La moralidad dominicana (3)

El choque entre todos los actores sociales que configuraban la sociedad dominicana al ajusticiarse Trujillo abortó las posibilidades de trascender la tiranía y su cultura, su moralidad. Ni el ejército, ni la clase media urbana, ni quienes se consideraban “de primera”, ni la oligarquía, ni una gran parte del clero, ni siquiera los campesinos, encontraban un punto común entre todos o la mayoría para construir un orden social que superara el autoritarismo y la desigualdad que sembró la dictadura por tres décadas.

Ni la Unión Cívica, ni el 14 de Junio, fueron capaces de entender la realidad social dominicana y mucho menos reconocer en el campesinado la fuerza social predominante, salvo Juan Bosch y el PRD. ¡Por eso el triunfo de este en las elecciones del 20 de diciembre del 1962 con cerca de un 60%! La lucidez de Bosch sobre ese tema data de sus cuentos en los años 30 y el prólogo a un libro de Juan Isidro Jimenes Grullón que escribió en los años 40 en La Habana.

El ejercito trujillista, el verdadero heredero del sátrapa masacró a centenares de campesinos en diciembre del 1962 en Palma Sola, aniquiló la democracia naciente al derrocar el gobierno del PRD en septiembre del 1963 y asesinó al liderazgo de los jóvenes clase media que se alzaron en las Manaclas en diciembre de 1963 buscando retornar a la democracia. Era el mismo ejercito que crearon los estadounidenses durante la dictadura militar que nos impusieron entre 1916 y 1924 y que sirvió de plataforma del trujillismo durante 30 años.

Cuando sectores militares rompieron con la fidelidad al trujillismo y se aliaron a sectores políticos progresistas para retornar a la democracia mediante un contragolpe el 24 de abril del 1965, Estados Unidos invadió el país para garantizar la continuidad del trujillismo con Balaguer al mando. El Departamento de Estado de Estados Unidos no respaldó el golpe -me acojo a la tesis de Bernardo Vega- pero reconoció al criminal y corrupto gobierno del Triunvirato luego de Manaclas. En el 1965 los americanos se creyeron su propia mentira del comunismo y favorecieron un régimen autoritario a una democracia para garantizar sus intereses en la República Dominicana.

La imposibilidad de ejecutar una verdadera transición de la tiranía a una sociedad democrática y económicamente justa prolongó la ideología trujillista hasta hacerla substancialmente parte del Estado y penetrar hondo en la conciencia de la mayor parte de los habitantes del país. Se naturalizaron las vilezas del dictador: el racismo, la corrupción, la venalidad frente al crimen, la homofobia, la aporofobia y la denigración de la mujer. El pueblo no importaba, ni su opinión, ni sus votos. Es por esas claves que podemos afirmar que la moralidad dominicana no es cristiana, sino trujillista, hasta el presente.

Un ejemplo actual. La reciente controversia originada por la sentencia del Tribunal Constitucional T-C /1225/25 que establece la naturaleza discriminatoria de los derechos de los homosexuales en los artículos 210 del Código de Justicia de la Policía Nacional y el artículo 260 del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, muestra cuan arraigada está la moral trujillista en el liderazgo social dominicano.

Una de las reglas del padrote que era Trujillo era que quienes no tuvieran suficiente testosterona para matar inocentes y violar una mujer, a imagen y semejanza del déspota, no podían ser militares. Por eso la reacción machista de tantos sectores sociales contra el justo reconocimiento de los derechos de dominicanos y dominicanas al margen de sus preferencias sexuales. No es cristianismo, es trujillismo puro y duro.

El tema de la dignidad de todos los seres humanos sigue sesgado por prejuicios y desprecio contra multitud de actores. Las elites que tienen el poder para explotar, humillar, despreciar, y hasta matar, con tal de preservar sus privilegios, no toleran ningún reclamo de derechos por parte del pueblo.

Viéndolo en perspectiva, costó siglos de lucha reconocer la dignidad humana de la población africana esclavizada. Millones fueron traídos al Caribe como animales y tuvieron que pelear por su libertad hasta lograr una primera República negra en nuestra isla. La igualdad como ciudadanos de los hombres y mujeres costó más de un siglo de lucha de las sufragistas. Los obreros derramaron su sangre para que existieran sistemas laborales cada vez más justos y la sindicalización. Más de quinientos años ha costado que se reconozcan los derechos de la población negra e indígena, de los hombres y mujeres, y de los obreros, iniciando con el Sermón de Montesinos. ¿Costará igual tiempo reconocer la dignidad humana de las personas con opciones sexuales diversas?

Para el Magisterio de la Iglesia, la justa autonomía de la realidad terrena, sobre todo en democracia, es un principio (CV II, GS §36) que aleja a la Iglesia de actitudes teocráticas o de convertirse en un poder fáctico que opera sobre las autoridades públicas escogidas por el pueblo o delegadas por los mismos. En un estado de derecho, todos los ciudadanos tenemos la misma dignidad sin importar género, raza, nivel económico o educativo, preferencia sexual, filiación religiosa o política, etc. Y eso está en sintonía además con las enseñanzas de Francisco y León XIII.

Precisamente este caso, el de la sentencia del Tribunal Constitucional, muestra cómo para gran parte del liderazgo social y político dominicano, ni la Constitución ni la soberanía del pueblo dominicano tienen valor alguno. Que el estado de derecho es una ficción. Que la influencia del trujillismo, donde un hombre era quien decidía el destino de todos, ha pasado a un grupo, a una élite, que establece lo que es bueno o malo, lo que se debe hacer o no se debe hacer. Seguimos sin un régimen democrático. Los derechos de los ciudadanos no existen. Mientras prevalezca la moralidad trujillista y la ideología que le sirve de sustento no tendremos democracia, ni justicia social, ni ciudadanía, ni soberanía.

En lo personal sigo impulsando que los valores del Evangelio se hagan realidad en la sociedad dominicana. Que el Reino de Dios acontezca entre todos los habitantes de nuestro país y de la isla. Que la democracia se haga plena y que cese la pretensión de élites políticas, económicas y sociales de tratar al pueblo como si fuera menor de edad. Que exista justicia social para que florezca la vida de los hombres, las mujeres y las familias.