Hay momentos en que un acontecimiento aparentemente diplomático termina revelando una realidad mucho más profunda.
La expulsión de varios funcionarios de la Embajada de Cuba en República Dominicana, ocurrida en medio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, es uno de esos casos.
La discusión pública ha girado alrededor de una pregunta: ¿por qué el Gobierno dominicano decidió sacar del país a esos funcionarios cubanos?
La respuesta oficial ha sido prudente. Y esa prudencia no debe confundirse con falta de argumentos.
La República Dominicana tiene, conforme al derecho internacional, la facultad de decidir qué diplomáticos extranjeros son aceptables dentro de su territorio.
La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 es extraordinariamente clara al respecto.
La Convención de Viena no obliga a dar explicaciones
El artículo 9 de la Convención de Viena establece que el Estado receptor puede, en cualquier momento y sin tener que explicar su decisión, declarar persona non grata al jefe de una misión diplomática o a cualquier miembro de su personal diplomático.
Es decir: la República Dominicana no está obligada a presentar ante la opinión pública las pruebas, los informes de inteligencia o las razones específicas que llevaron a adoptar una decisión de esa naturaleza.
No es una excepción.
No es una arbitrariedad.
Es una facultad reconocida expresamente por el derecho diplomático internacional.
Y hay algo todavía más importante: declarar persona non grata a determinados funcionarios no significa romper relaciones diplomáticas con el país que los envió.
República Dominicana puede mantener relaciones normales con Cuba y, simultáneamente, exigir que determinados funcionarios cubanos abandonen su territorio.
Por eso resulta equivocada la idea de que expulsar diplomáticos equivale necesariamente a romper relaciones con Cuba.
No es así.
El problema comenzó cuando la diplomacia dejó de ser diplomacia
La verdadera cuestión está en otra parte.
¿Qué estaban haciendo determinados funcionarios cubanos en las instalaciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe?
De acuerdo con investigaciones periodísticas realizadas en República Dominicana, funcionarios vinculados a la misión cubana estuvieron vigilando a los atletas de su propio país para impedir que abandonaran la delegación.
Y aquí aparece una frontera que no puede ignorarse.
Una cosa es que un diplomático atienda a sus compatriotas.
Otra muy distinta es que funcionarios de una embajada actúen como agentes de seguridad encargados de localizar, perseguir y controlar a ciudadanos cubanos que se encuentran legalmente en territorio dominicano.
Eso ya no es diplomacia.
Eso es seguridad de Estado.
Y si además esas operaciones se realizan dentro de instalaciones deportivas dominicanas, el asunto adquiere una dimensión todavía más delicada.
¿Qué perseguían los agentes cubanos?
La respuesta parece estar en los propios acontecimientos.
Varios atletas cubanos decidieron abandonar sus delegaciones y permanecer en República Dominicana.
Para el Gobierno cubano, esas salidas constituyen deserciones.
Para los atletas, pueden representar exactamente lo contrario: la posibilidad de comenzar una nueva vida. Saborear un verdadero aire de libertad.
Y ahí está el verdadero drama.
Un deportista cubano llega a República Dominicana para competir. Se encuentra en un país libre, descubre que puede permanecer legalmente en él y decide no regresar.
¿Qué hace entonces el Estado cubano?
Según las investigaciones publicadas, moviliza funcionarios para vigilar a sus propios atletas y evitar nuevas deserciones.
Se ha informado incluso de personas vinculadas a la seguridad cubana que utilizaron identificaciones o vestimentas destinadas a facilitar su desplazamiento dentro de las instalaciones deportivas.
En determinados momentos, las autoridades dominicanas tuvieron que reforzar el control de acceso y revisar acreditaciones.
Si esos hechos se confirman en su totalidad, estaríamos ante algo mucho más grave que una simple disputa entre diplomáticos.
Estaríamos ante funcionarios extranjeros realizando labores de inteligencia y seguridad dentro de territorio dominicano.
La pregunta que nadie puede esquivar
Hay una pregunta que debería hacerse con absoluta claridad:
¿Por qué un Estado necesita perseguir a sus propios atletas cuando estos se encuentran fuera de su territorio?
La respuesta está íntimamente relacionada con la realidad política y social cubana.
Durante décadas, el Estado cubano ha ejercido un fuerte control sobre la movilidad de sus ciudadanos y, particularmente, sobre quienes salen del país en delegaciones oficiales.
Los atletas no viajan simplemente como deportistas.
En muchos casos viajan acompañados y supervisados por funcionarios cuya responsabilidad incluye asegurarse de que regresen a Cuba.
El fenómeno de las deserciones deportivas cubanas no es nuevo.
Lo que resulta extraordinario es que una operación destinada a impedirlas haya terminado desarrollándose en suelo dominicano.
No son prisioneros en sentido jurídico, pero…
Decir que los cubanos son "presos en su propio país" puede parecer una expresión demasiado fuerte si se interpreta literalmente.
Pero resulta difícil ignorar la realidad de un sistema en el cual salir del país, regresar o permanecer en el extranjero ha estado durante décadas sometido a controles estatales mucho más severos que los existentes en la mayoría de las democracias.
Y cuando un atleta aprovecha una competencia internacional para no regresar, la pregunta inevitable es:
¿Está escapando de una competencia deportiva o está escapando de un sistema?
La historia de los últimos años ofrece demasiados ejemplos para considerar estos casos simples accidentes.
En Santo Domingo, varios atletas cubanos tomaron la decisión de quedarse.
Y esa decisión tiene un enorme significado humano.
La versión de Washington
Como suele ocurrir cada vez que Cuba enfrenta un conflicto internacional, apareció rápidamente otra explicación: Estados Unidos está detrás de todo.
La tesis sostiene que Washington habría presionado al Gobierno dominicano para expulsar a los funcionarios cubanos.
Es una versión políticamente conveniente para La Habana.
Pero una cosa es formular una hipótesis y otra demostrarla.
Hasta ahora no se ha presentado públicamente una prueba convincente de que Estados Unidos haya ordenado o provocado la decisión dominicana.
Por el contrario, existe una explicación mucho más sencilla y directa: los organismos de seguridad dominicanos detectaron actividades que consideraron incompatibles con la presencia de funcionarios cubanos en el país.
Y actuaron.
No hace falta buscar siempre una mano extranjera detrás de una decisión que puede explicarse por la defensa de la propia soberanía.
Como es costumbre de la dictadura cubana, achacan todos los males de Cuba al imperio.
República Dominicana no necesita permiso para defender su territorio
Hay algo que debe quedar absolutamente claro.
La República Dominicana es un Estado soberano.
Los funcionarios extranjeros que ingresan al territorio dominicano lo hacen bajo las reglas establecidas por el derecho internacional y por las leyes dominicanas.
La inmunidad diplomática no significa inmunidad absoluta frente a las consecuencias políticas de una conducta que el Estado receptor considere incompatible con la condición diplomática.
La Convención de Viena protege a los diplomáticos para que puedan ejercer sus funciones.
Pero también establece obligaciones.
El artículo 41 dispone que quienes disfrutan de privilegios e inmunidades tienen el deber de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor y de no inmiscuirse en sus asuntos internos.
La inmunidad no es una licencia para operar.
La diplomacia no puede convertirse en espionaje.
Y una embajada no puede transformarse en una extensión territorial de los servicios de seguridad del Estado que representa.
Lo ocurrido en Santo Domingo tiene otra dimensión
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe debían ser una fiesta deportiva.
Un espacio para competir.
Un espacio para convivir.
Un espacio para demostrar que nuestros pueblos pueden encontrarse en paz aun cuando sus gobiernos tengan diferencias políticas.
Pero los acontecimientos terminaron mostrando algo mucho más profundo.
Mientras los atletas competían por medallas, algunos funcionarios estaban preocupados por otra competencia: impedir que los atletas cubanos abandonaran la delegación.
Y eso debería hacernos reflexionar.
Porque un atleta que abandona una delegación no está necesariamente traicionando a su país.
Puede estar buscando su libertad.
Puede estar buscando mejores oportunidades.
Puede estar buscando simplemente una vida diferente.
No es una guerra contra Cuba
También debemos ser justos.
La decisión dominicana no debe interpretarse como una agresión contra el pueblo cubano.
Los dominicanos no tenemos ninguna razón para sentir hostilidad hacia los cubanos.
Todo lo contrario.
Dominicanos y cubanos compartimos una historia, una cultura, una lengua, una música, una sensibilidad y una larga tradición de solidaridad.
Precisamente por eso debemos distinguir entre Cuba como pueblo y el Gobierno cubano como Estado.
Una cosa son los cubanos que viven en la isla.
Otra cosa son los funcionarios que representan al Gobierno cubano.
Y otra muy distinta son los agentes de seguridad que puedan haber sido enviados al extranjero para impedir que sus propios ciudadanos ejerzan una decisión personal.
La diplomacia exige respeto
La verdadera diplomacia no consiste solamente en vestir traje, portar una acreditación y entrar en una embajada.
La diplomacia exige respeto.
Respeto por el país que recibe.
Respeto por sus leyes.
Respeto por su soberanía.
Y, sobre todo, respeto por los límites que separan la representación diplomática de las operaciones de seguridad.
Si un diplomático deja de comportarse como diplomático y comienza a actuar como agente de inteligencia o de seguridad, el Estado receptor tiene todo el derecho de preguntarse si esa persona debe continuar desempeñando funciones diplomáticas en su territorio.
Y la Convención de Viena ofrece precisamente el mecanismo para responder esa pregunta.
La pregunta final
Quizás, sin embargo, la pregunta más importante no sea por qué República Dominicana expulsó a los funcionarios cubanos.
La pregunta verdaderamente importante es:
¿Por qué esos funcionarios tenían que perseguir a los atletas cubanos para impedir que permanecieran en República Dominicana?
¿Por qué un joven deportista que ha llegado a otro país debe ser vigilado para asegurarse de que regrese?
¿Por qué necesita un Estado enviar agentes para impedir que sus propios ciudadanos decidan dónde quieren vivir?
Y, sobre todo:
¿qué clase de libertad es aquella que necesita ser vigilada para impedir que alguien escape de ella?
Santo Domingo no expulsó a Cuba.
No expulsó al pueblo cubano.
No rompió necesariamente sus relaciones diplomáticas con La Habana.
Simplemente ejerció una facultad que la Convención de Viena reconoce a todo Estado soberano: decidir quién puede seguir desempeñando funciones diplomáticas dentro de su territorio.
Si los hechos conocidos se confirman, la lección es contundente:
la República Dominicana no expulsó a unos diplomáticos porque fueran cubanos; los expulsó porque su comportamiento dejó de parecer diplomático.
Y cuando la diplomacia deja de ser diplomacia, deja también de merecer la protección política que la hace posible.
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