Hay que reconocer que fue acertada la selección por el Senado de la Junta Central Electoral (JCE) presidida por Román Jáquez Liranzo, quien venía de presidir el Tribunal Superior Electoral (TSE) desde el año 2017, tanto la efectuada en el año 2020 como la del año 2024, en la que fueron ratificados el presidente y otros 3 miembros y elegida como nueva titular una de las anteriores suplentes, lo que ha conferido confianza y credibilidad a dicho organismo luego de periodos de debilidad institucional, de autoritarismo e injerencia partidista en su seno, y de un triste final de la Junta encabezada y compuesta por algunos miembros de la sociedad civil por la fallida implementación del voto automatizado que el gobierno de turno quiso imponer sin medir las consecuencias.
De igual forma, es justo reconocer que el Tribunal Superior Electoral (TSE) seleccionado por el Consejo Nacional de la Magistratura en el año 2021, presidido por Ignacio Pascual Camacho, quien acaba de ser ratificado junto a dos de sus miembros y se ha reintegrado a una de sus anteriores magistradas de la gestión de Jaquez Liranzo, ha ganado respeto y credibilidad, razón por la cual esta selección no ha suscitado críticas e inconformidades fundadas, sino más bien una aceptación generalizada.
El contar con una JCE y un TSE compuesto por miembros capaces, responsables e independientes, dispuestos a aplicar la ley sin injerencias de los partidos políticos a los que están llamados a regular, en el caso de la Junta, y a conocer de sus reclamos en el del TSE, es un logro muy importante que debemos valorar y cuidar, sobre todo porque todavía está muy reciente la época en la que ese Tribunal mediante cuestionadas sentencias incidió en el mantenimiento de la crisis en el entonces gran partido PRD, hasta que luego de expulsiones de algunos de sus líderes y de una carrera de fallos desfavorables a partir del 2012, la facción que adversaba al presidente de ese partido decidió crear en el 2014 el PRM, partido en el gobierno desde el año 2020; así como también el momento en el que como consecuencia del dictamen de una sentencia en el año 2019 que anulaba una convención del PRD que prolongó el mandato de su presidente, se profirieron amenazas de sometimiento a juicio político contra el entonces presidente del TSE Román Jáquez, y se generó el indelicado incidente del retiro de su escolta, que ante el escándalo público suscitado fue justificado como un cambio rutinario.
No se trata de la primera intimación que hace la Junta a un partido en este año, pues el PRM fue también intimado en el pasado mes de agosto, debido a que esta consideró que algunos de sus dirigentes habrían incurrido en campaña política fuera de los plazos establecidos.
Es importante recordar todo esto ante la reacción del partido Fuerza del Pueblo respecto de la intimación recibida por parte de la JCE en relación con la denominada “Marcha del Pueblo” convocada por este el pasado domingo en protesta contra “el alto costo de la vida, el deterioro de los servicios públicos y la inseguridad que afecta a las familias dominicanas”, por considerar la JCE que los elementos empleados en su conjunto "podrían configurar actos de naturaleza político-partidaria que excederían el ejercicio neutro del derecho de protesta social", habiendo respondido dicho partido solicitando a la JCE “rectificar la intimación”, recomendándole “tener el cuidado de no colocarse del lado incorrecto de la historia”. Cabe destacar que no se trata de la primera intimación que hace la Junta a un partido en este año, pues el PRM fue también intimado en el pasado mes de agosto, debido a que esta consideró que algunos de sus dirigentes habrían incurrido en campaña política fuera de los plazos establecidos.
Fue acertada la selección por el Senado de la Junta Central Electoral (JCE) presidida por Román Jáquez Liranzo, quien venía de presidir el Tribunal Superior Electoral (TSE) desde el año 2017
Por más que aleguen los militantes de la Fuerza del Pueblo que la marcha no fue un acto proselitista, lo cierto es que las características del evento, aunque se cuidaran de no exhibir carteles propagandísticos, eran las de un mitin político, y el discurso de cierre del presidente y candidato a la presidencia de la República de dicha organización fue una típica arenga política con expresiones tales como que la marcha era un “plebiscito anticipado” y que esta enviaba un mensaje directo al gobierno para que “recojan sus maletas”.
Conviene al buen desenvolvimiento de la contienda electoral que la JCE ejerza su rol y demuestre fortaleza, la misma que ese partido ha querido y querrá que exhiba contra cualquier actividad similar que se entienda violenta las restricciones legales a las actividades políticas. Por eso lo mejor que pueden hacer los partidos es aceptar que la Junta someta su accionar a la prueba del pato, mediante la cual se deduce que, si parece un pato, nada como un pato y grazna como un pato, entonces probablemente sea un pato.
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