No pedir peras al olmo: la Policía que tenemos es reflejo de lo que somos

En ese contexto, me resulta difícil aspirar a una Policía que actúe como garante imparcial del estado de derecho mientras la cultura política le demanda precisamente lo contrario.

Cada cierto tiempo la República Dominicana despierta indignada por una acción policial, la muerte de un joven, la brutalidad de una violación o la crueldad del asesinato de una madre frente a sus hijos. Cambia el nombre de la víctima, cambia el barrio, cambian las circunstancias particulares, pero la conversación suele ser la misma.

Este gobierno se encuentra inmerso en un esfuerzo que yo creo honesto y educado por enfrentar ese problema. Personas a quienes respeto profundamente, como el Presidente Abinader, Faride Raful, Mu-Kien Sang Ben, entre otros, han asumido la responsabilidad pública de impulsar una reforma tan esperada como necesaria. Sin embargo, aun reconociendo los mejores esfuerzos, tenemos, como sociedad, que aceptar que el resultado lamentablemente sigue siendo insuficiente.

La razón, pienso, no es la falta de voluntad, una ideología política particular o simple maldad aprendida. La Policía no es una institución aislada del resto del país. Lo queramos o no, lo entendamos o no, ella, como cualquier otra institución nacional, es ante todo una expresión del entorno que la crea y la sostiene.

Su origen histórico explica parte de esa realidad. Nació durante la ocupación militar estadounidense con la misión de controlar el territorio y fue heredada por Trujillo, quien la convirtió en un pilar de su poder político.  Pero sería demasiado cómodo atribuirle todo al pasado.

Han transcurrido más de seis décadas desde la caída de Trujillo. En ese tiempo hemos reinventado nuestro sistema electoral, multiplicado la economía y ampliado las libertades públicas. La pregunta, entonces, ya no puede ser por qué la Policía no cambia. Debiera ser, pienso, por qué nosotros seguimos produciendo una policía, la fuerza armada llamada a mantener la paz pública, que hace su labor no desde el servicio o la justicia, no desde el respeto al otro, sino de forma agresiva y violenta, irrespetuosa del derecho ajeno.

No deja de parecerme significativo que Juan Pablo Duarte no llamara su proyecto político simplemente Dominicana.  Desde el inicio el habló de una “República” Dominicana. Su sueño lo dejó en el nombre. Definir su país no por una identidad uniforme ni por la prevalencia de un grupo, sino por la existencia de una realidad compartida, una res publica, la “cosa de todos”.  Idea que conlleva un entendimiento muy particular de lo que son la autoridad, el poder, la ley y, sobre todo, el “otro”, esa persona que piensa, cree, vive o, simplemente, es distinta del “nosotros” que cada cual construye.

De acuerdo con sus propias palabras:

“La Nación está obligada a conservar y proteger por medio de leyes sabias y justas la libertad personal, civil e individual, así como la propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen; sin olvidarse para con los extraños, a quienes también se les debe justicia, de los deberes que impone la filantropía.”[1]

Su propia vida —o la que nos han contado— es un testimonio que deja poco espacio para pensar que Duarte se concibiera como líder de una facción que debía resultar victoriosa. Actuó buscando la creación de ese bien común que pocos entendieron y que, lamentablemente, muy pronto en el proceso se apartó del centro de nuestro debate público.

Desde entonces hasta hoy, con contadas excepciones, nuestras constituciones, ese contrato colectivo que delimita tanto quiénes somos, qué derechos tenemos y la relación entre gobierno y gobernados, parecen centradas en defender tal o cual interés, imponer “x” o “y” visión del país, más a la derecha o más a la izquierda. Ninguna, que yo haya podido identificar, ha tenido como objetivo principal consolidar un pacto que responda a la visión originaria, uno donde personas con ideas profundamente distintas del país puedan coexistir bajo el mismo manto de protección fáctica.

En toda sociedad existen grupos en conflictos. Esta “realidad” no es exclusiva de los dominicanos. Una república es una de las maneras de dilucidarlos. La que Duarte nos recomendó.

Desde este matiz olvidado, nuestra Constitución nunca ha debido aspirar a representar la idea más brillante ni el proyecto de país más perfecto o rentable. Ha debido ejecutar una función mucho más humilde y, precisamente por eso, mucho más importante: servir de pacto inviolable para que personas profundamente distintas puedan vivir en una misma realidad. En términos aritméticos, se podría decir que una constitución republicana no es el “máximo común múltiplo” de las aspiraciones nacionales, sino su “mínimo común denominador”.  Un manto bajo el cual todos cabemos: quienes tienen el poder y quienes se encuentran al margen de él.

Sin embargo, con demasiada frecuencia los dominicanos hemos entendido y utilizado la Constitución de otra manera. Cada reforma termina pareciendo menos la consolidación de un pacto nacional y más la legitimación de una nueva élite dirigente. No afirmo que esa haya sido siempre la intención, ni siquiera que haya sido siempre el caso.  Sí creo que ese ha sido, repetidamente, el resultado práctico. Así, el país adoptó el nombre pero sustituyó el vínculo mínimo que une y protege para plasmar en su lugar el sueño del colectivo que debíamos ser de acuerdo a quien ostenta el poder, convirtiendo la Carta Magna de un instrumento que vincula y protege a todos en uno que impone y legitima la propia visión y existencia del grupo en el poder.

Como todo patrón histórico, este admite excepciones. A mi juicio, la más reciente reforma constitucional impulsada por el presidente Luis Abinader para restablecer el límite a la reelección presidencial es precisamente una de ellas. En 182 años de vida republicana y casi cuarenta versiones distintas de nuestra Constitución, esa excepción confirma, a mi entender, tanto la regla que esbozo como que otro uso del pacto constitucional es posible entre nosotros.

Algo parecido ocurre con la ley. Su función debería ser ordenar la convivencia. Pero, queramos o no, cuando la concebimos y utilizamos como instrumento para consolidar el poder de quien gobierna, deja de ser una regla común y se convierte en un arma contra el “otro”.

En ese contexto, me resulta difícil aspirar a una Policía que actúe como garante imparcial del estado de derecho mientras la cultura política le demanda precisamente lo contrario.

Desde esta óptica tampoco me parece casual que muchos en nuestra sociedad usen frases como “algo habrá hecho”, “era un delincuente”, “uno menos” o, cuando se trata de una mujer víctima de violencia, “se lo buscó”. Todas parten de una misma premisa social tácita: hay personas cuyos derechos pueden suspenderse porque un “nosotros”, elusivo e implícito, entiende que han dejado de merecerlos.  Un “nosotros” encarnado en el agente de turno y una víctima que queda sin derechos en un segundo, no porque lo dictó un tribunal atendiendo a un debido proceso, sino porque la cultura y la sociedad lo permiten.

Pero una República democrática no funciona así o, por lo menos, no debiera. Su fortaleza no consiste en proteger únicamente al “mío”, sino precisamente en defender a quienes menos simpatía despiertan en el sistema: el acusado de un delito, el migrante, el opositor político, la minoría impopular. No porque sus actos o posiciones sean moralmente correctos. Eso es otra discusión. Sino porque la sociedad, como un todo, ha metabolizado que el grupo en el poder no puede violar el derecho garantizado, retirar un derecho solo puede producirse dentro del marco constitucional y mediante el debido proceso.

En una verdadera República esto lo entiende el agente policial y lo entiende la víctima potencial. El primero sabe que estar armado no le entrega el derecho a decidir quién conserva sus derechos. La segunda sabe que la sociedad no permitirá que se los retiren arbitrariamente.

No es casualidad que las mejores prácticas internacionales ya no evalúen solamente cuántos arrestos realiza una policía o cuántas armas incauta. Hoy también incluyen indicadores como la confianza ciudadana, el uso proporcional de la fuerza, la transparencia, la rendición de cuentas, la mediación y la capacidad para prevenir conflictos.

Las instituciones producen aquello que la sociedad decide premiar. Si decidimos no medir estas cosas ni premiarlas, no podemos luego esperar que sucedan.

Ahora bien, el abuso policial, el permiso social implícito para retirar derechos y el abandono del proyecto republicano que describo se apoyan, finalmente, en nuestra manera de hacer política. Una política que, demasiadas veces, ha sido entendida menos como la búsqueda de un marco para convivir entre distintos y más como el mecanismo mediante el cual mi visión finalmente prevalece.

Ni la política como práctica ni la República como proyecto existen para fabricar hegemonía, unanimidad o para vencer al otro. Existen para hacer posible la convivencia. Ambas presuponen que personas con ideas profundamente distintas entiendan, acepten e idealmente celebren que los “otros” poseen igual dignidad y serán protegidos por el mismo marco jurídico. Presuponen, que la sociedad entienda que, si ese marco deja de proteger a cualquiera de sus miembros, todos los demás quedan en peligro. Y, lo entiende y lo acepta porque se da cuenta que el poder es pasajero y fluye de un lado al otro de la sociedad. Pero que si ésta desea mantenerse unida y fuerte hay un mínimo de protección que todos deben tener.

Por eso la Sentencia 168-13, en mi opinión, constituye un parteaguas que nos desnuda.  Al permitir la sociedad que el Poder Judicial retirara la protección del marco jurídico a todo un grupo de cientos de personas, contradijimos, tal vez sin saber, de manera frontal aquel ideario de Duarte que exigía proteger los derechos legítimos de “todos los individuos” e impartir justicia incluso a “los extraños”.  Algún día, tendremos que enfrentar con serenidad lo que esa decisión dice de nuestra concepción de República.

Por todo esto, y a pesar de creer que la reforma policial de este gobierno ha sido tan buena como podía ser, entiendo que inevitablemente resulta insuficiente.

Sí, la República Dominicana necesita y merece una Policía distinta. Pero para lograrla necesitamos antes, como sociedad, entender la Constitución, la ley y la política de una manera distinta. Necesitamos abandonar la pretensión de que el que gana el poder lo puede usar para su propio avance, olvidando al resto.  Abandonar la excusa de construir cada uno su país perfecto y empezar a construir, juntos, un país compartido, una verdadera república, como Duarte la soñó, donde todos aceptemos que personas con visiones y realidades profundamente diferentes somos iguales en dignidad y derechos.

[1] Juan Pablo Duarte, Ideario, Editora Centenario, Santo Domingo, 2002, p. 13