Ya solo cientos de medicamentos de alto costo consumen el 60% del presupuesto de PROMESE, quedando el 40% para los miles de medicamentos destinados a los hospitales.
Este es el resultado del envejecimiento de la población, de la reducción de las afecciones prevenibles y del aumento de las enfermedades crónicas y degenerativas.
El Programa de Medicamentos de Alto Costo (PMAC) ha logrado avances significativos en el acceso a tratamientos de última generación muy costosos, mejorando la calidad de vida de miles de pacientes. Sin embargo, enfrenta desafíos importantes que requieren soluciones innovadoras y políticas públicas bien diseñadas para garantizar su continuidad y expansión.
Este programa ha permitido que pacientes con enfermedades “raras”, complejas o crónicas accedan a medicamentos de vanguardia que, debido a su alto costo, serían inalcanzables para la gran mayoría, minimizando su impacto financiero en las familias afectadas, tanto pobres como de clase media.
El presupuesto actual del PMAC asciende a 7,500 millones, con un crecimiento significativo en los últimos años debido al aumento de la demanda de tratamientos costosos y a la incorporación de nuevos medicamentos. No obstante, su monto resulta insuficiente para atender a una demanda creciente debido al envejecimiento.
Urge mejorar los sistemas de compras, distribución, prescripción, consumo y seguimiento para evitar desperdicios y garantizar que los medicamentos lleguen de manera oportuna y regular a quienes más los necesitan. La limitación de recursos disponibles impone establecer criterios claros para priorizar cuáles medicamentos se incluyen en el programa.
La creciente demanda de los medicamentos de alto costo obliga a racionalizar su prescripción para extender la cobertura con los recursos disponibles
Los medicamentos de alto costo requieren procesos de investigación, desarrollo y producción complejos y costosos. Suelen ser tratamientos innovadores, que ofrecen soluciones efectivas a enfermedades que antes carecían de opciones terapéuticas y conducían a muertes prematuras.
Son producidas por grandes empresas farmacéuticas que operan en condiciones monopólicas amparadas en patentes de producción y comercialización exclusivas de las nuevas moléculas durante 20 años. Una condición que les permite fijar precios elevados, dificultando su acceso a los pacientes más pobres y vulnerables.
A pesar de los altos costos, estos medicamentos representan un avance científico invaluable controlando enfermedades complejas que antes eran mortales o incapacitantes, permitiendo a los pacientes llevar una vida más larga y de mejor calidad. Por ejemplo, los antirretrovirales transformaron al sida de una enfermedad mortal a una condición manejable.
Uno de los principales desafíos de las autoridades nacionales es equilibrar la innovación científica con la accesibilidad social. Mientras que las compañías farmacéuticas necesitan recuperar su inversión, los gobiernos y las organizaciones de salud deben garantizar que estos tratamientos lleguen a todos los que los necesitan.
En este campo tan delicado existe un serio conflicto. Los grandes laboratorios presionan contra la prescripción de fármacos bioequivalentes de igual calidad (genéricos), producidos en competencia, y por lo tanto, más económicos. En adición, muchos especialistas y las sociedades médicas también los rechazan para no perder los beneficios que reciben de esas grandes corporaciones financieras.
Estas prácticas son tipificadas como poco éticas y fraudulentas ya que les imponen a los pacientes el uso innecesario de fármacos de igual impacto, pero de un costo mucho mayor. Además, porque este costo excesivo limita considerablemente la cobertura social de este programa.
En cambio, las autoridades prefieren el uso de fármacos bioequivalentes más competitivos y económicos, para beneficiar a una mayor cantidad de pacientes en condiciones vulnerables que los necesitan para controlar su situación y sobrevivir. El gran reto consiste en priorizar las necesidades de salud pública de decenas de miles de pacientes vulnerables frente a las presiones económicas y comerciales de la industria farmacéutica y de sus agentes locales.
La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSPT) le ofrece a su director, Dr. Carlos Sánchez, el apoyo necesario a todas las iniciativas orientadas a priorizar el derecho de las familias más pobres y vulnerables a recibir los medicamentos de altos costos que necesitan para sobrevivir y extender sus años de vida, protegidos de una catástrofe financiera.
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