Los dominicanos leemos con regularidad sobre el Tratado de Basilea, aquel documento firmado en 1795 mediante el cual la Corona Española cedió a Francia la parte oriental de la isla de Santo Domingo.
La forma en que frecuentemente se presenta aquel acontecimiento da la impresión de que se trató simplemente del intercambio de una propiedad territorial entre monarcas europeos, como si una tierra habitada por generaciones de seres humanos pudiera ser negociada del mismo modo que una finca o una hacienda.
Sin embargo, Santo Domingo no era una propiedad privada de la Corona.
Allí existía desde hacía tres siglos una sociedad organizada, con instituciones civiles, ayuntamientos, parroquias, actividades económicas, tradiciones jurídicas y una identidad histórica propia.
Los habitantes de la colonia no fueron consultados.
Ninguna representación de aquel pueblo participó en la negociación.
Desde la perspectiva dominicana, Basilea fue una decisión adoptada en Europa que ignoró completamente la existencia política de quienes vivían en la isla.
Aquel episodio fue parte de un conjunto más amplio de decisiones que podrían describirse como algunas de las grandes loqueras de la historia española.
Lo que sucedió con Santo Domingo no fue una excepción. Fue un síntoma.
Mientras otras potencias europeas fortalecían sus instituciones, consolidaban sus finanzas públicas y desarrollaban estrategias imperiales de largo plazo, España atravesaba una prolongada crisis política, económica e institucional que terminó afectando tanto a la Península como a sus posesiones ultramarinas.
Lo ocurrido con Santo Domingo fue, en cierto modo, una advertencia temprana.
Apenas quince años después del Tratado de Basilea, comenzaría el proceso de emancipación continental que terminaría transformando completamente el mapa político americano.
Entre 1810 y 1826, prácticamente toda la América continental española dejó de formar parte de la Corona.
La paradoja resulta impresionante.
España había construido durante tres siglos uno de los mayores espacios políticos de la historia moderna.
Desde California hasta Tierra del Fuego existía una comunidad unida por una lengua común, una tradición jurídica semejante, una religión predominante compartida y una intensa circulación de personas, mercancías e ideas.
Ninguna otra potencia europea había logrado integrar un territorio tan vasto durante tanto tiempo.
Sin embargo, cuando llegó la gran crisis, la dirigencia española pareció incapaz de comprender la magnitud del desafío.
Las guerras europeas, los conflictos dinásticos, las disputas ideológicas y los problemas fiscales absorbieron la atención de Madrid precisamente en el momento en que se necesitaba una visión estratégica capaz de integrar a los pueblos americanos dentro de una estructura política renovada.
La invasión napoleónica de 1808 agravó todavía más la situación. Las abdicaciones de Bayona y la imposición de José Bonaparte en el trono provocaron una crisis de legitimidad sin precedentes.
Millones de americanos comenzaron a preguntarse quién ejercía realmente la soberanía.
Si el rey legítimo había sido desplazado y la propia España estaba ocupada por un ejército extranjero, ¿por qué razón debían continuar obedeciendo autoridades cuya legitimidad aparecía cada vez más cuestionada?
La Constitución de Cádiz de 1812 intentó responder parcialmente a esas inquietudes mediante la creación de una ciudadanía común para españoles de ambos hemisferios.
Fue uno de los documentos más avanzados de su tiempo. Sin embargo, llegó demasiado tarde.
El retorno del absolutismo bajo Fernando VII terminó destruyendo gran parte de aquella oportunidad histórica.
Santo Domingo experimentó de manera particularmente dramática las consecuencias de esta crisis.
Después de la Guerra de la Reconquista de 1808-1809, los dominicanos expulsaron a los franceses y regresaron voluntariamente a la soberanía española.
Pero España estaba agotada. Las guerras peninsulares habían devastado sus recursos y reducido enormemente su capacidad de administración imperial.
Comenzó entonces el período conocido como la España Boba.
Entre 1809 y 1821, Santo Domingo permaneció prácticamente abandonado por la metrópoli. Los recursos escaseaban, el comercio languidecía y las autoridades coloniales carecían de apoyo efectivo. Aquella indiferencia provocó un creciente desencanto entre amplios sectores de la sociedad dominicana.
No resulta extraño que en diciembre de 1821 José Núñez de Cáceres proclamara la independencia del llamado Estado Independiente del Haití Español.
Aunque aquella experiencia tuvo una existencia efímera, constituyó una prueba inequívoca del deterioro de los vínculos políticos entre Santo Domingo y la Corona.
Mientras tanto, el resto del continente se transformaba aceleradamente. México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay y Centroamérica avanzaban hacia la independencia.
España perdía, en apenas unas décadas, el mayor espacio geopolítico construido por una nación europea desde los tiempos del Imperio Romano.
La pregunta histórica resulta inevitable. ¿Pudo evitarse aquella fragmentación?
Ningún historiador serio puede responder con absoluta certeza. Pero sí es legítimo plantear que España desperdició varias oportunidades para construir una comunidad política verdaderamente transatlántica basada en la representación efectiva de todos sus pueblos.
La tendencia a gobernar América desde una perspectiva excesivamente centralizada terminó dificultando la adaptación del imperio a los profundos cambios políticos que experimentaba el mundo atlántico.
Mientras los Estados Unidos consolidaban su independencia y Gran Bretaña desarrollaba nuevas formas de administración imperial, España continuaba atrapada entre absolutistas y liberales, entre reformas incompletas y restauraciones reaccionarias.
Las Desamortizaciones
Entre las manifestaciones más sorprendentes de aquella crisis se encuentran las sucesivas desamortizaciones.
Presentadas como instrumentos de modernización económica y saneamiento financiero, terminaron convirtiéndose en uno de los procesos más controvertidos de la historia española.
La finalidad oficial era reducir la enorme deuda pública que agobiaba al Estado y poner en circulación propiedades consideradas improductivas.
Sin embargo, los resultados estuvieron muy lejos de las promesas iniciales.
La primera gran operación fue la llamada Desamortización de Godoy de 1798.
La monarquía de Carlos IV se encontraba prácticamente en bancarrota después de años de conflictos militares.
Para obtener recursos, el Estado procedió a la expropiación y venta de bienes pertenecientes a instituciones eclesiásticas, hospitales, hospicios, obras pías y antiguas propiedades de los jesuitas.
El objetivo declarado era amortizar la deuda pública.
Pero gran parte de los ingresos obtenidos terminó consumida por nuevas necesidades fiscales y militares. Lo que sí resultó afectado fue el sistema de asistencia social que durante siglos había sostenido hospitales, asilos y numerosas obras benéficas.
Aquella fue apenas la primera etapa.
En 1836 apareció la desamortización impulsada por Juan Álvarez Mendizábal.
España se encontraba inmersa en la Primera Guerra Carlista y el gobierno necesitaba recursos urgentes.
Miles de conventos fueron clausurados, bibliotecas dispersadas y enormes extensiones de tierra vendidas en subastas públicas.
Los promotores de la reforma afirmaban que las ventas permitirían crear una amplia clase media rural de propietarios agrícolas.
Sin embargo, la realidad fue muy diferente. La mayor parte de las propiedades terminó concentrada en manos de quienes ya poseían recursos financieros suficientes para adquirirlas.
La tercera gran etapa llegó con la Ley Madoz de 1855. Esta vez las ventas incluyeron no sólo bienes eclesiásticos, sino también propiedades municipales, terrenos comunales e instituciones de beneficencia.
Los ingresos obtenidos fueron importantes, pero numerosas comunidades rurales perdieron recursos esenciales para su subsistencia.
Mientras Madrid debatía sobre la venta de conventos, monasterios, hospitales y terrenos comunales, el imperio continuaba desapareciendo.
Liberales contra absolutistas. Carlistas contra isabelinos. Clericales contra anticlericales.
Centralistas contra regionalistas. España parecía discutir permanentemente consigo misma mientras el mundo cambiaba a su alrededor.
Sería absurdo atribuir las independencias americanas exclusivamente a las desamortizaciones.
La historia es mucho más compleja. Pero sí resulta legítimo preguntarse si una nación podía permitirse simultáneamente una crisis fiscal, una guerra ideológica permanente, una profunda división política interna y la administración de un imperio intercontinental.
La experiencia histórica parece indicar que no.
Muchas de aquellas decisiones fueron adoptadas en nombre de la modernización.
Sin embargo, el paso del tiempo revela una paradoja notable.
Se pretendía fortalecer al Estado y la deuda continuó creciendo.
Se prometía democratizar la propiedad y ésta terminó más concentrada.
Se buscaba modernizar la economía mientras aumentaban las tensiones sociales.
Se aspiraba a preservar la grandeza nacional mientras el imperio desaparecía.
Dos siglos después, las desamortizaciones siguen siendo objeto de debate entre historiadores.
Para algunos representaron una etapa necesaria de transición hacia la modernidad liberal.
Para otros constituyeron una gigantesca transferencia de riqueza que debilitó instituciones fundamentales de la sociedad española y favoreció principalmente a grupos privilegiados.
Pero más allá de ese debate existe una reflexión de alcance mayor.
Las naciones rara vez se derrumban por una sola causa. Generalmente se debilitan cuando sus dirigentes pierden la capacidad de distinguir entre los problemas inmediatos y los desafíos estratégicos. Cuando concentran todas sus energías en resolver urgencias coyunturales y dejan de percibir los procesos históricos de largo plazo.
España construyó una de las civilizaciones más extensas e influyentes de la historia occidental.
Su lengua, su derecho, su cultura y su fe continúan uniendo a centenares de millones de personas en ambos lados del Atlántico.
Sin embargo, durante los siglos XVIII y XIX una sucesión de decisiones desacertadas, conflictos internos, guerras dinásticas, improvisaciones fiscales y enfrentamientos ideológicos contribuyó a fragmentar aquel inmenso espacio político.
El Tratado de Basilea, la España Boba, la incapacidad para integrar políticamente a los pueblos americanos, las guerras civiles, las desamortizaciones y la pérdida de casi todas las posesiones continentales forman parte de una misma historia.
Son capítulos distintos de una larga crisis que transformó para siempre el destino de España, de las Américas y de Santo Domingo.
Aquellas fueron, sin duda, algunas de las mayores loqueras de la historia española.
Fuentes: Tratado de Basilea (1795); Constitución de Cádiz (1812); Guerra de la Reconquista de Santo Domingo (1808-1809); España Boba (1809-1821); Independencia Efímera de José Núñez de Cáceres (1821); Desamortización de Godoy (1798); Desamortización de Mendizábal (1836); Ley Madoz (1855); estudios de Frank Moya Pons, Roberto Cassá, Emilio Cordero Michel, John Lynch, Stanley Payne, Henry Kamen y Richard Kagan sobre la crisis del imperio español y las independencias americanas.
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