¿Estamos comprendiendo realmente lo que está ocurriendo con la violencia en nuestro país?

Los hechos violentos de los últimos días han provocado preocupación, indignación y temor. La muerte de Zeneida Socorro Castillo durante el ataque ocurrido en la residencia del merenguero Julián Oro Duro, quien también resultó herido, así como el tiroteo registrado en Boca Chica con varias víctimas, no pueden ser tratados como simples sucesos policiales.

La respuesta inmediata corresponde al Estado: investigar, perseguir, detener y garantizar seguridad. Pero llega cuando el daño ya está hecho.

Permítame hacer una reflexión.  La violencia no nación hoy. No desconozco los esfuerzos institucionales ni afirmo que todos los indicadores de violencia hayan empeorado. Los datos oficiales disponibles muestran una tasa acumulada de homicidios inferior a la registrada en años anteriores. Pero una estadística favorable no permite desentendernos de las expresiones de violencia que estamos viendo ni de las preguntas que deberían provocar.

Y la primera es quizás la más sencilla: ¿Qué estamos haciendo para evitar que la violencia siga reproduciéndose?

La conducta criminal puede tener múltiples causas. Pero los valores, la familia, la educación, el entorno social y las oportunidades influyen en la formación de una persona. El niño no llega a la escuela vacío. Llega con una historia familiar, una concepción de la autoridad, una manera de manejar la frustración y una idea del éxito.

Entonces, cuando hablamos de seguridad ciudadana, ¿no deberíamos mirar mucho más atrás que al momento en que aparece el delito?

Debemos mirar la familia. ¿Hemos protegido al niño mientras descuidábamos la formación de la familia que tiene la responsabilidad primaria de educarlo?

Hemos desarrollado políticas de protección de la niñez, pero hemos prestado menos atención a una realidad elemental: no se puede proteger integralmente al niño sin fortalecer a la familia que lo forma. La familia es la primera escuela y debe ser uno de los principales intereses del Estado.

Allí se aprende a respetar y resolver conflictos. Pero también puede aprenderse lo contrario. Si un niño crece entendiendo que la violencia es una forma normal de resolver problemas, que quien tiene más fuerza impone su voluntad o que el dinero es la principal medida del éxito, sin importar cómo se obtiene, estamos construyendo condiciones de vulnerabilidad.

UNICEF ha documentado una elevada exposición de niños a métodos violentos de disciplina. Eso debería obligarnos a pensar: ¿Cómo pretendemos construir una sociedad menos violenta mientras seguimos utilizando la violencia como método de formación?

Nuestros niños reciben miles de mensajes antes de alcanzar la adolescencia: riqueza, consumo, fama, exhibición y poder. No hay nada malo en aspirar al éxito económico. El problema aparece cuando desaparece la pregunta fundamental: ¿Cómo se consiguió?

¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Que importa tener dinero sin importar cómo se obtiene? ¿Que la fama puede sustituir los valores?

Las redes sociales no son responsables por sí mismas de la violencia. Pero son hoy un espacio decisivo de formación y socialización. No podemos dejar la educación de nuestros hijos en manos del algoritmo ni bajo la conducción de quienes, convertidos en tendencias, terminan definiendo modelos de conducta, éxito y reconocimiento.

Mientras hablamos de desarrollo, deberíamos preguntarnos qué sociedad estamos construyendo. El desarrollo tiene que producir bienestar, oportunidades y seguridad. Una sociedad puede crecer económicamente y acumular una deuda social que comprometa aquello que hace posible el desarrollo: la convivencia pacífica.

El costo de la modernidad no puede conducirnos a la inviabilidad social ni a la desaparición progresiva de la paz y la seguridad.

¿Cuál es nuestra cuota de responsabilidad? ¿En qué hemos contribuido a que esto ocurra? ¿Qué hemos hecho para evitarlo?

Son preguntas que debe hacerse el padre, el maestro, el sacerdote, el legislador, el juez, el fiscal, los líderes políticos y, en general, quienes ejercen responsabilidades de dirección en la sociedad y en el Estado.

Porque si hemos llegado hasta aquí, no basta con preguntarnos quién cometió el último delito. Tenemos que preguntarnos también qué dejamos de hacer antes de que ese delito ocurriera.

Y es aquí donde la educación adquiere una dimensión distinta. La educación pública debe ser continua y organizarse en dos dimensiones: una primera tanda, común para todos, dedicada a la formación académica fundamental; y una segunda tanda, de carácter formativo y especializada, orientada según la evaluación, las aptitudes, el interés y la proyección de cada niño.

Arte, deporte, música, ciencia, tecnología, investigación, literatura y cultura pueden abrir espacios para descubrir una vocación y construir un proyecto de vida.

Un niño que encuentra una vocación puede construir su futuro por una vía legítima. Cuando descubre que puede ser reconocido por su talento, esfuerzo y creatividad, abrimos una puerta distinta a la violencia.

Por eso sostengo que la educación integral también es una política de seguridad ciudadana.

Señor Presidente, como cabeza del Gobierno, tiene usted la oportunidad de dejar una impronta. Disponga a tiempo una nueva línea de formación en la escuela pública que responda a esta necesidad.

No se trata simplemente de aumentar horas de clases. Se trata de formar seres humanos.

Pero tampoco basta con educar. Quien delinque debe responder ante la justicia. Las organizaciones criminales deben ser perseguidas, las armas ilegales retiradas y las víctimas protegidas. La Policía y el Ministerio Público deben ser el escudo de la seguridad ciudadana y actuar con eficacia, profesionalidad, transparencia y honestidad.

La sanción mira hacia el hecho cometido. La prevención mira hacia el hecho que todavía podemos evitar.

Necesitamos las dos: la prevención no sustituye la sanción, pero la sanción tampoco puede sustituir la prevención.

¿Cuántos niños podemos formar hoy para que mañana no tengamos que perseguirlos?

José Miguel Vásquez García

Abogado

Egresado como Doctor en derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Autor del libro de derecho “MANUAL SOBRE LAS ACTAS Y ACCIONES DEL ESTADO CIVIL”. Especialista en materia electoral y derecho migratorio Maestría en derecho civil y procesal civil Maestría en Relaciones Internacionales Maestría en estudios electorales Cursando el Doctorado en la Universidad del País Vasco: Sociedad Democracia Estado y Derecho. Coordinador de maestría de Derecho Migratorio y Consular en la UASD Maestro de grado actualmente en la UASD Ex consultor Jurídico de la Junta Central Electoral 2002-2007 Abogado de ejercicio. Delegado político nacional del PRD 2012-2020

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