El 6 de agosto de 2025, el presidente de la República Dominicana firmó y promulgó la Ley 80-25, creando el nuevo Ministerio de Justicia tras más de medio siglo de ausencia.
La reforma promete ordenar el sistema, pero su éxito dependerá de la implementación.
El gran reto: garantizar la sostenibilidad de las Casas Comunitarias de Justicia (CCJs).
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En efecto, la antigua Secretaría había sido eliminada en 1964 y muchas de sus funciones quedaron dispersas en el Estado. Ahora, el nuevo Ministerio nace con la misión de coordinar políticas de derechos humanos, el sistema penitenciario, los registros y la representación judicial del Estado, sin tocar la independencia del Ministerio Público, que mantiene intacta su responsabilidad de investigar y perseguir delitos.
Es importante subrayar que la defensa pública en la República Dominicana es un órgano independiente, y no conviene que sea coordinada por el Ministerio de Justicia, pues esto podría debilitar las garantías procesales de los más vulnerables.
La creación del Ministerio puede verse como un paso positivo al separar la función penal de la gestión de la reinserción social y al descongestionar al órgano persecutor de actividades administrativas. El artículo 35 contempla investigaciones jurídicas y sociales, tan necesarias para orientar políticas públicas frente a la complejidad de los tiempos. Lo esencial será que este nuevo órgano actúe con imparcialidad técnica, transparencia y enfoque ciudadano, evitando que sus funciones se conviertan en herramientas de control partidista. Todo ministerio es político por naturaleza, como parte del Ejecutivo, pero lo que se exige es que este sea un ministerio al servicio de la justicia y no de coyunturas.
La reforma se presenta como una oportunidad histórica: ordenar un sistema de justicia fragmentado, mejorar la coordinación institucional y acercar servicios a las comunidades. Sin embargo, como todo en política y justicia, el papel aguanta mucho más de lo que la realidad permite. Su éxito dependerá menos de la retórica y más de la implementación.
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Avances posibles
La nueva estructura con viceministerios especializados puede ayudar a coordinar áreas sensibles como derechos humanos o políticas penitenciarias. Con mejores procesos y menos duplicidades, el sistema podría ofrecer mayor eficiencia y equidad.
Un reto urgente es el hacinamiento de las cárceles: hoy más de 25 mil internos viven en condiciones que han sido criticadas por organismos nacionales e internacionales. Si el Ministerio logra impulsar políticas basadas en evidencia, podría contribuir a reducir la reincidencia y recuperar confianza ciudadana en un sistema muchas veces visto con escepticismo.
También está la oportunidad de fortalecer la justicia comunitaria y los mecanismos de resolución alternativa de conflictos (ADR), que alivian la carga de los tribunales y acercan soluciones rápidas a la gente común.
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El eslabón débil: las Casas Comunitarias de Justicia
Aquí surge la gran brecha. Las Casas Comunitarias de Justicia (CCJs) —diez centros distribuidos en el país— son el corazón de la justicia comunitaria, resolviendo disputas locales y evitando que miles de casos terminen en tribunales.
Los casos más frecuentes en las CCJ incluyen mediaciones familiares, conflictos vecinales, deudas de bajo monto, convivencia comunitaria, asesoría psicológica, e incluso capacitaciones en resolución alternativa de disputas. Algunos de estos asuntos se yuxtaponen con competencias propias de los juzgados de paz, como ciertas controversias civiles menores, pero no todos: las CCJ se enfocan en prevenir la escalada de conflictos, buscando acuerdos tempranos y soluciones restaurativas en el territorio, algo que los juzgados de paz rara vez logran en la práctica.
Durante años, estas casas sobrevivieron gracias a la cooperación internacional, en especial USAID, que llegó a financiar hasta un 74% de sus operaciones. Con el retiro de esa ayuda, el modelo quedó tambaleando.
En los últimos meses se han concretado acuerdos discretos para que el Ministerio de Interior y Policia canalice fondos y mantenga abiertas las CCJs. Es un paso positivo y debe reconocerse. Pero no es una solución sostenible: son convenios frágiles, sujetos al vaivén político de cada gobierno.
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Lo que hace falta: del parche a la política de Estado
La experiencia regional es clara. En Colombia, Perú o México, las casas de justicia son financiadas de manera estable por el Estado, con apoyo complementario de sector privado y cooperación internacional. La República Dominicana sigue siendo una excepción: no tiene un marco legal ni presupuestario firme para sus CCJs.
La mejor garantía sería que las CCJ cuenten con una partida presupuestaria específica dentro del presupuesto nacional del Ministerio de Justicia, asignada de manera estable año tras año, y no sujeta a redistribuciones coyunturales. Además, la designación de un coordinador nacional de Casas de Justicia permitiría asegurar tanto la infraestructura y el financiamiento como el objetivo central: que las comunidades dispongan de un espacio confiable para resolver sus conflictos de manera pacífica y concertada.
Por eso, el camino debe ser doble:
1. En el corto plazo, un decreto presidencial que formalice las CCJs bajo patrocinio estatal y asigne recursos garantizados para su personal y funcionamiento.
2. En el largo plazo, una Ley de Casas Comunitarias de Justicia que dé base legal, estructura y financiamiento permanente, blindando estas instituciones de la volatilidad política.
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Una justicia con futuro
La creación del Ministerio de Justicia es un paso trascendental. Pero si no se asegura la sostenibilidad de las CCJs, la reforma corre el riesgo de quedarse a medias. La justicia comunitaria no puede depender de parches temporales ni de la generosidad de la cooperación extranjera.
Solo un compromiso presupuestario estable del Estado permitirá que la justicia llegue de verdad a cada barrio y comunidad. Esa será la prueba más clara de que la República Dominicana no solo revive un ministerio, sino que se decide, finalmente, a revivir la justicia.
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