Los planes sociales y solidarios no reducen la pobreza ni generan desarrollo económico

“Si me das un pescado, comeré un día; si me enseñas a pescar, comerá toda la vida” Proverbio.

El señor Presidente Luis Abinader Corona y su equipo económico, se ufanan de informar hasta la saciedad, que este gobierno ha sacado de la pobreza general y extrema a más de dos millones de dominicanos y que ha cerrado la brecha de la desigualdad social a través de los múltiples programas y subsidios sociales del gobierno, como: supérate, bono gas, bono luz, de alimentación escolar, a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y ahora con el bono navideño (la brisita de navidad); que ha generado cientos de miles de empleos, a través de una gran inversión en gastos sociales, superando a países como Brasil, México, Costa Rica, como uno de los países que más han reducido la pobreza y de los que más fuentes de empleos han creado.

Pero esta no es la opinión que tiene la mayoría del pueblo dominicano. Estos planes sociales, tarjetas y subsidios han contribuido al enriquecimiento ilícito de muchos funcionarios, pues una gran parte de los mismos no llegan a los más desposeídos, cuyos recursos son distraídos por miles de millones de pesos.

El señor Presidente, como economista que es, debe saber muy bien, que con los diferentes planes sociales y ayudas solidarias, no se reduce la pobreza general de un país, sobre todo, la pobreza extrema, la de los sectores sociales vulnerables y marginados de nuestro país. Tampoco se puede esperar que con dichas ayudas se va a lograr un grado de desarrollo sostenible y de crecimiento económico en el país, mucho menos, cuando dichos planes y subsidios son cubiertos con préstamos internacionales, por lo que entra en contradicción consigo mismo.

Dichos subsidios se han prestado para la comisión de muchos escándalos públicos y a grandes actos de corrupción, distrayéndose miles de millones de pesos, como el ocurrido recientemente con el Seguro Nacional de Salud (Senasa), que todavía el “Ministerio Publico Independiente” no ha ofrecido una respuesta satisfactoria al país ni ha sometido a las personas involucrados en ese entramado de corrupción, el cual se estima en más de cincuenta mil millones de pesos.

Todos los gobiernos de todos los países del mundo, tienen la obligación de asistir a las personas vulnerables, discapacitadas, envejecientes, con enfermedades crónicas y terminales; a madres solteras con carencias económicas, etc., pero no debemos convertir nuestro país en un Estado benefactor. Estas ayudas sociales no deben ser politizadas, ni distribuidas de manera exclusiva y discriminada. Estas deben ser canalizadas a través de las instituciones autorizadas y creíbles del país.

La pobreza extrema se combate creando fuentes de empleos, creando empresas a través de una alianza público privada, facilitando financiamiento blando a las micro, pequeñas y medianas empresas, creando oportunidades, pero sobre todo, logrando que todos los servicios públicos sean eficientes.

No se debe hablar de reducción de la pobreza, de crecimiento ni de desarrollo económico en un momento en que el costo de los productos de primera necesidad están inalcanzables para la mayoría de población, cuando en este gobierno han colapsados todos los servicios públicos básicos (salud, educación, seguridad social y ciudadana, energía, transporte, agua potable), en el que la mayoría de las escasas obras públicas que han iniciado este gobierno se encuentran paralizadas, por falta de pagos; en el que el Seguro Nacional de Salud, que tanto se promovió, en vez de ser una solución, ha empobrecido aún más la situación de miles de dominicanos, por no poder acceder al mismo.

Desgraciadamente, gran parte de los préstamos internacionales que se han tomado en la administración de este gobierno, que han disparado la deuda externa de nuestro país, ha sido volcada para cubrir sus gastos corrientes, a todos esos subsidios sociales; no para inversiones en obras de capital, que son las que producen desarrollo y crecimiento económico.

Todos esos subsidios y planes sociales han contribuido a la creación de más pobreza, más desempleos y más corrupción. Eso es lo que opinan diversos sectores políticos, económicos y sociales de nuestro país.