Cada 13 de octubre, el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres nos recuerda una prioridad de política pública: prevenir antes que reparar.
En 2025, el mensaje es claro: financiar la resiliencia es más eficiente que financiar los desastres.
Se trata de avanzar, juntos, de la reacción tardía hacia la inversión preventiva y oportuna, con el fin de evitar pérdidas, proteger vidas, fortalecer el desarrollo humano sostenible y cuidar las finanzas públicas.
Más vale prevenir que curar. Por más difícil que resulte —y aunque parezca obvio—, la realidad es sencilla: los desastres tienen un alto costo; lo que no logramos prevenir encarece la recuperación y genera mayor presión sobre los recursos públicos.
Proteger el capital público es proteger el crecimiento y el desarrollo humano sostenible.
El Informe Regional de Desarrollo Humano del PNUD 2025 para América Latina y el Caribe (ALC) —Bajo presión— sitúa la resiliencia como eje para recalibrar el desarrollo y convertirla en inversión prioritaria.
En la República Dominicana, el mensaje cobra vida en una acción concreta y estratégica: proteger las infraestructuras públicas críticas que sostienen la vida cotidiana, los derechos y la productividad —escuelas, acueductos y hospitales, entre otras—.
Cuando un desastre las daña, el costo económico y social se dispara; en cambio, su calidad y resiliencia condicionan cuánto y cómo crece la economía y cuánto avanzamos en bienestar para las personas y para el planeta. Blindarlas no es solo un deber moral colectivo: es una apuesta estratégica que fortalece la estabilidad y la resiliencia macroeconómica. Aulas que no se cierran, hospitales que siguen funcionando y acueductos 24/7 actúan como amortiguadores ante eventos extremos; cuando fallan, se interrumpen servicios, se frena el aprendizaje y la salud, y se resiente la economía. Asegurar y reforzar estos activos permite preservar vidas, reduce el shock fiscal ex post y acelera una trayectoria de desarrollo más inclusiva y sostenible.
Caja de herramientas RD: del diagnóstico a la inversión
República Dominicana no parte de cero. El país cuenta con un Código de construcción, unificado, recientemente presentado por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones -MIVED- para obras más seguras, formales y sostenibles.
Dispone además de metodologías estandarizadas y reconocidas internacionalmente para evaluar la seguridad y la resiliencia: el Índice de Seguridad en Centros Educativos (ISCERD) del Ministerio de Educación (MINERD), actualizado con enfoque de género e inclusión, con aportes del Ministerio de la Mujer y CONADIS; el Índice de Acueducto Seguro del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados -INAPA-, y el marco de Hospitales Seguros aplicado por el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud. A esto se suma una Red de Evaluadores Estructurales (REED) en expansión, integrada por ingenieros y arquitectos del sector público y privado, impulsada por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones -ONESVIE- y fortalecida por la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos -ESNAGERI-.
Ya existen infraestructuras críticas evaluadas y una cartera de mejoras en marcha, fruto de un esfuerzo sostenido con la cooperación internacional con el apoyo de donantes y socios como la AECID, la Unión Europea, el Banco Mundial, el CDRI/IRIS (Coalición para Infraestructura Resiliente ante Desastres/ Infraestructura para Estados Insulares Resilientes). Por supuesto, en estos esfuerzos, el Ministerio de Hacienda y Economía y el Ministerio de la Presidencia desempeñan un papel clave, en virtud de sus mandatos en materia de financiamiento, coordinación y articulación de las acciones de prevención, preparación y recuperación.
Esta base instalada permite pasar del diagnóstico a la inversión, alineando normas, capacidades y financiamiento para financiar la resiliencia, no los desastres.
Una agenda de infraestructura resiliente para RD
Falta el paso decisivo: priorizar y financiar intervenciones de alto retorno para infraestructuras que reduzcan pérdidas, mantengan servicios y protejan el espacio fiscal. Este 13 de octubre la propuesta es dejar una señal clara: convertir el lema en resultados medibles en 36 meses mediante lo que podría ser un Plan Nacional de Infraestructura Resiliente, realista, territorializado y de ejecución obligatoria, incorporado a los presupuestos de los próximos tres ejercicios. Comprometernos juntos —por decreto, por contrato y por convicción— a que cada escuela, acueducto y hospital priorizado tenga diagnóstico y mejoras ejecutadas en ese plazo.
Este paso es la oportunidad de implementar la visión detrás prioridades nacionales al respecto. El fortalecimiento y la expansión de infraestructuras de calidad forman parte de las diez metas prioritarias del Gobierno para 2028, mientras que el desarrollo de infraestructuras resilientes y a prueba del clima constituye un eje estratégico de la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2015-2030.
Hagamos del lema una realidad compartida y medible: financiar la resiliencia mediante proyectos construidos con la participación activa de las contrapartes y de la ciudadanía, desde su diseño hasta su implementación y seguimiento, con resultados visibles y verificables por las comunidades.
Porque el mejor legado no es solo recuperarse más rápido, sino evitar que las infraestructuras colapsen y garantizar que sigan sirviendo a las personas cuando más se necesitan.
Si la infraestructura pública es el corazón del desarrollo, fortalecerla es una tarea colectiva y una apuesta de política económica y de justicia social.
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