La República Dominicana atraviesa un momento decisivo. Frente a las políticas migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump y sectores del Partido Republicano, nuestro país debe decidir si actuará como una nación soberana y respetuosa de los derechos humanos o si permitirá que se convierta en una extensión de políticas represivas diseñadas en Washington.
Resulta alarmante la posibilidad de que la República Dominicana acepte recibir, en cárceles o centros de detención fuera del territorio estadounidense, a inmigrantes no dominicanos detenidos y expulsados por Estados Unidos. Esa práctica no solo plantea graves cuestionamientos éticos y legales, sino que amenaza con convertir a nuestro país en una pieza de una maquinaria internacional de persecución contra inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo.
Además, surgen preguntas fundamentales: ¿qué hará la República Dominicana con las personas que reciba? ¿Bajo qué jurisdicción quedarían esos detenidos trasladados desde Estados Unidos? ¿Qué leyes regirían su situación y quién garantizaría sus derechos y el debido proceso?
La República Dominicana no debe convertirse en cómplice de políticas migratorias que, en numerosos casos, han sido denunciadas internacionalmente por violentar derechos humanos fundamentales y el debido proceso. Toda persona deportada por Estados Unidos debe ser enviada a su país de origen. Y si existen dificultades diplomáticas o legales para hacerlo, corresponde al gobierno estadounidense resolverlas mediante mecanismos internacionales y no trasladar esa responsabilidad a terceros países.
No podemos ignorar la realidad. Durante años, el trumpismo y sectores radicales del Partido Republicano han promovido políticas basadas en el miedo, la criminalización de la inmigración y el debilitamiento del debido proceso. Hemos visto separación de familias, detenciones arbitrarias, redadas masivas, expulsiones aceleradas y discursos que deshumanizan a personas cuyo único "delito" ha sido huir de la pobreza, la violencia o la persecución política.
Como inmigrantes que vivimos y trabajamos en Estados Unidos junto a comunidades vulnerables, hemos presenciado directamente el impacto devastador de estas políticas. Hemos visto madres aterrorizadas de enviar a sus hijos a la escuela por miedo a no volver a verlos, e incluso temen visitar centros de salud por temor a compartir datos personales que puedan derivar en una deportación. Hemos visto personas detenidas sin acceso adecuado a representación legal. Hemos visto cómo el sistema migratorio ha sido utilizado como instrumento político para alimentar el odio, el racismo y el nacionalismo extremo.
También hemos visto cómo, bajo el discurso de una supuesta "guerra contra el narcotráfico", sectores ligados al trumpismo han impulsado políticas de militarización extrema en el Caribe y América Latina. Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado operativos marítimos agresivos, persecuciones armadas y el uso desproporcionado de la fuerza contra embarcaciones que Washington vincula al narcotráfico y califica de "narcoterroristas", sin presentar pruebas contundentes que sustenten dichas acusaciones.
Según un reporte de France 24 del 6 de mayo de 2026, estos operativos militares en aguas del Caribe han dejado hasta ahora 190 personas muertas, en acciones que diversas voces han calificado como ejecuciones extrajudiciales, alejadas del debido proceso legal y del respeto a los derechos humanos fundamentales.
La historia demuestra que cuando los gobiernos comienzan a deshumanizar poblaciones enteras, los abusos escalan rápidamente. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos apresó a miles de japoneses-estadounidenses en campos de concentración en varios estados de la nación, bajo el argumento de la seguridad nacional. Décadas después, ese episodio sigue siendo reconocido como una vergonzosa violación de los derechos civiles y humanos.
Hoy observamos señales peligrosamente similares: la normalización de centros de detención masivos, la militarización de las fronteras y la expansión de políticas de persecución contra inmigrantes y refugiados.
La República Dominicana no debe participar en esa lógica de represión.
Ningún país tiene derecho a utilizar a otra nación como depósito humano para deshacerse de personas consideradas "un problema". Si Estados Unidos enfrenta retos migratorios, corresponde a su gobierno resolverlos respetando el derecho internacional, el debido proceso y los derechos humanos fundamentales.
Resulta significativo que incluso el papa León XIV —estadounidense, nacido en Chicago y descendiente de inmigrantes— haya condenado públicamente el clima de miedo y las violaciones de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. Según reportó la Prensa Asociada el 18 de noviembre de 2025, el pontífice afirmó:
"Creo que tenemos que buscar maneras de tratar a las personas humanamente, tratarlas con la dignidad que tienen. Si las personas están en Estados Unidos ilegalmente, hay maneras de abordarlo. Hay tribunales, existe un sistema de justicia".
Sus palabras reflejan principios básicos que hoy resultan incómodos para sectores políticos que prefieren gobernar desde el miedo, el fascismo y la represión.
El papa León XIV también instó a los obispos católicos de Estados Unidos a alzar la voz en favor de la justicia social. Expresó su apoyo a la declaración de los obispos estadounidenses y exhortó a los católicos, así como a todas las personas de buena voluntad, a escuchar el llamado de la Iglesia en defensa de los inmigrantes y la dignidad humana.
Como católica, dominicana, inmigrante y defensora de comunidades vulnerables, me niego a aceptar que la República Dominicana sea utilizada para legitimar abusos contra inmigrantes. Nuestro país no puede convertirse en cómplice de políticas que violan derechos humanos ni servir de plataforma para prácticas migratorias cuestionadas internacionalmente.
La soberanía nacional también implica tener el valor de decir no cuando potencias extranjeras intentan exportar sus abusos y convertir nuestros territorios en instrumentos de represión.
Hoy nos corresponde levantar la voz antes de que sea demasiado tarde.
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