Las buenas economías no se distinguen únicamente porque crecen. Se distinguen porque ese crecimiento genera empleos en el sector privado, fortalece la producción, mejora los ingresos de las familias y amplía las oportunidades para la mayoría. Cuando eso no ocurre, conviene mirar más allá de las cifras.
as estadísticas publicadas recientemente por el Banco Central son positivas: la actividad económica creció 6.4 % en junio y acumuló un 4.5 % durante el primer semestre del año. Sin embargo, basta conversar con comerciantes, pequeños empresarios o cualquier familia dominicana para descubrir que una parte importante del país todavía no percibe esa mejoría.
¿Por qué esa contradicción?
Porque no todo crecimiento económico tiene la misma capacidad de mejorar la vida de la gente. Buena parte del repunte proviene de la minería, las zonas francas y la construcción. Los dos primeros sectores generan divisas, fortalecen la balanza de pagos y contribuyen a la estabilidad del tipo de cambio, ayudando además a contener presiones inflacionarias. La construcción, por su parte, posee uno de los mayores encadenamientos productivos de toda la economía. Precisamente por eso, durante años la baja inversión pública de capital y la lenta ejecución de obras debilitaron uno de los principales motores del crecimiento interno.
A ello se suma que la inflación continúa concentrándose en alimentos y transporte, reduciendo el poder adquisitivo de las familias. Además, venimos de un 2025 muy débil, con un crecimiento de apenas 2.1 %, por lo que parte del desempeño actual responde a un efecto de recuperación estadística. Hay crecimiento real, pero todavía no es lo suficientemente amplio como para traducirse en una mejora perceptible para la mayoría de los hogares.
Desde la Fuerza del Pueblo lo hemos señalado con claridad: una de las principales debilidades de esta administración ha sido la insuficiente inversión pública de capital. Un país no alcanza un crecimiento sostenido únicamente mediante el consumo; necesita ampliar continuamente su capacidad productiva.
Es justo reconocer que, después de varios años de cuestionamientos, el Gobierno ha comenzado a corregir algunos errores. La llegada de Magín Díaz al Ministerio de Hacienda, de Víctor (Ito) Bisonó al Ministerio de Vivienda y Construcción y de Eduardo Estrella al Ministerio de Obras Públicas evidencia que tuvo que recurrir a perfiles externos al núcleo tradicional del PRM para intentar enmendar importantes deficiencias de gestión que se arrastraban desde hace tiempo.
Hoy se percibe un mayor énfasis en concluir obras, aumentar la inversión de capital y agilizar permisos. Son decisiones que van en la dirección correcta. Ojalá la misma capacidad de rectificación se aplique a otras instituciones donde la improvisación, la falta de planificación y la insuficiente capacidad técnica continúan limitando el desarrollo nacional.
La agricultura constituye hoy el ejemplo más evidente. La suspensión de las exportaciones dominicanas de mango hacia los Estados Unidos, debido a la plaga de la mosca de la fruta, no fue simplemente una contingencia sanitaria. Puso de manifiesto las consecuencias de años de insuficiente prevención, vigilancia e inversión en infraestructura fitosanitaria.
A esa situación se suma ahora un arancel adicional de 12.5 % sobre las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos, superior al 10 % que mantendrán varios de nuestros principales competidores del DR-CAFTA. Según las determinaciones de las autoridades comerciales estadounidenses, esos países lograron una mejor posición al adoptar oportunamente, o comprometerse formalmente a implementar y hacer cumplir, los requisitos exigidos. La República Dominicana, en cambio, no actuó a tiempo y quedó sujeta a una tasa superior.
Si esta pérdida de competitividad no se corrige oportunamente y, además, llegaran a extenderse las restricciones fitosanitarias a otros rubros agrícolas, el país podría enfrentar durante el segundo semestre una desaceleración de las exportaciones, menor inversión privada, pérdida de empleos y mayores riesgos para el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica.
La lección es contundente. La competitividad no depende únicamente del esfuerzo del sector privado. Exige un Estado capaz de anticipar riesgos, planificar con visión estratégica, negociar oportunamente y adecuar sus instituciones antes de que los problemas se conviertan en sanciones o pérdidas de mercados. Cuando la planificación cede espacio a la improvisación, el costo termina recayendo sobre los productores, los trabajadores y toda la sociedad.
Por eso resulta impostergable impulsar inversiones estratégicas como el Hub Fitosanitario del Caribe, una infraestructura llamada a proteger nuestras exportaciones, fortalecer la bioseguridad nacional y aumentar permanentemente la competitividad del país.
Hay, sin embargo, un tema todavía más de fondo.
En lo que va de 2026 la deuda pública ha aumentado cerca de US$6,000 millones. Endeudarse no es malo en sí mismo. La pregunta correcta es otra: ¿qué patrimonio productivo está construyendo la República Dominicana con esos recursos?
Cuando la deuda financia carreteras estratégicas, puertos, sistemas de riego, infraestructura hídrica, energía, logística, bioseguridad, innovación o educación técnica, el patrimonio nacional crece junto con los pasivos. Pero cuando financia principalmente gasto corriente o proyectos con escaso impacto productivo, el país termina con más deuda sin haber fortalecido su capacidad para generar riqueza futura.
La competitividad tampoco surge por casualidad. Se construye mediante inversiones sostenidas en infraestructura, instituciones eficientes, innovación, logística y capacidad técnica del Estado. Precisamente ese es el tipo de patrimonio que debería financiar el endeudamiento público.
Por eso proponemos incorporar un nuevo indicador al debate económico nacional: el Retorno Patrimonial del Endeudamiento. Así como hemos insistido en medir la Soberanía Presupuestaria, también debemos evaluar qué activos permanentes recibe la nación por cada dólar adicional que toma prestado.
El verdadero éxito de una política económica no consiste únicamente en aumentar el Producto Interno Bruto. Consiste en dejar un país más productivo, más competitivo y con mayor capacidad para generar prosperidad durante las próximas décadas.
La deuda se paga una sola vez. El patrimonio productivo genera bienestar para siempre.
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