Segundo Congreso Nacional de Ética y Juventud: soluciones desde la sociedad civil

Hablar de transparencia implica mantener un canal abierto sobre las acciones, decisiones y procesos que se realizan en el seno de las entidades gubernamentales. En la administración pública, por ejemplo, ello significa que las autoridades mantengan a la ciudadanía informada sobre sus decisiones y cómo se utilizan los recursos, lo cual es crucial para una buena gobernanza. Esto significa un nuevo modelo de relación entre la sociedad y el Estado que se basa en informaciones precisas, rendición de cuentas y voluntad de atender los reclamos de la sociedad.

En este sentido, la Constitución dominicana introduce diversos principios destinados a promover la transparencia de las actuaciones de los diferentes poderes del Estado y los ciudadanos. Entre ellos, el artículo 77, numeral 4, plasma el deber de los representantes legislativos a rendir cuentas a los ciudadanos. De igual manera, dirigiéndonos al Poder Ejecutivo, el artículo 114 señala la rendición de cuentas del Presidente de la República. Y por su parte, en cuanto al Poder Judicial, el artículo 151, numeral 1, plantea que: “La ley establecerá el régimen de responsabilidad y rendición de cuentas de jueces y funcionarios del Poder Judicial”.

A diferencia de como sucede en sociedades sometidas a regímenes autoritarios que no le dan ningún valor a la relación entre gobernantes y gobernados, nosotros concebimos que toda sociedad que ha de llamarse democrática debe suponer condiciones estables para el ejercicio y disfrute del derecho a la libertad de expresión y al libre acceso de la información pública. Así lo establece la sentencia TC/0092/19 del Tribunal Constitucional al indicar que: “(…) si la sociedad no se encuentra bien informada no podrá ser plenamente libre”.

Hacemos frente a diversos retos y desafíos institucionales que requieren una constante vigilancia, seguimiento y control para prevenir su ocurrencia. Aquí, de entrada, destaca el tratamiento de la corrupción y el nepotismo. Combatir la corrupción requiere sistemas de control rigurosos y una cultura de integridad.

En la República Dominicana contamos con diferentes entidades que se encargan de la persecución y prevención de la corrupción, conjugadas en órganos como la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, la Cámara de Cuentas y la Defensoría del Pueblo. Contamos con la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, la Ley de Compras y Contrataciones, y mecanismos como el Portal Transaccional o el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública.

Vivimos tiempos en los que la ciudadanía, y especialmente los jóvenes, demandan con mayor claridad y firmeza instituciones más abiertas, procesos más justos y una gestión pública que responda de manera real y concreta a los principios de integridad, legalidad y ética.

La transparencia no es solo un ideal. Es un pilar de la democracia. Un valor que permite a los ciudadanos confiar en sus instituciones, en sus líderes y en el sistema que los representa. La verdadera transparencia se construye día a día, con voluntad política, con ciudadanía vigilante y, sobre todo, con la participación activa de la sociedad civil organizada y de nuestros jóvenes.

Lejos de ser una población pasiva, nuestros jóvenes están impulsando campañas, creando plataformas digitales de vigilancia ciudadana, participando en consultas públicas y demandando cambios estructurales en base a las condiciones concretas del país y del mundo.

La sociedad civil tiene un rol fundamental como puente entre la ciudadanía y el Estado. Es observadora, pero también es propositiva. Puede señalar debilidades, pero también ofrecer alternativas. Y es ahí donde se encuentra un espacio de colaboración que debemos fortalecer y no limitar. Para ello contamos con las lecciones que se han aprendido en otros países y los ejemplos concretos que se derivan de sus luchas particulares que tomamos como enseñanza.

El artículo 85 del Código Procesal Penal reconoce el derecho de las víctimas —y en ciertos casos, de organizaciones y ciudadanos— a constituirse como querellantes en un proceso penal. Esta disposición es especialmente relevante en casos de corrupción pública, ya que permite a cualquier persona iniciar o impulsar acciones penales contra funcionarios que hayan cometido delitos en el ejercicio de sus funciones. Esto abre una vía importante para la participación ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra la impunidad, especialmente en contextos donde el Ministerio Público pueda no actuar con diligencia o independencia.

Por su parte, el artículo 224 regula los casos en que la policía puede realizar arrestos sin orden judicial, estableciendo criterios objetivos como flagrancia, evasión de centros de detención, o posesión de elementos incriminatorios. Esta norma es clave en la investigación de hechos de corrupción, ya que muchas veces los implicados intentan ocultar pruebas, fugarse o destruir evidencias. Sin embargo, también impone límites precisos al accionar policial para evitar detenciones arbitrarias, lo cual es esencial en contextos donde puede haber presiones políticas o intentos de manipulación del proceso penal.

En conjunto, ambos artículos forman un marco legal que busca equilibrio entre el ejercicio legítimo de la acción penal y el respeto a los derechos fundamentales. En casos de corrupción, permiten tanto una acción penal más inclusiva —mediante la figura del querellante— como una intervención policial rápida y justificada ante riesgos procesales. Esto fortalece la transparencia, promueve la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y asegura que las investigaciones se desarrollen bajo el respeto al debido proceso.

No es el momento de hacer un recuento exhaustivo sobre la situación actual de transparencia en la República Dominicana. Sin embargo, todos conocemos cuales son las prácticas que aquejan al país y que debemos prepararnos para enfrentarlas de manera colectiva y democrática. Por eso, hablemos de las soluciones. Porque a este espacio vinimos a construir. Desde esta perspectiva, presentaré cinco puntos clave que, a mi entender, deben ser impulsados y apoyados con el objetivo de fortalecer la transparencia desde la sociedad civil, en especial desde las juventudes.

1. Educación para la participación y el control social. Impulsar programas que fortalezcan la educación ciudadana en temas como derechos constitucionales, rendición de cuentas, elaboración presupuestaria y fiscalización social. Deben integrarse contenidos cívicos y éticos en los niveles medio y superior, y facilitar el trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Juventud y organizaciones juveniles con experiencia territorial.
2. Fomentar redes juveniles. Desde la sociedad civil, han surgido experiencias exitosas de observatorios ciudadanos y redes de monitoreo municipal, especialmente en temas como el presupuesto participativo, contrataciones y ejecución de obras públicas. Estas iniciativas, muchas veces lideradas por jóvenes, pueden escalar y recibir acompañamiento técnico e institucional.
3. Promoción del acceso a la información pública. Las barreras en acceder a información pública pueden limitar la capacidad de los ciudadanos para ejercer un control efectivo sobre las actuaciones que realiza el Estado. Aunque contamos con la Ley de Libre Acceso a la Información, su implementación aún enfrenta resistencias, especialmente a nivel local. Muchos jóvenes no conocen cómo utilizar estos mecanismos, y muchas instituciones no cumplen plenamente con lo que la ley establece. Recurramos a campañas nacionales para difundir estos derechos, así como alianzas con universidades y colectivos juveniles para formar promotores locales de transparencia.
4. Impulso a la participación juvenil en políticas públicas. La juventud no quiere ser solo escuchada, quiere incidir. Por ello, es fundamental que las políticas públicas en materia de juventud, transparencia y desarrollo cuenten con espacios institucionales donde los jóvenes puedan participar en su diseño, implementación y evaluación. Deben fortalecerse los Consejos Municipales y Nacionales de Juventud, garantizar su representatividad y asegurar que su voz tenga peso en las decisiones reales. Ejemplo de ello, sería las mesas de seguridad, ciudadanía y género, con la finalidad de impulsar la transparencia y la coordinación entre las instituciones públicas y la sociedad.
5. Apoyo legal y técnico a las organizaciones territoriales, regionales o sectoriales. Este es uno de los mayores desafíos que tienen los poderes públicos para afianzar el Estado de derecho con el que cuenta la República Dominicana. Muchas organizaciones juveniles y comunitarias carecen de personalidad jurídica, acceso a fondos, o conocimientos legales para constituirse formalmente. Deben promoverse mecanismos que simplifiquen y apoyen el registro y funcionamiento de estas entidades, fomentando así una sociedad civil más amplia, organizada y sostenible.

El mensaje central de mi participación es que la transparencia no es una meta aislada. Es un proceso que requiere voluntad política, recursos, compromiso institucional y sinergia social. La juventud dominicana está exigiendo participación. Y esa participación, lejos de debilitar las instituciones, las fortalece. Porque una democracia donde las voces jóvenes tienen espacio es una democracia más rica, más plural y sostenible.

En materia de transparencia es crucial que se otorgue especial atención a los mecanismos de participación civil que se ofrecen. Para el fortalecimiento de las instituciones políticas y los sistemas de representación, es preciso que los sistemas políticos permitan una participación amplia y faciliten la formación de coaliciones sólidas y gobiernos mayoritarios. Es decir, para lograr un buen diseño e implementación de las políticas públicas, el Estado necesita información por parte de los sectores sociales y el único modo de adquirirla es a través de su inclusión en los procesos.

Para cerrar esta participación, permítanme destacar que el esfuerzo que la República Dominicana ha realizado en incrementar la transparencia de los procesos gubernamentales y de toma de decisiones en los últimos años ha sido exponencial.

Hago hincapié en la labor de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEP-CA), amparada por la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11, cuyo objetivo principal es perseguir y someter los hechos de corrupción que afectan al sector público en el Estado Dominicano.

Así pues, entre otros, los avances que se presentan en la lucha contra la corrupción y la mejora del Sistema Dominicano de Justicia se traducen en la independencia judicial y la independencia del Ministerio Público para asegurar la institucionalidad democrática y el desarrollo sostenible.

Como país, tenemos la oportunidad de construir una nueva cultura política basada en la integridad, la participación y la corresponsabilidad. Y esa tarea es de todos: del Estado, del sector privado, de la academia, y muy especialmente, de la sociedad civil. Aprovechemos este momento para tender puentes entre los poderes del Estado y la ciudadanía. Para escuchar más, para colaborar más, para abrir las puertas a quienes están dispuestos a sumar.

Finalmente, felicito el esfuerzo que la sociedad dominicana ha materializado de manera clara en las últimas décadas y que aspira a vivir en el marco de un sistema democrático, plural, transparente y de reglas claras y justas. Comprender la importancia del alcance de las políticas integrales para contrarrestar la corrupción y proteger los derechos humanos es de suma importancia. Debe procurarse el respeto a la dignidad humana y garantizar mecanismos eficientes para mitigar las situaciones de vulnerabilidad que puedan presentarse en el sistema.