El anuncio de la suscripción en esta semana en París de un memorándum de entendimiento entre la República Dominicana y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para establecer un marco de cooperación, como señaló el presidente Luis Abinader, es «un primer paso» para nuestra futura adhesión como Estado miembro de esta organización que reúne a los países de mayor desarrollo en el mundo.

Y es un paso en la dirección correcta. A pesar de que algunos con razón pensarán que cumplir con los estándares de calidad y buenas prácticas de la OCDE en un país como el nuestro, con evidentes desigualdades, altos índices de pobreza e informalidad, sería una carga demasiado grande, lo cierto es que la OCDE está integrada actualmente por 38 países miembros, entre los cuales hay cuatro latinoamericanos: México, que ingresó en 1994; Chile, en 2010; Colombia, en 2020, y Costa Rica, en 2021. En la actualidad, de los ocho países en proceso de adhesión, tres son latinoamericanos: Brasil, Argentina y Perú.

Más aún, recientemente Paraguay firmó un acuerdo similar y se espera que Panamá lo hará próximamente, por lo que, de no insertarse la República Dominicana en esta ruta, quedaría fuera de los países latinoamericanos con perspectivas de alcanzar la apertura de las puertas de la OCDE. En adición, siendo Costa Rica miembro desde 2021 y estando Panamá buscando activamente poder iniciar la ruta de su adhesión, la República Dominicana tiene que realizar lo necesario para alcanzarlo, pues esos son los dos países con los que nos medimos en la región y con los que competimos en múltiples aspectos, y no tener el sello de garantía que representa la OCDE sería un elemento en desfavor.

Debemos estar conscientes de que este es un proceso largo, que en el caso de Costa Rica y Colombia tomó entre siete y nueve años desde el momento en que manifestaron su interés en adherirse hasta que recibieron la invitación y la formalizaron, el cual implica un proceso riguroso de evaluación que, como ocurrió en esos países, entrañará una serie de recomendaciones y una agenda de reformas y medidas que deberán irse implementando hasta lograr la calificación final para la adhesión.

El cumplimiento de los estándares de la OCDE es una especie de certificación ISO de buenas prácticas desde el punto de vista de las políticas públicas; sin embargo, tampoco puede pensarse que sus efectos son inmediatos ni que garantiza que los estándares se mantendrán. Y aunque haciendo un balance sobre los efectos de la pertenencia de los países latinoamericanos a esta habría que concluir que, si bien ha impulsado algunas mejoras en cuanto a la transparencia fiscal y a los estándares de políticas públicas, los desafíos estructurales de desigualdad, desempleo e informalidad laboral, entre otros, persisten, hay que admitir que el continuo monitoreo, las mediciones y las recomendaciones representan un ojo crítico independiente importante de cara a los distintos gobiernos de esos países.

Celebremos el pistoletazo de salida de la carrera para alcanzar el ingreso a la OCDE de nuestro país. El tiempo para llegar a la meta dependerá de muchos factores y exigirá reformas y medidas que no serán del agrado de todos, pero quedarse fuera de la carrera no es una opción, y obtener ese sello de garantía probablemente tendrá un balance positivo.

Marisol Vicens Bello

Abogada

Socia de Headrick Rizik Alvarez & Fernández desde el año 2000. Miembro del Comité Ejecutivo del CONEP, Asesora legal de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). Fue presidente de COPARDOM y de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).

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