La celebración en Cap Cana del Diálogo Regional del World Governments Summit, con la participación de mandatarios, representantes de organismos internacionales y líderes empresariales, constituye una expresión de esa aspiración.

Su agenda contempla 35 sesiones, 15 encuentros de alto nivel y más de 70 ponentes de más de 30 países, para abordar asuntos tan determinantes como la geoeconomía, la inversión estratégica, el turismo, la conectividad, la integración regional y el futuro de los gobiernos, brindando la oportunidad de proyectar al país como punto de articulación entre América Latina, el Caribe y otras regiones del mundo.

Nuestra ubicación geográfica y el desarrollo alcanzado en determinadas actividades económicas ofrecen condiciones para ampliar las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación. Sin embargo, el valor de estos encuentros no debe medirse solamente por la cantidad de personalidades que recibimos ni por la visibilidad internacional que alcanzamos, sino por nuestra capacidad para convertir las conversaciones en iniciativas y las oportunidades en resultados.

En ese sentido, entre el país que aspiramos a ser y el que realmente somos existe una tarea que no podemos postergar: fortalecer las capacidades institucionales, económicas y sociales que permitan aprovechar las oportunidades que se presentan.

La proyección internacional adquiere verdadero significado cuando encuentra correspondencia en la realidad interna. El liderazgo no se construye únicamente convocando al mundo, sino demostrando que contamos con instituciones confiables y condiciones para sostener el desarrollo.

Un ejemplo de los avances que merecen reconocimiento es el resultado alcanzado en el informe de Naciones Unidas sobre gobierno electrónico de 2026. La República Dominicana ocupa la posición 79 a nivel mundial, con una puntuación de 0.7612, e ingresó por primera vez en la categoría de desarrollo de gobierno digital «Muy Alto».  Es un logro importante.

El verdadero alcance no debe limitarse a la posición que ocupamos en un índice internacional, debe expresarse en servicios públicos más accesibles, reducción de trámites, transparencia y eficiencia administrativa.

La tecnología debe acercar el Estado a la gente y facilitar el ejercicio de sus derechos. Digitalizar los procedimientos sin transformar la gestión pública equivale a modernizar la maquinaria sin preparar al personal para operarla.

Una reflexión semejante surge al examinar nuestra actividad turística. El anuncio de una estrategia de sostenibilidad para los próximos diez años, que va de manos con Naciones Unidas y la participación del sector privado, evento que representa una gran oportunidad para avanzar hacia un modelo que vaya más allá del aumento de visitantes, habitaciones e inversiones.

El turismo debe crecer, pero también generar empleos dignos, proteger el medioambiente y procurar que las comunidades reciban parte de los beneficios que produce esta actividad. Su éxito no debe medirse únicamente por su rentabilidad, sino también por su contribución al desarrollo de los territorios donde se desarrolla.

Los avances económicos e institucionales no deben distraernos de problemas sociales que todavía requieren atención. La encuesta ENHOGAR-MICS 2025, presentada por la Oficina Nacional de Estadística y UNICEF, indica que el trabajo infantil aumentó del 3.8 % en 2019 al 4.6 % en 2025, entre niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años. Es una cifra que merece atención, porque detrás de ella hay menores que realizan actividades laborales a edades en las que deberían estar dedicados a su educación y desarrollo.

Esta situación obliga a examinar las condiciones económicas de muchas familias que padecen las dificultades de lograr la permanencia de los niños en las escuelas, en medio de instituciones incapaces de prevenir el trabajo infantil.

No podemos hablar de competitividad, formación del capital humano y desarrollo futuro sin atender primero las condiciones en que crecen nuestros niños. La modernización del país también debe medirse por su capacidad para protegerlos y garantizarles oportunidades.

La gente espera empleos dignos, salarios suficientes, educación, salud, seguridad, vivienda y oportunidades reales de progreso. No son demandas ajenas a la modernización ni obstáculos para la competitividad; constituyen el fundamento social que debe dar sentido a las iniciativas de desarrollo.

Las aspiraciones de la gente deben ser parte de la agenda económica. El crecimiento económico necesita traducirse en bienestar; la modernización institucional en mejores servicios; y la inversión, en oportunidades que alcancen a las comunidades.

La fortaleza de las instituciones, la competitividad de la economía y la cohesión social no son propósitos separados: se necesitan mutuamente y deben avanzar como partes de un mismo proyecto nacional. El equilibrio entre estas dimensiones es lo que permite que los avances económicos se conviertan en progreso sostenible y que la modernización deje de ser una aspiración para convertirse en una experiencia tangible..

La República Dominicana tiene razones para aspirar a una mayor presencia internacional y fortalecer su liderazgo regional. Pero ese propósito exige continuidad, planificación y coherencia. Las cumbres terminan, las delegaciones regresan a sus países y las declaraciones quedan registradas. Lo verdaderamente importante es lo que permanece: los acuerdos que se ejecutan, las instituciones que se fortalecen, las inversiones que generan valor y las oportunidades que llegan a la población.

Entre lo ideal y lo real no debe existir una distancia que nos condene a vivir de expectativas. Debe existir una ruta de transformación que nos permita avanzar desde nuestras capacidades actuales hacia el país que aspiramos a construir.

La verdadera medida del liderazgo internacional no está solamente en la capacidad de recibir al mundo, sino en la fortaleza de las instituciones, la confianza de los ciudadanos y las condiciones de vida que somos capaces de ofrecerles.

Porque la República Dominicana que queremos proyectar hacia el exterior debe ser, ante todo, una República Dominicana en la que sus propios ciudadanos puedan reconocerse, encontrar oportunidades y sentir que el desarrollo también les pertenece.

José Miguel Vásquez García

Abogado

Egresado como Doctor en derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Autor del libro de derecho “MANUAL SOBRE LAS ACTAS Y ACCIONES DEL ESTADO CIVIL”. Especialista en materia electoral y derecho migratorio Maestría en derecho civil y procesal civil Maestría en Relaciones Internacionales Maestría en estudios electorales Cursando el Doctorado en la Universidad del País Vasco: Sociedad Democracia Estado y Derecho. Coordinador de maestría de Derecho Migratorio y Consular en la UASD Maestro de grado actualmente en la UASD Ex consultor Jurídico de la Junta Central Electoral 2002-2007 Abogado de ejercicio. Delegado político nacional del PRD 2012-2020

Ver más