Desde la campaña electoral del año 2020, el PRM hizo del PLD el mismo demonio: lo peor que pasó por el país. La Fuerza del Pueblo se salvó del descrédito máximo porque había surgido precisamente de una ruptura con el PLD y sirvió de pie de amigo al PRM.
Así evolucionó la política dominicana hasta que, a mediados de 2025, el presidente Luis Abinader convocó a una cumbre de expresidentes para abordar el tema haitiano. Ahí estuvieron Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina.
La cumbre aún no ha dado resultados concretos de políticas públicas, pero envió una señal de que el Gobierno y el PRM moderaban su feroz oposición al PLD.
Puede decirse que Abinader fue el gran beneficiario de esa cumbre porque pudo compartir el peso de la compleja política hacia Haití y hacia los haitianos inmigrantes en la República Dominicana. También porque enviaba una señal de moderación estadista.
Pero Danilo Medina fue también beneficiario porque, por primera vez, desde su salida del poder bajo las acusaciones de corrupción en su Gobierno, podía asumir legítimamente su rol de expresidente.
El fraude de SENASA también abre el camino de la crítica a la oposición, que se había mantenido cabizbaja por los escándalos de corrupción que se produjeron durante los gobiernos peledeístas.
Esa cumbre ayudó a moderar la lucha política y a enviar la señal de que en la República Dominicana la clase política seguía privilegiando la estabilidad sobre el desenfreno político.
Otro acomodo se produjo en torno a la aprobación del Código Penal, manzana de la discordia política por dos décadas.
Los tres partidos con mayoría de representación legislativa acogieron la aprobación de un código que, si bien actualizó el listado de crímenes y penas a estos tiempos, negó derechos fundamentales a las mujeres (no se incluyeron las tres causales) y a otros grupos discriminados. O sea, la clase política dominicana acordó la aprobación de un Código Penal conservador.
Cuando el Gobierno parecía tener la sartén por el mango, con la oposición disminuida y subordinada, surgió el megaescándalo de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SENASA). El Gobierno tuvo que ponerse a la defensiva y la oposición aumentó los decibeles de la ofensiva.
Ese escándalo de corrupción cierra el año 2025 con mala nota y representa un gran desafío para el PRM, que llegó al poder bajo el manto de la anticorrupción.
La línea argumentativa del Gobierno ha sido que por primera vez se someten de inmediato a los que perpetraron el fraude, a diferencia del pasado, cuando se apañaba la corrupción.
Ese argumento es un calmante, pero el fraude tenía varios años en ejecución sin la supervisión adecuada para detectarlo, desarticularlo y sancionarlo. Es evidente que el Gobierno del PRM falló.
Si no aparecen más casos de corrupción de esa magnitud, el Gobierno podría ir disipando el impacto negativo en la opinión pública de ese fraude. De lo contrario, el Gobierno enfrentará un problema de legitimidad porque, con bombos y platillos, prometió desde 2020 combatir la corrupción.
El fraude de SENASA también abre el camino de la crítica a la oposición, que se había mantenido cabizbaja por los escándalos de corrupción que se produjeron durante los gobiernos peledeístas.
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