Relato de un delincuente

Furiosos ataques y descalificaciones han escenificado opinantes de algunos medios radiofónicos y televisuales contra el dueño de un canal de You Tube tras la difusión de la entrevista realizada a uno de los autores materiales del asesinato, el 20 de septiembre 2026, de Zeneida Socorro Castillo, 60 años, e intento de homicidio voluntario contra su esposo, Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido en el ambiente merenguero como Julián Oro Duro, 58 años, poco después de la medianoche del 27, al llegar a la residencia en el sector Brisa Oriental VI, municipio Santo Domingo Este.

Desde su perspectiva, la puesta en escena de la interacción del expolicía Rubén Uceta, dueño de Apogeo TV,  con Kevin Daniel Germán Troncoso, 23 años, previo a entregarlo a la Policía luego de la advertencia pública “Se busca”, se hizo con la pretensión de desviar el curso de la investigación y desligarlo del crimen al permitirle remarcar una historia en la que derivó culpas en otros y se presentó como víctima: motoconchista agobiado por las deudas, llamado para un servicio de transporte por RD$20,000, desconocedor de la trama y obligado a punta de pistola a presenciar el hecho sin inmutarse.

Algunas horas después del crimen y de la televisación de la entrevista, las autoridades desenredaron la madeja.  Casi seguro que vieron y analizaron el producto televisual para afinar la puntería hacia el foco del hecho.

Acusaron de la planificación al técnico de confianza en la casa, Phillips Michael Tejeda Vásquez (Leandro) y al chofer del artista, Juan Carlos Hernández García (Peña), y, como ejecutores, a Kevin Daniel, el motorizado, y a Lawrence Mark Liranzo Marcos (Chiquito), 18 años, persona también de mucha confianza de la pareja atacada (recadero). Recuperaron prendas de oro y dinero (dólares y pesos).

Quienes ejercen el periodismo como disciplina del campo científico comunicación social, saben sobre los dilemas éticos que se enfrentan en la cotidianeidad. Y uno de ellos surge cuando se está frente al delincuente que daña a la sociedad: lo denuncian ante la autoridad o lo entrevistan para conocer y socializar su historia.

Como no somos policías, sino periodistas, se supone que la segunda opción debería ser la más viable: entrevistar al infractor en el entendido de que la noticia debe contener versiones encontradas para darle al lector la posibilidad de contrastar y, motu proprio, acercarse a la verdad.

Pero resulta que cada vez más periodistas o personas que se llaman comunicadoras, sobre todo en televisión y radio, abandonan el entrevistar que manda la profesión, para asumir el interrogar y demás elementos del discurso policial, como si fuesen investigadoras policiales. Una transgresión ética en tanto niega el derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, a la vez que resta calidad al periodismo como servicio público.

Conformarse solo con una versión estructurada con la terminología discreta propia de la PN (apodos despectivos, delincuente y otras frases estigmatizadoras), sin la debida atribución, es sesgar la información y contribuir a formatear percepciones sociales retorcidas sobre los hechos.

Igual cuando, por el matrimonio periodístico con el declaracionismo, el denuncismo y la fuente, se estructura una “noticia” solo con base en la opinión de un político, empresario, narcotraficante disfrazado de filántropo o inversor, sin un ápice de contextualización. Cabe preguntarse: ¿Verbaliza la verdad? ¿Qué no dijo que debió decir? ¿Por qué? ¿A quién quiere afectar? ¿Es inocuo su discurso?  ¿Acaso no es una opinión de un sujeto que, como tal, vive en la subjetividad?

De acuerdo con tales criterios y en honor a la confrontación de fuentes, resulta válida la entrevista al “motoconchista”. Válida, independientemente, de que el entrevistador haya sido policía corrupto o buscador afanoso de “views” con productos amarillistas para monetizar. Independientemente de su escasa profesionalidad y de la narrativa del acusado.

Resulta entendible la negación del entrevistado sobre autoría material, en tanto reacción natural en un primer momento, con la sangre de las víctimas aún fresca y la población alborotada por la tragedia.

Para quienes se ufanan de ser periodistas éticos, la posición no debería ser atacarlo ferozmente, junto a su acompañante, sino poner el ojo crítico sobre el hecho, dudar de lo dicho sin importar quién sea, para investigar, atar cabos sueltos, documentar, buscar otras versiones, contextualizar, analizar y poner en perspectiva. Un ejercicio que debería ser rutinario en el abordaje de cualquier hecho noticioso.

La bulla, la superficialidad y el sensacionalismo se imponen y distraen la atención sobre los sitios donde el Estado, por su ausencia, construye la violencia al no atender derechos humanos fundamentales y permitir el reinado del narco: los barrios. Eso también es una forma de ocultamiento. De complicidad indirecta con el mal.

Nada ayuda en la búsqueda de la verdad cuando apelamos al recurso de etiquetar con adjetivación negativa a Uceta y su medio.

Él es una hechura inacabada de una práctica heredada de los medios tradicionales, donde muchos se desviven con un periodismo facilón que contribuye a la construcción de perniciosas leyendas urbanas, como una socialmente más dañina articulada en 2015, víspera de las elecciones nacionales, por un comentarista de radio y aspirante a legislador con el aval de un periódico y coreada acríticamente por otros medios.

El guión se estructuró y desarrolló a partir de un relato de dos jóvenes delincuentes sobre extracción de órganos de la niña Carla Massiel Cabrera,10 años, para reimplantarlos a un médico-empresario dueño de dos clínicas y de una finca en la comunidad. Citaron a una hija del facultativo como intermediaria. Y apareció un abogado para sostener la mentira y hasta sugerencias de “mediaciones” para llegar a acuerdo. Pero escasamente el periodismo para escrutar y determinar la realidad detrás de la narrativa.

Al final, los jóvenes fueron condenados a 30 años de cárcel tras ser acusados por el Ministerio Público del rapto, violación, muerte y enterramiento del cadáver en un solar baldío en el municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo.

La falacia, sin embargo, generó una gran ola de miedo y pánico en la sociedad dominicana, cuyo impacto nadie ha medido; quebró el vital programa nacional de trasplante de órganos, agravando las posibilidades de sobrevivencia de muchos pacientes; dañó la credibilidad de los centros de salud y tuvo un impacto brutal en la familia del médico. Daños irreparables.

No se aprendió la lección, no hubo siquiera remordimiento. Seguimos atados al ruido, sin autocrítica, repitiéndonos, pensando en que estamos libres de ser atacados por la delincuencia callejera y… de cuello blanco.