Nuestras afrentosas primacías

Son muchas las mediciones que evidencia que nuestro país tiene registros afrentosos que nos sitúan en los últimos lugares entre los países de la región, y hasta del mundo, en cuanto a niveles de desarrollo humano, de calidad de vida y de la democracia, del respeto a derechos de las mujeres y de la niñez, que ponen de manifiesto que la salud de nuestra sociedad y de nuestro sistema político no es buena. Entre otros trabajos de investigación sobre estos y otros temas, el recién publicado estudio de la organización independiente Participación Ciudadana, recoge diversos indicadores sobre nuestros sistemas electoral y de partidos, que dicen que en estas cuestiones no vamos por buen camino.

En esencia, el referido estudio pone de manifiesto el problema de fondo de nuestro país: las taras que tienen nuestros sistemas de partidos y electoral que ponen en cuestión la caracterización de social y de derecho al Estado dominicano. Es ya prácticamente de sentido común decir que los partidos son los que construyen las instituciones fundamentales del Estado, entre otras, la Justicia, el Congreso, las Altas Cortes, las Cámaras de Cuentas, en breve, solos o entre ellos, según sus particulares fuerzas, son los que hacen los gobiernos. Por consiguiente, según el llamado Índice de Democracia Electoral, las formas en que se logran las mayorías que forman esas instituciones deja mucho que desear. Por ejemplo, en los procesos electorales, nuestro país ocupa el penúltimo lugar en el indicador compra de votos.

A casi una cuarta parte, 23.3%, de los electores se les ha ofrecido beneficios por su voto, primer lugar en la región en compra y venta de votos. Hemos mejorado levemente en cuanto a irregularidades cometidas el día de las votaciones, pero seguimos en los puestos más bajos de la región en ese registro.  En opacidad en las donaciones provenientes de fuentes privadas somos los primeros. Sin embargo, los “donantes” son bien conocidos, “donan” su dinero a todos los partidos, máxime a los de mayores posibilidades de ganar. Por tanto, si es cierto que esas colectividades son las peores de la región en el indicador de compra de votos, por vía de consecuencia también lo son una parte importante de nuestros empresarios. Se produce, de ese modo un tóxico cóctel de corrupción compuesto por los sectores políticos, privados y comunidad, que desvirtúa la calidad de la representación y la participación.

Esta circunstancia es sumamente peligrosa, porque cuando los partidos reciben financiación de la misma fuente, el financiador recibirá beneficios de cualquiera de ellos una vez lleguen al poder. Ese tipo de financiación elimina contenido de clase a las propuestas programáticas de esas colectividades, lo cual se agrava por otro factor relativamente bien encubierto: las campañas electorales las hacen especialistas que sirven a las organizaciones políticas, indistintamente de su orientación ideológica. No pocas veces un especialista le sirve indistintamente a un partido progresista, de centro o de derecha, porque lo que importa es el voto, no la idea. Eso estaría explicando el vacío de contenido del discurso de campaña de la generalidad de los candidatos, de la pobreza del debate político y la tendencia hacia pérdida de la identidad de las colectividades políticas.

De ahí la sostenida perdida del interés por lo público de la población y de su actitud anti política que actualmente vacía de contenido a la democracia.  En el caso concreto del país, la desconfianza que expresan la población dominicana hacia los partidos, 21.7, es cuarta más alta de la región, pero va en descenso, pues en el 2004 era de 31.2. Eso es consistente con la pérdida de solidez del sistema de partidos del país, un fenómeno no privativo de nuestro, y una expresión de la pérdida de confianza de estas organizaciones a nivel mundial que se expresa en una pérdida de confianza de la gente en la democracia como sistema que termina en indiferencia sobre el contenido del sistema: sólo interesa si “funciona”, independientemente de que sea o no una dictadura.

El estudio establece que “En 2025, el monto asignado por el Estado dominicano a cubrir los gastos habituales de los partidos es 2.4 (dólares) per cápita, correspondiendo a RD 400.4 millones a cada uno de los tres mayoritarios. De cumplirse el 0.25% del ingreso nacional que la (ley)18-33 manda entregar anualmente, financiamiento público ascendería a 4.8 (dólar) por ciudadano dominicano, el mayor de la región a gran distancia del segundo”. Una barbaridad. Ese financiamiento es un estímulo al clientelismo político, al dispendio de recursos, al encarecimiento de la política. De igual modo, del estímulo de la inversión del dinero del narco en esa práctica no sólo para el blanqueo de dinero, sino para garantizarse la impunidad bajo la sombra de una curul en el Congreso o en un puesto en un gobierno local.

Decía en mi entrega anterior, que “2 de cada 3 ciudadanos favorecen el reparto de empleos y contrataciones públicas entre amigos y familiares de los cargos políticos”, eso, unido a las referidas afrentosas primacías de nuestro sistema electoral y un sistema de partidos que se resiste al debate de ideas en un mundo en permanente cambio, constituyen los más importantes peligros que tiene nuestro país. No buscarlos donde no existen…