente mediante la especialidad de Infancia y Adolescencia y otras unidades de la propia Policía Nacional.

Argentina presenta el modelo contrario: allí sí existe una pluralidad institucional considerable. En el ámbito federal coexisten la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, cada una con competencias y jurisdicciones propias; además, existen las policías provinciales.

México es todavía más fragmentado, aunque por una razón diferente: su estructura federal. Coexisten la Guardia Nacional y policías estatales y municipales. La propia normativa atribuye a la Guardia Nacional funciones federales de seguridad pública y establece coordinación con estados y municipios. Aquí la multiplicidad responde principalmente a los distintos niveles de gobierno, no a crear una policía diferente para cada sector de actividad.

Vemos más arriba la descripción de modelos diferentes. Nosotros recomendamos que se utilice uno parecido al de Colombia, pero reconocemos que algunos de los factores que han influido históricamente en la formación de cuerpos policiales separados tienen mucho que ver con el manejo de presupuestos individualizados, la asignación de “especialismos “ y alianzas provechosas para los dirigentes del organismo con sectores empresariales o estatales —por ejemplo, turismo y el sector educativo—, que proveen subsidios por encima del presupuesto establecido en la PN.

El 18 de julio de 2014 se firmó un acuerdo institucional entre la Policía Nacional y el Ministerio de Educación para fortalecer la seguridad de los actores escolares, con la asignación de 500 efectivos policiales. El MINERD aportó RD$42,126,683.00 para ser utilizados en el pago de sueldos fijos, compensaciones, prendas de vestir, calzados, alimentación, material gastable y equipos de seguridad.

En un reportaje de la comunicadora Jusety Pérez en Diario Libre, 23 de septiembre 2024,  se indica que, según la Ejecución Presupuestaria 2024 del Ministerio de Educación, el presupuesto para la Policía Escolar es de 654.6 millones de pesos. Asimismo, se señala que había 3,050 agentes en todo el país y que, de las 7,839 escuelas que operan en el sector público, solo 1,800 contaban con agentes escolares. Este monto incluye la supervisión de los centros educativos, la implementación de programas de sensibilización en género, la reducción de la violencia escolar a través de actividades deportivas y socioculturales y la realización de investigaciones para proteger el sistema, incluyendo un foro sobre seguridad escolar.

Además, el presupuesto registra la adquisición de uniformes, materiales, mobiliario de oficina, equipos tecnológicos, así como productos de limpieza y otros servicios administrativos.

La Policía Escolar está dirigida por un General y cuenta con unos 20 oficiales, coroneles y teniente coroneles, distribuidos en la oficina central y en 18 subdirecciones.

En el plan operativo del MINERD para 2026 aparecen las siguientes cifras:

  • Dirección de Seguridad: RD$148,340,600.00.
  • Policía Escolar: RD$130,177,580.00.

Algunas fuentes indican que para 2026 se aprobó un presupuesto de RD$700,000.000.00. También se indica que, al ser los policías escolares miembros de la Policía Nacional, sus sueldos y otros elementos, como uniformes, equipos de transportación y comunicación, están cubiertos por la organización, y que lo aportado por el MINERD en cuanto a emolumentos solo cubre incentivos. Estos elementos necesitan ser confirmados por la Contraloría General de la República.

En cuanto a los objetivos y actividades de este cuerpo, hay varias fuentes con descripciones diferentes que, de alguna manera, necesitan ser reconciliadas.

Ahora bien, ¿necesita el sistema educativo nacional una policía propia, o necesita protocolos claros de coordinación con una Policía Nacional profesionalizada y especializada para intervenir solamente cuando la naturaleza del hecho exceda las competencias gerenciales del centro?

Otra pregunta central sería: ¿queremos una policía que administre la disciplina escolar, o una escuela con capacidad para gestionar su convivencia y una policía especializada que intervenga solamente cuando la seguridad y la ley realmente lo requieran?

Creo que esa distinción entre especialización policial y fragmentación institucional puede ser conceptualmente muy útil para el análisis de la necesidad de la seguridad escolar.

Los estudios internacionales indican que se debe evitar que la policía sustituya a las autoridades educativas en problemas ordinarios de disciplina y convivencia.

Cuando docentes y equipos de gestión reclaman que la Policía Escolar intervenga para reducir la violencia y mantener la disciplina, puede estar ocurriendo una transferencia de autoridad y responsabilidad desde la institución educativa hacia la institución policial. Eso merece analizarse cuidadosamente.

Debemos fortalecer, no sustituir, la autoridad de directores, docentes, orientadores y psicólogos para manejar convivencia, disciplina, conflictos, mediación y prácticas restaurativas. De lo contrario, podría ocurrir que, ante la violencia escolar, la institución educativa termine renunciando progresivamente a una de sus funciones formativas esenciales, trasladándola a la policía.

Bajo el clamor de ampliar la cobertura de la Policía Nacional a las escuelas, sería importante hacerse las siguientes preguntas:

  1. a) ¿Cuál ha sido la incidencia de la actuación policial en la escuela en los últimos dos años?
  2. b) ¿Dispone la Policía Escolar de una base de datos para registrar tanto sus intervenciones como las consecuencias en los estudiantes envueltos en incidentes?
  3. c) ¿ Se ha realizado algún estudio sobre los niveles de incidencia de actos de violencia en los centros donde hay presencia policial y en los que no la hay?
  4. d) ¿Cómo se relacionan las intervenciones policiales en los centros escolares con el registro de incidencias que mantiene el Ministerio de Educación?

El MINERD dispone de un sistema que registra de manera sistemática los incidentes escolares, llamado Sistema Nacional de Incidencias (SINI), pero no encontré todavía un informe público que relacione esos incidentes con las intervenciones específicas de la Policía Escolar durante 2025-2026.

En este contexto, sugiero lo siguiente:

Un encuentro nacional de actores relevantes al tema para debatir todos los elementos ligados al tema de seguridad en la escuela. Muy particularmente estas dos vertientes:

  1. La creación o el fortalecimiento de un cuerpo especializado de seguridad escolar adscrita a la Dirección de Seguridad  del  Minerd,  integrado dentro de la estructura administrativa educativa y diferenciado de la función policial propiamente dicha. Este cuerpo podría encargarse de la seguridad física de los recintos y de sus bienes, así como de labores preventivas y de control de acceso, sin armas letales y con formación especializada en derechos humanos y trato con niños y adolescentes. El cuerpo podría utilizar miles de jóvenes estudiantes universitarios que, capacitados en asuntos de seguridad —no como policías—, puedan ejercer dichas funciones sin estar dentro de la carrera policial, mientras cursas sus respectivas carreras universitarias
  2. El mantenimiento del concepto de policía de atención a la escuela, pero actuando desde los destacamentos policiales, sin presencia permanente en los centros escolares.    En esta versión, La Policía Nacional intervendría cuando se produzcan delitos, amenazas graves a la seguridad o situaciones expresamente previstas en un protocolo acordado con las autoridades educativas. En ese sentido, tengo experiencia directa con el modelo que la Ing. Ángela Jáquez, viceministra de Seguridad Preventiva en Gobiernos Provinciales del Ministerio de Interior y Policía, a través de las mesas de seguridad provinciales en Santiago, ha introducido un mecanismo por el cual los directores de las escuelas pueden llamar al comandante policial de la zona para solicitar que una patrulla policial haga acto de presencia a las horas de entrada y salida del centro escolar. Eso ha disminuido en gran medida las trifulcas que se escenifican entre estudiantes en esos momentos. Este modelo también lo he visto en la ciudad de Nueva York.

El objetivo fundamental debe continuar siendo mantener seguros el entorno y el recinto escolar, sin convertir la escuela en una extensión del espacio policial ni utilizar a la policía como instrumento para resolver los problemas normales de disciplina y convivencia que corresponden a la comunidad educativa.

Añadida a las propuestas más arriba enunciadas, recomendamos también que se haga un estudio de la función del portero de los centros escolares. Estos, originalmente, debiesen actuar como auxiliares de seguridad, no como simples porteros.

Erasmo Lara Peña

Embajador

Diplomático, educador, autor de varios libros en educación, psicología y desarrollo personal. Director del Centro Dominicano para la Paz.

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