Que a nadie le quepa duda de que el nuevo ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz Domingo, ha comenzado a reunirse con diferentes sectores de la economía, posiblemente con la intención de generar discusiones orientadas al diseño de un nuevo planteamiento de las autoridades para una propuesta de Reforma Fiscal. En nuestra opinión, esta discusión sobre una Reforma o Pacto Fiscal en la República Dominicana no puede limitarse a ajustes de tasas impositivas o a parches en la estructura tributaria. Debe ser, por primera vez en décadas, un ejercicio serio de reingeniería fiscal y ética política que ataque de raíz las causas estructurales que drenan las finanzas públicas y frenan el desarrollo.
El país arrastra problemas crónicos y promesas incumplidas que, lejos de corregirse, se han profundizado. Entre ellos, destaca el déficit del sector energético, la evasión y elusión fiscal, las exenciones no productivas y la corrupción administrativa, todos sostenidos por un patrón de permisividad política que ha convertido la informalidad en norma y la impunidad en costumbre.
En 2020, el déficit del sector eléctrico rondaba los USD 500 millones y era ferozmente criticado por el entonces opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM). Hoy, bajo su gestión, el déficit está próximo a superar los USD 2,000 millones, representando más del 40 % del déficit fiscal que se pretende cubrir con una reforma.
La reforma energética es ineludible y debe ser fruto de consenso, con medidas como:
- Reducción drástica de pérdidas técnicas y mejora en las cobranzas.
- Tarifas transparentes y cálculo justo del precio por kWh realmente generado, no por capacidad instalada.
- Fiscalización estricta de generadores que importen y distribuyan hidrocarburos subsidiados.
No se trata de improvisar, sino de escuchar a expertos y aplicar soluciones que equilibren los intereses de generadores, distribuidoras, usuarios y el Estado.
Con apenas un 50 % de formalidad, la evasión fiscal es una sangría que podría resolver gran parte del déficit si se enfrentara con voluntad política.
Medidas urgentes:
- Flexibilizar y modernizar procesos de formalización, especialmente para PYMES.
- Penalizar la no declaración de ingresos, especialmente en profesionales independientes con alta capacidad económica.
- Establecer un régimen de consecuencias real que convierta la evasión en un riesgo serio, no en una apuesta rentable.
La elusión fiscal, ese “fraude con papeles en regla”, aprovecha vacíos legales para reducir la carga impositiva sin violar la ley.
En RD, estudios de la CEPAL y el BID calculan que la evasión y la elusión combinadas cuestan entre 5 % y 6 % del PIB anual, es decir, RD$ 350 mil a RD$ 420 mil millones.
Entre las prácticas más comunes:
- Manipulación de precios de transferencia.
- Uso de paraísos fiscales.
- Exenciones mal diseñadas.
- Reestructuración ficticia de operaciones.
Las exenciones deberían ser herramientas para impulsar sectores estratégicos, no regalos perpetuos. Sin embargo, muchas:
- No generan empleo sostenible ni inversión real.
- Se mantienen por presión política o clientelismo.
- Benefician a sectores que podrían operar sin incentivos.
El costo de estas exenciones injustificadas se mide en hospitales no construidos, escuelas deterioradas y carreteras inconclusas.
En República Dominicana, la informalidad, la evasión, la elusión y las exenciones no productivas no son simples fallas del sistema; han sido toleradas y fomentadas por la clase política para justificar y alimentar la corrupción administrativa.
Es un fraude colectivo contra el erario sostenido por un pacto tácito entre:
- Empresarios y contribuyentes que buscan preservar privilegios fiscales o evitar su carga tributaria.
- Políticos que usan esta tolerancia como moneda de cambio para sostener alianzas y redes clientelares.
Cada peso perdido por evasión, elusión o privilegios fiscales sin retorno social es un peso que no llega a sectores que son la palanca real del desarrollo:
- Educación: escuelas deterioradas, docentes sin capacitación, baja cobertura en educación técnica y superior.
- Salud: hospitales saturados, falta de medicamentos y escasa prevención.
- Tecnología e Innovación: mínima inversión en Investigación y Desarrollo, baja competitividad global.
- Subsidios productivos: escaso apoyo focalizado a agricultores y emprendedores, mientras persisten subsidios cómplices y clientelares improductivos.
- Inversión de capital: infraestructura incompleta, transporte público deficiente, sistemas de agua y energía rezagados.
La próxima Reforma Fiscal no debe ser un ejercicio recaudatorio para seguir financiando corrupción e ineficiencia.
Debe ser:
- Un pacto con régimen de consecuencias reales.
- Un acuerdo que rompa la alianza entre evasores y políticos.
- Una estrategia para redirigir recursos hacia inversión de capital, educación, salud, tecnología y subsidios productivos bien focalizados.
Un pacto sin estos cambios será otra oportunidad perdida y un cheque en blanco para seguir financiando la decadencia.
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