La condena antes de la sentencia (3 de 3)

La indignación contra la corrupción que marcó el ciclo electoral de 2020 tenía fundamentos reales. Pero aquella causa ciudadana fue incorporada a una narrativa política que presentó el cambio de gobierno como restauración moral, al poder desplazado como encarnación de la corrupción y, más tarde, la acusación judicial como confirmación anticipada de culpabilidad.

Después de la victoria, los procesos contra exfuncionarios, militares, empresarios y asesores comenzaron a operar también como prolongación del triunfo político y confirmación retrospectiva de aquel relato. Con independencia de sus desenlaces, el castigo político y reputacional empezó antes del juicio. Así, en nombre de combatir la corrupción, la lucha contra ella comenzó a desnaturalizarse.

Antes de cerrar esta serie, conviene dejarlo establecido sin equívocos: nada de lo aquí sostenido pretende justificar, relativizar ni encubrir actos de corrupción administrativa cometidos por funcionarios de gobiernos pasados o del presente, incluidos los vinculados a las administraciones del PLD. Apropiarse, distraer o negociar en beneficio propio con recursos de la sociedad es indefendible y debe investigarse y sancionarse con todo el rigor de la ley. El que la hace, que la pague.

Tampoco se procura echarle agua al vino de la lucha contra la corrupción. Su ejercicio auténtico es uno de los grandes activos morales de la conciencia social, y quienes la enarbolan con independencia, coherencia y apego a la verdad merecen la más alta consideración. Precisamente por respeto a esa causa, hay que preservarla de la propaganda, la selectividad, el espectáculo y la utilización partidaria. Exigir pruebas, debido proceso y respeto a la presunción de inocencia no es defender la corrupción, sino impedir que se corrompan también la justicia y la lucha contra ella.

1. 2020: la apropiación moral del cambio

El triunfo electoral de 2020 no obedeció a una sola causa. Confluyeron el desgaste de un partido que había gobernado durante años, sus divisiones internas, la demanda de alternancia, las denuncias y escándalos de corrupción acumulados bajo gobiernos del PLD, y el deseo de renovación. Pero la lucha contra la corrupción aportó una fuerza singular: revistió el cambio de superioridad moral.

La indignación acumulada por Odebrecht, la impunidad percibida y las movilizaciones de la Marcha Verde habían convertido la corrupción en una de las grandes heridas de la conciencia pública. Aquella protesta no fue una invención partidaria: expresó un malestar auténtico, reunió a ciudadanos diversos y construyó un valioso patrimonio cívico. Sin embargo, su energía terminó beneficiando directamente a la principal fuerza opositora.

La promesa electoral dejó de limitarse a gobernar mejor. El cambio empezó a presentarse como la oportunidad de restituir la honradez a la vida pública. El poder saliente fue asociado con el abuso, la impunidad y el enriquecimiento; sus adversarios, con la transparencia, la independencia de la justicia y la regeneración institucional. La alternancia adquirió así el sentido de una reparación moral.

En ese tránsito, la causa empezó a instrumentalizarse. La pertenencia al gobierno desplazado operó como categoría de sospecha, mientras el nuevo poder se atribuía la representación de la decencia. La lucha contra la corrupción dejó de ser solo una exigencia de responsabilidades individuales y pasó a sostener una narrativa total: de un lado, quienes habían degradado la República; del otro, quienes venían a rescatarla.

2. La justicia como prolongación del triunfo político

Una vez instalado el nuevo gobierno, la promesa de regeneración debía traducirse en consecuencias. Investigaciones, arrestos y expedientes comenzaron a cumplir una doble función: perseguir posibles delitos y confirmar retrospectivamente el relato que había contribuido al triunfo electoral. Cada actuación parecía demostrar que el poder desplazado había encarnado la degradación denunciada y que el nuevo ciclo representaba su corrección.

No todos los expedientes fueron iguales: algunos resistieron el debate judicial y desembocaron en condenas; otros perdieron fuerza. El problema surge cuando procesos con pruebas, responsabilidades y desenlaces distintos son integrados en una sola narrativa de culpabilidad colectiva.

La espectacularización acentuó esa confusión. Los nombres de las operaciones, las imágenes de los arrestos, los allanamientos, las filtraciones y la exposición de la versión acusatoria instalaron la impresión de que la verdad ya estaba establecida. El expediente entró en la conciencia pública antes de ser sometido al examen contradictorio del tribunal. La acusación dejó de ser una hipótesis por probar y comenzó a funcionar como confirmación de una historia política ya construida.

La sanción pública tampoco se limitó al proceso judicial. Recientemente, la embajadora estadounidense Leah F. Campos afirmó haber percibido intentos de sectores políticos dominicanos de influir para que se retiraran visas por razones políticas. La observación resulta significativa en una sociedad en la que esa cancelación suele recibirse como certificación extrajudicial de culpabilidad.

La diplomática no identificó casos concretos y sería impropio establecer conexiones no demostradas. Pero el debate coincidió con la restitución del visado a Gonzalo Castillo y con el posterior auto de no ha lugar que lo excluyó del caso Calamar por insuficiencia probatoria, decisión posteriormente apelada. La coincidencia no demuestra coordinación ni resuelve el fondo del expediente; sí revela la fragilidad de una sanción reputacional impuesta antes de que los tribunales determinen la consistencia de la acusación.

Así, el triunfo electoral se prolongó en el terreno judicial. La oposición desplazada no solo perdió el gobierno: quedó bajo sospecha moral y penal. Algunos antiguos funcionarios responderán por los hechos que lleguen a probarse; otros verán debilitarse las imputaciones. Para entonces, sin embargo, la narrativa habrá producido ya buena parte de sus efectos.

3. El expediente que triunfa aunque fracase

Un expediente puede fracasar jurídicamente y triunfar políticamente. Puede perder fuerza, quedar parcialmente desmontado o no alcanzar una condena definitiva, pero haber cumplido otra función: destruir reputaciones, neutralizar adversarios y sostener durante años una narrativa de culpabilidad.

La absolución, el archivo o la reducción de una acusación rara vez reciben la misma atención que recibió su presentación inicial. La espectacularidad pertenece al comienzo: el allanamiento, el arresto, las cifras, el nombre de la operación y la descripción pública de una estructura criminal. La rectificación, cuando llega, suele hacerlo tarde y en voz baja. Para entonces, el acusado quizá haya perdido autoridad, relaciones, oportunidades profesionales y toda posibilidad de retornar a la vida pública.

Pero el daño no termina en la persona. Cuando algunos procesos se debilitan, otros se prolongan y la persecución parece selectiva, se erosiona la confianza en la propia causa anticorrupción. La ciudadanía deja de distinguir entre una investigación rigurosa y una operación de rendimiento político: toda acusación puede parecer persecución; toda absolución, impunidad; toda condena, justicia selectiva.

Viene a la memoria la expresión popular: «Ahora sí: ya semos tan probes que ni probes semos». Algo semejante ocurre cuando se corrompe la lucha contra la corrupción. La sociedad queda tan desconfiada y desvalida que ni siquiera uno de sus principales instrumentos de saneamiento conserva intacta su legitimidad. Ni están todos los que son, ni son todos los que están; y cuando el escarnio, la selectividad o la conveniencia partidaria pesan más que la verdad de cada caso, la lucha reproduce deformaciones que pretendía combatir.

Epílogo

La salida no consiste en debilitar la lucha contra la corrupción ni en convertir la presunción de inocencia en refugio de culpables. Consiste en rescatar esa causa de la propaganda, la selectividad y la instrumentalización política. La corrupción debe investigarse con rigor y sancionarse cuando haya sido probada; pero acusar no es condenar, y el proceso no puede convertirse en espectáculo ni en castigo.

Investigar sin encubrir, acusar sin prejuzgar y condenar únicamente cuando las pruebas hayan vencido la presunción de inocencia. Solo así podrán preservarse la justicia, la dignidad de las personas y la autoridad moral de una causa que la sociedad no puede darse el lujo de perder.

Cuando la condena entra antes del juicio, la justicia se tira por la ventana.