La última trinchera

La República Dominicana se encuentra hoy en un umbral crítico, un momento de la verdad donde la percepción de avance institucional choca de frente con la realidad de un sistema que, en sus cimientos, parece haber sido diseñado para la extracción y no para el servicio.

A finales de 2025, el país no solo observa indicadores macroeconómicos preocupantes; observa el descaro. La corrupción en nuestra media isla no puede seguir siendo analizada como una serie de eventos fortuitos o fallas morales de individuos aislados. Es, por el contrario, un problema de diseño sistémico.

Estamos ante lo que los politólogos llaman "captura del Estado". Este fenómeno se manifiesta cuando el sistema político deja de responder al mandato democrático para convertirse en un apéndice de un sistema de poder económico superior. En esta dinámica, las instituciones no son fallidas por accidente; operan exactamente como fueron configuradas: para garantizar la impunidad de las élites y facilitar la transferencia de recursos públicos hacia sectores privados bajo un manto de legalidad técnica.

Nada ilustra mejor esta anatomía de la depredación que el desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), judicializado bajo la denominación de "Operación Cobra" a finales de este año. Este no es un escándalo más; es el caso más siniestro de corrupción administrativa en nuestra historia reciente porque se materializó contra la población más vulnerable: los pacientes con enfermedades catastróficas.

No podemos permitir que el dinero de la vida siga siendo el botín de una coalición depredadora. Es hora de arrebatar el control del Estado de las garras de quienes lo han secuestrado.

La red infiltrada en SeNaSa, liderada por su exdirector, el Dr. Santiago Hazim, operó una estructura paralela que robó aproximadamente RD$ 15,921 millones. La crueldad técnica del fraude hiela la sangre: se falsificaron facturas por quimioterapias y radioterapias que nunca se realizaron, incluso a nombre de personas que ya habían fallecido. Hubo pacientes renales sometidos a cateterismos innecesarios solo para justificar cobros, poniendo en riesgo sus vidas por puro afán de lucro.

Este horror ocurrió a pesar de que la SISALRIL había alertado sobre retrasos de pagos masivos desde finales de 2024, bajo la tutela estatal de un presidente que durante cinco años no se percató de nada de estas anomalías. ¿Cómo se puede tratar —siquiera— de justificar este caso de TDAP, Trastorno por Déficit de Atención Presidencial (TDAP)? Fácilmente: Las autoridades miraron hacia otro lado. Esa "ceguera" es el sello distintivo de un Estado capturado, donde los mecanismos de control interno y auditoría son neutralizados por el tráfico de influencias.

Un manifiesto para el blindaje

Frente a este secuestro de la voluntad pública, presento un "Manifiesto para el blindaje institucional". No es una carta de deseos, sino una reingeniería técnica del poder judicial, financiero y administrativo. Tengo la propuesta completa del manifiesto en un documento PDF de 16 páginas que, por su extensión, no es posible publicar íntegramente en este espacio. Sin embargo, estoy dispuesto a enviárselo a todo aquel ciudadano y organización que desee emprender la lucha por lo que aquí propongo.

El blindaje se sostiene sobre tres pilares urgentes:

1. La querella popular

En un Estado donde el Ministerio Público sigue siendo vulnerable a presiones políticas, el ciudadano debe recuperar su derecho a perseguir a quienes roban el patrimonio común. El Artículo 85 del Código Procesal Penal es nuestra trinchera jurídica: establece que cualquier persona puede querellarse contra funcionarios que cometan hechos punibles.

A pesar de que el Tribunal Constitucional restauró este derecho en 2019, la aplicación sigue enfrentando obstáculos. Propongo un estatuto de protección irrestricta al querellante, la eliminación de la "fianza de calumnia" utilizada por los corruptos para intimidar a los denunciantes y que el Estado garantice representación técnica gratuita para estas causas, financiada con los mismos fondos recuperados de la corrupción. Si el Estado es de todos, el derecho a someter al administrador infiel es inalienable.

2. Cerco penal a los facilitadores privados

La gran corrupción es imposible sin la complicidad del sector privado. El dinero de SeNaSa no se evaporó; se convirtió en torres de lujo, relojes Rolex de $83,000 dólares y vehículos de alta gama.

La Ley 155-17 contra el Lavado de Activos ya existe, pero opera con una "negligencia calculada". Debemos establecer una imputación penal objetiva para los oficiales de cumplimiento y directivos bancarios que omitan reportar transacciones sospechosas de figuras políticas. Asimismo, propongo la "muerte civil" —cancelación definitiva de exequátur y prisión— para abogados y notarios que diseñen estructuras para ocultar el robo de fondos públicos. El riesgo de lavar dinero de la salud de los pobres debe ser tan alto que ningún profesional se atreva a tocar un peso del erario.

3. Veeduría ciudadana con poder de veto

La transparencia actual es cosmética. Publicar una licitación en un portal no sirve de nada si el pliego está amañado. Con la entrada en vigor de la Ley 47-25 en 2026, propongo que las Comisiones de Veeduría tengan Veto Suspensivo Vinculante. Si una comisión detecta irregularidades, el proceso debe detenerse automáticamente. Ningún pago en el sistema SIGEF debería autorizarse sin el sello de conformidad de la veeduría ciudadana. La veeduría debe dejar de ser un grupo de observadores bien intencionados para convertirse en el freno de emergencia del aparato estatal.

Este horror ocurrió a pesar de que la SISALRIL había alertado sobre retrasos de pagos masivos desde finales de 2024, bajo la tutela estatal de un presidente que durante cinco años no se percató de nada de estas anomalías.

El abismo del 2025

La urgencia de este blindaje no es teórica; es una emergencia nacional. Cerramos el 2025 con una economía desacelerada, creciendo apenas un 2.2% frente al 5% proyectado. El sector de la construcción está en recesión y la inflación de alimentos golpea el 8.13%, alimentando una irritación social peligrosa.

Hoy, solo el 35% de los dominicanos está satisfecho con la democracia y la confianza en los partidos tradicionales ha caído al 17%. Cuando un pueblo ve que el precio de su comida sube mientras se roban RD$16,000 millones de su seguro médico, el sentimiento de injusticia se convierte en un catalizador de violencia.

Históricamente, hemos presumido de una estabilidad envidiable en la región, pero esa estabilidad es frágil si se basa en el silencio y no en la justicia. Si no adoptamos estas medidas, corremos el riesgo de un colapso de gobernabilidad en el corto plazo. El descontento podría traducirse en protestas masivas que superen cualquier antecedente, abriendo la puerta a populismos autoritarios que prometan orden a cambio de nuestras libertades.

La elección es simple y brutal: el blindaje institucional o el caos. No podemos permitir que el dinero de la vida siga siendo el botín de una coalición depredadora. Es hora de arrebatar el control del Estado de las garras de quienes lo han secuestrado.

¿Estás listo para emprender esta lucha? Si desea analizar la propuesta técnica completa, contácteme para recibir el documento de 16 páginas. No es tiempo de silencios cómplices. Es tiempo de blindar la República.