Nada nos espante: la educación no admite improvisaciones

"Nada te turbe, nada te espante… solo Dios basta", escribió santa Teresa de Jesús en un tiempo también atravesado por incertidumbres profundas. Hoy, en la República Dominicana, esa serenidad se vuelve difícil de sostener ante el desconcierto que rodea una posible ley de fusión entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. ¿Hay proyecto? ¿No lo hay? ¿Se discute? ¿Se improvisa? La ausencia de claridad no solo inquieta: erosiona la confianza pública.

La educación de un país no puede ser tratada como un experimento político ni como un espacio de compensación. No es un botín ni un premio. Es el eje estructurante del desarrollo, el territorio donde se define —con décadas de anticipación— la calidad de la ciudadanía, la productividad y la cohesión social. Por eso, cuando el pueblo comienza a decir "basta ya", no se trata de un gesto emocional pasajero, sino de una alerta ética y técnica: la educación exige rigor, conocimiento acumulado y responsabilidad histórica.

Una eventual fusión institucional no es, en sí misma, ni buena ni mala. Lo que la hace viable o peligrosa es el proceso mediante el cual se concibe, se consulta y se implementa. No se trata de sumar estructuras, sino de articular sistemas complejos con identidades, funciones y culturas distintas. El subsistema preuniversitario y el de educación superior responden a lógicas, marcos normativos y dinámicas de gestión que requieren comprensión especializada. Ignorar esto es abrir la puerta al desorden, la ineficiencia y la pérdida de foco en los aprendizajes.

Lo preocupante no es solo el contenido de una posible ley, sino el modo en que se está —o no se está— construyendo. Las grandes reformas educativas del mundo tienen algo en común: se apoyan en evidencia, se diseñan con equipos técnicos de alto nivel, se someten a consultas amplias y transparentes, y se comunican con claridad a la ciudadanía. Aquí, en cambio, lo que predomina es la opacidad, el rumor y la sensación de que decisiones de alto impacto podrían estar siendo tomadas sin el debido proceso.

Es imprescindible decirlo con claridad: redactar una ley educativa no es tarea de improvisación. Requiere juristas con dominio del derecho público y educativo, especialistas en políticas públicas, expertos en currículo, gestión y financiamiento, y, sobre todo, una comprensión profunda del sistema nacional en su conjunto. A esos equipos les corresponde diseñar, estructurar, proponer. A los legisladores, legítimamente electos, les corresponde debatir, ajustar y aprobar. Esa es la arquitectura institucional de una democracia funcional.

Cuando se invierten esos roles —cuando quienes no dominan el campo técnico pretenden definirlo sin el debido sustento— el resultado suele ser una normativa débil, contradictoria o inaplicable. Y en educación, los errores no se corrigen en meses ni en años: se arrastran por generaciones.

La República Dominicana ha avanzado en las últimas décadas en la construcción de marcos normativos, en la expansión de la cobertura y en la instalación del tema educativo en la agenda nacional. Esos avances no pueden ponerse en riesgo por decisiones apresuradas o mal concebidas. Si hay una propuesta de fusión, que se presente formalmente. Si no la hay, que se diga con transparencia. Pero, en cualquier caso, que se respete un principio básico: la educación no se improvisa.

El país necesita, más que nunca, serenidad y firmeza. Serenidad para no dejarnos arrastrar por la confusión. Firmeza para exigir procesos correctos. Como bien enseñaba Teresa de Jesús, todo pasa, pero no todo da igual. En educación, lo que se hace mal hoy, se paga mañana. Y lo que se hace bien, se convierte en el mayor legado de una nación.

Nada nos espante, sí. Pero tampoco nada nos paralice. Es tiempo de ordenar, escuchar a los que saben y construir con responsabilidad el futuro educativo del país.