La aniquilación del MESCYT

La propuesta de fusión de los ministerios de Educación y Educación Superior Ciencia y Tecnología, dada a conocer por el presidente de la República, Luis Abinader, en septiembre del año pasado, más que una unión entre ministerios concluirá en la extinción del MESCYT, de acuerdo al proyecto presentado por el equipo designado para tales fines. En este siniestro proceso de supuesta” fusión” el MINERD mantendrá su existencia, sufriendo cambios ligeros en su composición y una renovación de su ley orgánica, ya hace tiempo anunciada, y, además, necesaria ante los cambios sugeridos.

Esta resulta una propuesta improcedente ya que sus efectos para la educación en general, y la superior en particular, serán desastrosos.

Dos instituciones con objetivos diferentes

Si bien el MINERd y el MESCYT son dos instituciones educativas que se rigen por los mismos principios de la pedagogía, en cuanto a los aspectos de enseñanza, administración, asi como supervisión y evaluación, la manera de aplicarlos requieren del conocimiento de las características de los procesos  de formación escolar, por  un  lado, y  de formación profesional, por el otro.

Son dos campos de la educación con objetivos distintos y sus propias particularidades. El MINERD es responsable de dirigir la educación escolar, que tiene como fin formar ciudadanos íntegros, con las competencias requeridas para insertarse de manera independiente en la vida social como futuros ciudadanos. El MESCYT, por su parte, es la responsable de dirigir el sistema de la educación superior, que tiene como fin formar futuros técnicos y profesionales especializados en carreras destinadas a impulsar el desarrollo de la nación. Desde su creación en el 2001 ha venido desarrollando una labor muy fructífera en la organización del sistema de la educación superior en la República Dominicana, fortaleciéndose como institución y enriqueciendo su estructura orgánica para tales fines.

Como el MINERD no podría cumplir satisfactoriamente con la función de dirigir el sistema de la educación superior, conjuntamente con la educación escolar, los comisionados sugieren la creación de un organismo externo al ministerio para que efectúe las labores más complicadas relativas al campo del cuarto nivel. Todo un funesto plan que afectará aún más el proceso de formación escolar y superior, en beneficio de los intereses de sectores económicos privados y políticos.

En lugar de invertir de manera más efectiva los recursos destinados a la educación escolar, fomentando las competencias humanas, afirmando la formación integral del futuro hombre y mujer para su desenvolvimiento en la vida comunitaria, el objetivo supremo del Ejecutivo es el ahorro de 25000 millones de pesos, bajo el supuesto de invertirlos en la propia actividad educativa. Una propuesta descabellada carente de criterio educativo alguno.

Objetivos dentro y fuera del gobierno

Analizando los hechos desde el momento en que el presidente Luis Abinader hizo la propuesta de la fusión, todo parece indicar que la idea viene promoviéndose desde sectores empresariales, que posteriormente fue acogida por el Gobierno. Inmediatamente se da a conocer la idea de la referida unión, el presidente de la Fundación de Economía y Desarrollo (FEyD), Andrés Dauhajre, afirmó que la fundación mencionada le había enviado al BID en el 2017 una sugerencia similar, con la variante de que la fusión fuera, además del MINERD y MESCYT, con el Ministerio de Cultura, con fines de una reingeniería del gasto público.

Un día después de darse a conocer públicamente la Propuesta hecha por el presidente del país con relación al tema que nos ocupa, es decir, el 17 de septiembre del 2024, la Asociación Dominicana de Universidades (ADOU) le proporcionó su respaldo a la misma y se pone  a  la disposición “en aportar en la definición de la nueva estructura”.

Seguidamente se forma una comisión dirigida por el ministro administrativo de la presidencia, el señor Sigmund Freund, que tendría como misión: elaborar y ejecutar un plan para la fusión; crear estructuras, proponer la modificación de normas necesarias, entre otras.

Esta Comisión estuvo compuesta, sobre todo, por los representantes de las cuatro entidades que agrupan a las IES privadas, que por supuesto es la que ha elaborado la propuesta relativa a la nueva ley de educación. Esta “propuesta de anteproyecto de ley”        es la que contiene los cambios estructurales relativos      a la nueva constitución del MINERD, asi como la idea de una entidad fuera del ministerio mencionado.

Extinción del MESCYT y nuevo destino al 4%

Al leer el anteproyecto presentado por la comisión responsable de trabajar el llamado proceso de “fusión”, lo que observamos es un documento lleno de repeticiones, sobre todo cuando se refiere al tema del acceso a la educación y la equidad. Eso parece muy bien intencionado, pero cuando analizamos el grueso del texto propuesto, nos damos cuenta que este énfasis puesto en los aspectos mencionados va de la mano con el interés de las empresas educativas privadas, del nivel superior, en el financiamiento público.

Lo que se interpreta es la relación entre ofrecerle una educación de excelencia a los estudiantes, con la creación de situaciones económicas que favorezcan la entrada de los mismos a esas IES. ¿Pero quienes estarían en condiciones de lograr ese tipo de educación? En sus propuestas de programas de profesionalización estas entidades apuestan a esa meta. Tienen la aspiración de que la nueva ley educativa les asegure financiamientos y becas desde lo público a los jóvenes interesados en hacer una carrera a nivel técnico superior o universitaria. Por esto sugieren múltiples mecanismos para que, a través del Estado, se puedan aportar los gastos de los jóvenes interesados, teniéndose disponible de manera continua una clientela segura al servicio de las mismas.

En el marco del proceso de aniquilación del MESCYT se propone en el Art. 10 del referido anteproyecto la creación de la Agencia Nacional para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación (ANACE), que “será responsable de evaluar y acreditar las instituciones y programas educativos…”. A pesar de que su director debe ser nombrado por el presidente del país, con este organismo el Ministerio de Educación no tendrá el rol de evaluar a las IES. Este proceso tan importante quedaría en manos de una entidad al margen del Ministerio, lo que constituye un peligro al momento de hablar de calidad y coherencia en los procesos de la educación dominicana.

Además, esta idea expresa la inconformidad de los sectores de la educación privada superior con los controles establecidos por el MESCYT. Tal parece, por los hechos analizados, que las instituciones mencionadas desean seguir actuando con mucha más libertad que como hasta ahora lo han hecho. Este tema debe ser meditado por los poderes públicos, considerando que las IES se presentan como asociaciones sin fines de lucro.

Por otra parte, los miembros de la Comisión se cuidan, en su mayoría representantes de las IES privadas, en proponer en la estructura del nuevo Ministerio al Consejo de Educación Superior (CONES), de acuerdo al Art. 104 del referido documento. Este organismo sería responsable de velar por la supervisión del cuarto nivel, y su dirección quedaría bajo el control de estos sectores privados de la educación superior.

De unos 12 miembros las IES privadas tendrían unos 6, es decir, un 50% de los mismos de manera directa, contando con todas las condiciones para controlar de manera segura este organismo. No se contempla, contrario a la Ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología del 2001, representantes de organizaciones docentes, estudiantiles y de empleados.

En la Ley 139-01 Art. 41 se “crea la Asamblea de Rectores y directores de Instituciones de Educación Superior”, es decir, ofrecen espacios para que directores de IES formen parte de su membresía. La UASD cuenta con 4 recintos, 18 centros y 13 subcentros, es decir, unos 35 organismos universitarios regionales distribuidos por todo el país, y que son dirigidos por directores elegidos por el profesorado. En la Propuesta para la nueva ley de educación estos directores quedarían fuera de la asamblea mencionada. Sólo pertenecerán al mismo los Rectores. Esto lo que afirmaría sería el poder de las IES privadas sobre este cuerpo de consulta.

Las asociaciones sin fines de lucro

La Constitución de la República permite la actividad privada, como un proyecto en caminado a desarrollarse y arrojar beneficios. La empresa privada puede ser tan variada como actividades o áreas exista en la sociedad. No escapan a esta inversión las áreas de la salud y educación, funcionando también bajo el principio del lucro. Sin embargo, nuestra Ley Magna establece con claridad que el Estado es responsable de financiar la educación pública, tratando de que se cumpla el principio de la gratuidad y equidad, para romper las barreras que imposibilitan el acceso de toda la población a la misma.

La inversión en centros educativos escolares, de carácter privado, tiene una larga historia en el país, y nadie cuestiona sus cuotas de ganancias. Sabemos que los centros católicos tradicionales en la educación, por su naturaleza, vienen recibiendo hace tiempo ayuda gubernamental.

Pero lo preocupante cuando tratamos el tema de las IES privadas es el referente a la condición “sin fines de lucro” que sus promotores dicen tener. La Ley 122-05 de “Regulación y Fomento de las Asociaciones “sin fines de lucro”, considera que la entidad que reúne esta condición debe desarrollar actividades que tengan como fin el avance de la sociedad, fuera de la aspiración de “obtener beneficios pecuniarios o apreciables en dinero para repartir entre sus asociadas”.

¿Cuáles son las IES privadas que reúnen estas condiciones? Esa es una respuesta que deben ofrecerla las instituciones del Estado responsables de regularlas. Lo más preocupante del caso es que la generalidad de las IES ha surgido como empresas dedicadas a la educación, con altos costos para los estudiantes, al margen del control estatal. Cuando se crea la SEESCYT en el año 2001 ya existen en el país decenas de instituciones de educación superior, y todavía no se tenía una ley que regulara de manera efectiva a las asociaciones sin fines de lucro.

Esto significa que durante muchos años estas empresas actuaron a sus anchas, sin control alguno de sus actividades, sobre todo económicas. Es cuatro años de haberse creado la SEESCyT, en el 2005, cuando se crea la Ley 122-05. Esta legislación faculta a las instituciones públicas que pertenecen a la misma naturaleza de las entidades sin fines de lucro a supervisarlas y evaluarlas; pero la Ley 139-01 en el Art. 31 limitaba la intervención de la SEESCyT a la verificación de registros y archivos, documentos relativos a certificaciones y récord de notas, no a la auditoría del movimiento financiero de las mismas.

Esta jurisprudencia relativa a las “asociaciones sin fines de lucro” constituía una necesidad, ya que las empresas  calificadas como tales venían actuando sin un orden de leyes y normativas, que posibilitaran la supervisión estatal sobre el comportamiento de  las mismas, tal y  como  lo establecería posteriormente la propia Ley al respecto. Al momento de elaborarse este ordenamiento jurídico habían crecido considerablemente en el país  las organizaciones mencionadas, y los recursos que se disponían del Presupuesto Nacional para las mismas ya eran muy elevados.

Esta situación generó la necesidad de “una más eficiente regularización y supervisión”, de acuerdo a como rezan los Considerandos que justifican la creación de la LEY 122-05. Lo que significa que estas corporaciones de educación superior venían actuando con un régimen fiscal sustentado en leyes dispersas.

De esta manera venían funcionando estos centros dedicados a la educación técnico superior y universitaria en el país durante más de 40 años. Se han manejado como proyectos al margen de los controles que todo Estado debe establecer, sobre instituciones que se dedican a la actividad educativa, y sobre todo cuando se consideran “sin fines de lucro”.

En la actualidad no conocemos estudio alguno donde se ponga en claro cuáles IES cumplen con la condición de “asociación sin fines de lucro” y cuáles no. Luego de la Creació de la SEESCyT, en el 2001, se debió realizar un levantamiento en esta dirección para ser más coherente con la Ley 139-01 que plantea la cooperación del Estado sobre las mismas. Esto resulta importante ya que las asociaciones sin fines de lucro se consideran entidades cuyo rol está encaminado al bien público, sin aspiraciones pecuniarias en favor de sus miembros.

En conclusión, lo que interpretamos luego de analizar los hechos relacionado con la propuesta de fusión es que:

1. No habrá fusión entre el MINERD y el MESCYT, sino la liquidación bien pensada del segundo. Em consecuencia, se piensa adicionarle a la estructura del MINERD un nuevo elemento llamado CONES, así como crear otro fuera del Ministerio denominado ANACE, con el fin de que se puedasuplir el vacio que dejaría el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología.
2. Podemos adelantar que los resultados serán infaustos, tanto para la educación escolar como la universitaria. Esto debido a que: si el Ministerio de Educación no ha podido cumplir con los fines de la educación, acorde la Ley 66-97, teniendo a su favor el 4% del PIB, mucho menos podrá cumplir con la tarea de regir el sistema de la educación superior del país, con toda su complejidad. Seremos testigos de un  aumento en la distancia entre las aspiraciones de una formación humana y profesional de calidad  y los resultados concretos.
3. De materializarse este hecho, tal y como se está pensando, beneficiará al gobierno que contará con mucho más recurso disponible, pero sobre todo se concretarán las aspiraciones de los empresarios e inversionistas en la educación superior. Las IES privadas desean funcionar con el menor control estatal posible, tener una clientela segura para sus negocios a costa del financiamiento público, asegurando de esta manera incrementar cada vez más sus ganancias económicas. Menos condiciones tendrá el Estado para hacer aplicar la Ley sobre asociaciones sin fines de lucro.