La voz de Manuel María Mercedes

Vivimos en un contexto complejo donde sectores de opinión y figuras recurrentes en los medios impulsan una narrativa peligrosa: una ofensiva directa contra la vida que se escuda en el descrédito de las voces que, desde el activismo de los derechos humanos, cuestionan la ejecución extrajudicial de jóvenes vinculados a la delincuencia.

Esa voz que algunos pretenden silenciar tiene nombre y apellido: Dr. Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD).  Por su firme postura en defensa del debido proceso frente a las salidas autoritarias y las medidas retrógradas que promueven la aniquilación física de los infractores de la ley, su voz se ha hecho sentir con fuerza dentro y fuera del país.

En reiteradas ocasiones, el Dr. Manuel María Mercedes ha dejado clara una postura de principios: el rechazo categórico a la violencia provenga de donde provenga. Ha condenado firmemente los actos delictivos que afectan a la ciudadanía, pero con la misma valentía ha encarado los abusos de autoridad y los métodos de confrontación letal empleados bajo el pretexto de combatir la criminalidad.

Quienes conformamos la Comisión de Derechos Humanos somos testigos de que nuestro accionar se rige estrictamente por las normas y el derecho internacional, los cuales prohíben de manera tajante las ejecuciones extrajudiciales y cualquier forma de arbitrariedad estatal.

Nuestra lucha abarca la integralidad de los derechos universales: el derecho a la vivienda, a la salud, al trabajo, a un medio ambiente sano y a la seguridad ciudadana. Defendemos estos principios con convicción porque somos plenamente conscientes de que, a más de siete décadas de que la comunidad internacional proclamara los derechos universales, bajo ningún pretexto se puede permitir un retroceso civilizatorio.

Estas normativas no surgieron por azar; nacieron de las cenizas y del horror del Holocausto nazi, con el propósito supremo de blindar a la humanidad contra la barbarie y el fascismo institucionalizado. Permitir licencias para matar desde el poder es abrir la puerta a los peores fantasmas de la historia.

El derecho internacional humanitario y los organismos del sistema de protección definen una ejecución extrajudicial o extralegal como el homicidio deliberado de una persona perpetrado por un servidor público que, abusando de la potestad del Estado, justifica el crimen al margen de todo proceso judicial.

Para una nación como la República Dominicana, signataria de los pactos y cartas fundamentales de las Naciones Unidas, pisotear los derechos fundamentales y desnaturalizar el derecho a la vida constituye una contradicción insostenible con sus compromisos internacionales.

El Estado dominicano forma parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, por consiguiente, sus autoridades están obligadas a observar e implementar los estándares del Consejo de Derechos Humanos, el principal órgano intergubernamental responsable de velar por estas salvaguardas a nivel global.

Ningún recurso, presión, fuerza o pretensión interesada logrará acallar a quienes sostenemos que el derecho a la vida es inviolable y está por encima de todo, incluso para aquellos ciudadanos que han quebrantado las normas de convivencia social.

La razón de ser de los gobiernos democráticos al administrar el Estado es hacer cumplir rigurosamente el ordenamiento jurídico nacional e internacional, diseñando políticas públicas integrales que, en alianza con los sectores productivos, garanticen oportunidades reales de desarrollo para cada ciudadano, atacando las causas estructurales del delito y no solo sus consecuencias.

La voz del Dr. Manuel María Mercedes es, en definitiva, la voz de los sectores vulnerables, de los que no tienen eco, de las madres, padres y familiares que acuden con desesperación a solicitar justicia y frenar una desacertada política de mano dura que camina por la peligrosa senda de la ilegalidad.