Quizás ya para estos días el Gobierno y la sociedad dominicana entiendan que, con los cambios que se están produciendo a partir del ascenso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, no habrá mayor interés en ofrecer ayuda a Haití.

Un país pobre y negro, en un pedacito de isla del Caribe, no será prioridad para un proyecto de supremacía blanca. Por ejemplo, la semana pasada quitaron el permiso de estadía temporal a 300 mil haitianos, haciéndolos sujetos de deportación. Francia hace mucho sacó los pies y Canadá se enfrenta ahora a los embates de Trump. Naciones Unidas tendrá menos dinero, y la Unión Europea estará abrumada con sus propios problemas.

Así pues, la República Dominicana y Haití estarán solos, compartiendo esta pequeña isla que, en la época colonial europea, España y Francia dividieron.

Por muchas décadas, la República Dominicana ha definido su política hacia Haití a partir de la ilegalidad.

El comercio entre los dos países es en gran medida informal e ilegal, la migración de allá hacia acá es ilegal con pago de sobornos, y las leyes dominicanas dificultan o imposibilitan que los inmigrantes haitianos y sus descendientes nacidos en territorio dominicano adquieran estatus legal.

Por décadas, los gobiernos y la sociedad dominicana han asumido que, así las cosas, la República Dominicana se beneficiaría económicamente de Haití sin pagar ningún costo, hasta que la creciente población inmigrante y descendiente haitiana en territorio dominicano comenzó a necesitar más servicios públicos.

Mientras eso ha ocurrido del lado dominicano, en Haití la situación socioeconómica y política fue de mal en peor. Las explicaciones son múltiples y no es el objetivo aquí abordarlas. Solo decir que, a estas alturas, las interpretaciones históricas importan menos que la dramática situación que vive Haití.

Desde el año 2022, el presidente Luis Abinader ha repetido en su peregrinar que la República Dominicana no puede hacerse cargo de Haití. Es verdad. Pero su clamor ha tenido poco impacto en promover soluciones, y ahora habrá menos interés por Haití a nivel internacional.

Para protegerse, la República Dominicana puede construir un muro gigante, pero el mar rodea y permite cruzar. La República Dominicana puede deportar haitianos, pero volverán con el pago de soborno y los emplearán porque la economía dominicana necesita la mano de obra. La República Dominicana puede mantener sus leyes migratorias restrictivas, pero la realidad social de una masa poblacional creciente sin documentación pesará muchísimo algún día.

Atención: si los haitianos siguen siendo muy pobres, seguirán reproduciéndose mucho más que los dominicanos, porque la pobreza es el principal reproductor de la especie humana (no el amor). Y, eventualmente, se concretará lo que aterra a tantos dominicanos: los haitianos dominarán numéricamente la isla.

A quien más debe interesarle que Haití prospere (aparte de a los haitianos) es a los dominicanos.

El Gobierno, las universidades y las organizaciones sociales dominicanas deben comenzar a pensar inteligentemente sobre cómo contribuir a forjar un Haití próspero, a pesar de las inmensas adversidades. No es por caridad, es por supervivencia, conveniencia y convivencia.

Rosario Espinal

Socióloga

Autora de los libros “Autoritarismo y Democracia en la Política Dominicana” y “Democracia Epiléptica en la Sociedad del Clic”, y de numerosos artículos sobre política dominicana publicados en revistas académicas en América Latina, Estados Unidos y Europa. Doctora en sociología y profesora en Temple University en Filadelfia, donde también ha sido directora del Departamento de Sociología y del Centro de Estudios Latinoamericanos.

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