En la medida en que crece la economía, se produce, como es lógico, un aumento del ingreso nominal en general y, particularmente, se presentan mayores oportunidades en términos de empleos, tanto a nivel formal como informal, y esto tiende a mejorar las condiciones de vida de los hogares en términos generales.
No obstante lo planteado anteriormente, se presentan disparidades tanto desde el punto de vista de las cantidades de empleos generados como de los nuevos ingresos producidos y la calidad de estos.
En un estudio reciente del Observatorio Laboral del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se establece que en América Latina y el Caribe se han alcanzado en los últimos años cifras récord en términos de empleo de calidad, pero esa condición no llega a la mayoría de la población.
El estudio del Observatorio de Empleos inicia midiendo lo que denomina índice de mejores trabajos, en el que evalúa los empleos desde el punto de vista de la cantidad y la calidad. La cantidad se mide mediante la participación laboral y la ocupación, mientras que la calidad se evalúa a partir de la formalidad del trabajo y de si los salarios son suficientes para superar la pobreza. El índice mide esos cuatro componentes: participación laboral, ocupación, formalidad y salarios suficientes.
El estudio analiza la evolución del índice de mejores trabajos en el período 2010-2024. Uno de los descubrimientos de este estudio es que el índice de calidad del empleo alcanzó su nivel más alto en el año 2024; sin embargo, se ubica en 40,6 de 100, lo que expresa que es insuficiente. Esto se puede traducir en que más de la mitad de los trabajadores de América Latina se encuentran en condiciones de informalidad laboral y cuyos ingresos obtenidos durante las jornadas de trabajo no les permiten salir de los niveles de pobreza.
Un aspecto que se destaca es la ligera mejora que se produce en la calidad del empleo, que, en términos de formalidad, pasó de 27 puntos de 100 a 31 puntos en el año 2024. Esto se ha debido al aumento de los ingresos, aunque se considera que el bajo nivel de formalidad sigue siendo un gran reto para los países latinoamericanos.
Indiscutiblemente, siguiendo las conclusiones del estudio en cuestión, la informalidad no solo se expresa en bajos salarios, aumento de la pobreza y de la desigualdad, sino que también limita los niveles de productividad, convirtiendo esta dinámica en un círculo vicioso.
Cuando se aborda el tema de la formalidad en el trabajo, una cifra preocupante es que el 69 % de la población está en condición de informalidad laboral y sin acceso a la seguridad social, y cerca del 50 % de la población en edad de trabajar vive en condiciones de pobreza laboral, es decir, con ingresos insuficientes para superar el nivel de pobreza (1,95 dólares de poder adquisitivo, según la paridad del poder adquisitivo [PPA] de 2011).
Para el caso de la República Dominicana, que se encuentra ligeramente por encima del promedio de América Latina, los indicadores son los siguientes: en calidad, 45,3 frente a 40,6 de América Latina; en el índice de mejores trabajos, 60,6 frente a 58 de América Latina, y en el componente de calidad, 76 frente a 75,4 de América Latina. Sin embargo, gran parte del empleo generado sigue siendo de baja calidad.
A pesar de que se destaca que la República Dominicana supera en siete puntos al promedio latinoamericano cuando se mide el componente de salario suficiente y en tres puntos al referirse a la formalidad laboral, más de la mitad de los trabajadores dominicanos no tienen un empleo de calidad. La tasa de informalidad laboral en la República Dominicana se ubicó en el 53,8 % en el segundo trimestre del año 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), que realizó el Banco Central.
Esta última información con relación a la informalidad laboral en nuestro país, más que llevarnos a pensar que estamos por encima del promedio de otros países de América Latina, debe enfocarnos en hacer propuestas y ejecutar acciones de política laboral para reducir la informalidad, que impacta negativamente en la calidad de los ingresos de una parte importante de la población y que, además, arrastra a una alta tasa de inseguridad social y perpetúa la marginalidad de más de la mitad de los hogares dominicanos.
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